Irrupciones de la memoria: la política expresiva en la transición a la democracia en Chile1

Alexander Wilde



Aun antes de que se detuviera en Londres a Augusto Pinochet, en octubre de 1998, el pasado pesaba sobre la particular transición de Chile a la democracia. Esto se percibió durante el año anterior, en la atención que las transmisiones de radio y televisión, y los artículos publicados en diarios y revistas, dedicaban a la conflictiva historia reciente del país. Desde la vuelta al gobierno democrático, en 1990, los libros sobre la dictadura y el gobierno de la Unidad Popular abundaban en las librerías de Santiago. Al aproximarse el vigésimo quinto aniversario del golpe militar de 1973, la que había sido una corriente continua de publicaciones se convirtió en un torrente de memorias personales y políticas, ensayos extensos, periodismo político y estudios académicos que evocaban la dividida memoria histórica del país.2

La detención de Pinochet y los acontecimientos que la siguieron catalizan este humor nacional. Improbables, sin precedentes, asombrosos de por sí, estos hechos ponen a prueba el elemento que aparecía como inamovible en la “transición pactada” de Chile y rodean de vulnerabilidad a una figura que lleva un gran peso simbólico por haber estado durante una generación en el centro de la vida nacional, vilipendiada o celebrada por distintos sectores de la población, soportada con cierto fatalismo, tal vez, por la mayoría. Al mismo tiempo, sin embargo, todo el episodio trae a la memoria varios otros de magnitud menos asombrosa. En marzo de 1998, Pinochet renunció a su calidad de comandante en jefe del Ejército y ocupó un escaño en el Congreso como senador vitalicio, con lo que trocaba su base militar de poder por la entrada oficial a la clase política del país. El hecho provocó manifestaciones en las calles frente al Congreso y en el interior del propio Senado, donde miembros del Parlamento desplegaron retratos de personajes prominentes asesinados durante la dictadura y protestaron contra la incorporación de Pinochet al Poder Legislativo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1980. En los meses que siguieron la nación presenció el fracaso de un intento de juicio político contra Pinochet y una andanada de manifiestos programáticos que sometieron las políticas del gobierno y su autoridad moral a un acerbo debate público.3

Desde 1990 se han sucedido momentos semejantes en la vida política de Chile. Estas “irrupciones de la memoria” forman parte de un contrapunto de la que podría llamarse la “dimensión expresiva” de la política de transición, que condiciona el carácter de ésta al interrumpir el curso normal de la negociación en torno de presupuestos y políticas públicas. Caracterizado como una “nación de enemigos”,4 Chile permanece asediado por recuerdos divididos de su historia reciente, que comprende la dictadura y la aguda polarización que la precedió, en un lapso que va desde 1967, aproximadamente. Desde entonces, de manera errática pero frecuente, los símbolos de estos recuerdos han tenido expresión pública en acontecimientos tales como ceremonias oficiales, feriados nacionales, publicación de libros, descubrimiento de restos de desaparecidos, el juicio a un personero de la dictadura, que traen a la memoria, tanto de la clase política como de la ciudadanía, aquel pasado que no se olvida.5

“Irrupciones de la memoria”,6 en la acepción que se da a aquel término en este artículo, son hechos públicos que asaltan la conciencia nacional de Chile, espontánea y a veces súbitamente, y evocan asociaciones con símbolos, figuras, causas, estilos de vida, que, en una medida fuera de lo común, se relacionan con un pasado político que todavía está presente en la experiencia vivida de una parte importante de la población. Los hechos que se analizan aquí son “públicos”, en el sentido tanto de que están extensamente cubiertos por los medios de comunicación como de que en ellos participa la autoridad de instituciones públicas y de las élites que las dirigen. Ellos se refieren a una etapa de la historia nacional reciente que se destaca por transcurrir en un marco de recuerdos políticos contrapuestos: los actos de figuras destacadas de la dictadura, la culpabilidad de los políticos en las circunstancias que condujeron al golpe militar; sobre todo, la violación masiva de los derechos humanos fundamentales durante la dictadura. En el curso de dichas “irrupciones”, como la que se produjo con la detención de Pinochet, Chile fue presa de un discurso público profundamente escindido, cruzado por representaciones colectivas del pasado, contradictorias y mutuamente excluyentes. Estos hechos controvertidos se encuentran hoy imbricados en la política: se trata de cuestiones simbólicas, externas a las disposiciones institucionales tan bien analizadas por los politólogos, que todavía mantienen la vida política en estado de suspensión.7

Cuando se la compara con las diversas transiciones a la democracia que ha habido en el mundo contemporáneo, la de Chile se cuenta, con justicia y en opinión de muchos, entre las de mayor éxito. Sus dos primeros gobiernos de centroizquierda con la Concertación (Patricio Aylwin, 1990-1994; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000) mantuvieron la estabilidad política dentro de un marco constitucional, sostuvieron el crecimiento económico con un promedio superior a 6% anual durante ocho años e hicieron uso de políticas públicas para enfrentar el grave déficit social que se acumuló durante el régimen militar. No obstante y pese a sus efectivos logros políticos y económicos, el apoyo de la ciudadanía fue tibio y el cuestionamiento del propio proceso de transición fue cundiendo. En las elecciones parlamentarias de 1997, cifras insólitas de votantes se abstuvieron de votar, emitieron votos nulos o ni siquiera se inscribieron. Una campaña nacional que se realizó con anterioridad, ese mismo año, y cuya meta era la de inscribir a un millón de ciudadanos jóvenes, obtuvo sólo cien mil inscripciones.8

Entre sus irrupciones periódicas a partir de la transición, la vida pública del país ha mostrado cierto tono sordo que refleja la que podría denominarse, con algo de ironía, “conspiración de consenso”, que se originó entre las élites políticas, pero que atraviesa toda la sociedad. Parece que entre la ciudadanía hubiera una aversión generalizada al conflicto declarado, relacionado con niveles bajos de confianza social.9 Los orígenes de este elemento de la cultura contemporánea exigen mayor estudio, pero aparentemente sus raíces son los hábitos formados durante una generación de dictadura y en los recuerdos de aquella época y de la dolorosa polarización que antecedió al golpe de 1973.10 En las élites políticas, particularmente las que componen la Concertación, hay una tendencia perceptible a evitar los golpes y contragolpes del debate público que normalmente se asocia con la política democrática. Los políticos muestran una actitud notablemente defensiva, respecto del carácter parcial de la transición a la democracia (especialmente fuera del país), y susceptible ante críticas de las políticas del gobierno y su desempeño (especialmente dentro del país). Ejercen una política cauta de construcción de un consenso elitista, casi como una suerte de ingeniería política, con escasos canales de participación para la sociedad civil organizada y de expresiones de descontento por parte de los ciudadanos.

En parte, este estilo de gobierno nace, indudablemente, de la necesidad de negociación interna dentro de una coalición gobernante que se compone de tres partidos: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Bajo una perspectiva más distante, los políticos que integran la Concertación han debido emprender una tarea difícil para restablecer su liderazgo nacional en un país que ha cambiado profundamente en muchos aspectos, debido a la política y la experiencia de la larga dictadura.11 Aun cuando en Chile, históricamente, los partidos dominaron la escena política en una medida que tiene escasos precedentes en América Latina, la ausencia de prácticas democráticas y electorales en una generación completa los enfrentó a la necesidad de volver a forjar nuevos lazos con la sociedad una vez pasada la transición. Las dificultades de esta tarea quedan en evidencia en el modo como manejaron las protestas populares en torno de diversos asuntos álgidos, como la salud, la educación, las jubilaciones, el ambiente, en los cuales la dictadura disminuyó la participación directa del estado en favor de soluciones de mercado.

Sin embargo, la tendencia a privilegiar la negociación de élite sobre la interacción más directa con la ciudadanía se manifestó de manera particular en el tratamiento que ha dado la Concertación a aquellos conflictos que recuerdan el pasado reciente, tan dividido en el aspecto político. Dichas irrupciones de la memoria, inevitablemente, han contribuido al desencanto generalizado del país frente a la política de transición: la impresión de que, luego de ocho años de gobierno elegido, la vida política todavía no merece plenamente el apoyo que corresponde a una democracia, de parte de sus ciudadanos y de las élites que dirigen sus instituciones políticas.

Al considerar diversas explicaciones para dicho fenómeno, este artículo pretende iluminar ciertos aspectos de las dimensiones expresivas que tiene la política: aquéllos relativos al estilo que la élite tiene para con sus miembros y frente a la sociedad, a partir de 1990. Se examinarán los esfuerzos de los dos gobiernos de la Concertación por promover la reconciliación social en una población que sigue profundamente dividida respecto del pasado, a través de iniciativas tales como ciertos gestos ceremoniales tempranos, la Comisión de Verdad y Reconciliación y el monumento en recuerdo de las víctimas del régimen de Pinochet. También se analizará una serie de acontecimientos ajenos a la voluntad del gobierno que han irrumpido repetidas veces en la vida nacional, despertando la memoria colectiva. Luego de un lapso inicial de política más expresiva, estos gobiernos abandonaron la iniciativa y reaccionaron esencialmente a las “irrupciones” que se les presentaron. No obstante, aun cuando pusieron en práctica una política de poder con base en la realidad, dando preferencia a las reformas institucionales y a los acuerdos entre élites políticas, no dieron una respuesta apropiada a la necesidad de un entendimiento social compartido de mayor amplitud, con base en la aceptación común de los derechos humanos y del pasado conflictivo del país. A continuación, se verá cómo los líderes nacionales podrían valerse de la autoridad moral para reforzar las instituciones democráticas; es además recomendable que los investigadores vuelvan a analizar la dictadura y el período polarizado de derrumbe democrático que la precedió, como episodios que aún no se han asimilado en las actitudes ciudadanas ni en la práctica de las élites que siguen conformando las cualidades particulares de una democracia contemporánea en transición.



UNA DEMOCRACIA POSIBLE

Los estudiosos de las transiciones democráticas han señalado correctamente el carácter particular de las transiciones “pactadas” después de un gobierno autoritario.12 En dichas transiciones, los dirigentes de la oposición democrática convienen en competir por el poder según los canales institucionales que estableció, a decir verdad, la dictadura; esto significa diversos acuerdos, explícitos o implícitos, con sus propias élites y con sus partidarios, y no sólo entre ellas mismas. Estas transiciones se transan (en los diversos sentidos de la palabra) con el fin de alcanzar la meta principal que comparten los demócratas, esto es, la de poner fin a la dictadura y establecer la mejor democracia posible en las circunstancias imperantes. Como mínimo, lo dicho significa asegurar elecciones libres y demás procedimientos democráticos fundamentales de la “poliarquía”.13

El caso de Chile ejemplifica dicho estilo de transición y se apoya en una tradición recuperable de competencia democrática.14 Sus instituciones democráticas, derrocadas en 1973 por un golpe militar, tenían raíces históricas profundas. En contraste con la mayor parte de América Latina luego de la independencia, Chile, a partir de mediados del siglo XIX, logró instituir elecciones periódicas en las que el poder se disputaba entre políticos partidistas civiles. Pese a la guerra civil de 1891, las instituciones políticas se reconstituyeron en un régimen electoral cuasi parlamentario que al iniciarse el siglo XX permitió la representación cada vez más amplia de los intereses de la clase media y de la clase obrera. Luego de un interludio autoritario (1924-1932), la política se mantuvo estable durante más de treinta años, pero a fines de los años sesenta comenzó a sufrir tensiones cada vez más intensas que condujeron a la polarización, al desorden y al derrumbe con Allende (1970-1973).15 En los primeros años de gobierno, las Fuerzas Armadas reprimieron la oposición sin contemplaciones y Pinochet gobernó arbitrariamente hasta que buscó la legitimación con un referéndum sesgado que se llevó a cabo en 1978 y una constitución autoritaria que se aprobó en 1980. Durante este primer período, las voces de la sociedad civil fueron las de las iglesias y las del movimiento de derechos humanos.16

La oposición civil abierta se manifestó por primera vez casi diez años después de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, como reacción a una grave crisis económica que, en los primeros años de 1980, dejó sin trabajo a una cuarta parte de la fuerza laboral. En 1983-1984 hubo manifestaciones callejeras masivas contra la permanencia de Pinochet en el poder, que condujeron a un Acuerdo Nacional (1985) entre los dirigentes de partidos políticos, con el apoyo de la Iglesia Católica, para reclamar el retorno a la democracia. No obstante, en los años siguientes, la posibilidad de llegar a una transición por medio de la movilización popular, a la manera del Poder del Pueblo contra el dictador filipino Fernando Marcos, se desvaneció. La única opción pacífica viable era la de competir contra el régimen en el plebiscito de 1988, dispuesto en la Constitución de 1980.17 Luego de enfrentar serias dudas acerca de la legitimidad y equidad del procedimiento, la Concertación organizó la inscripción electoral masiva y una campaña de gran éxito que recibió su recompensa en la mayoría absoluta de los que votaron por el “No” a la continuación del régimen de Pinochet.

El plebiscito de octubre de 1988 inició un período de actividad intensa que duró unos 18 meses y dio su forma definitiva al marco institucional pactado que el gobierno de Aylwin heredó en 1990. La Concertación negoció con la dictadura una lista de cincuenta y cuatro modificaciones a la Constitución de 1980 que reducían, en alguna medida, su carácter autoritario. Estos cambios quedaron aprobados por la gran mayoría en un plebiscito nacional celebrado en julio de 1989. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno de Pinochet instituyó medidas que limitaban aún más las perspectivas de cambio democrático e imponían serias trabas a los gobiernos posteriores elegidos. Los llamados “amarres”18 se referían a asegurar la inamovilidad de los empleados públicos, repletar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, consolidar el poder de Pinochet en los diversos estamentos militares (con autoridad directa sobre el Ejército hasta 1998), incorporar a la inteligencia militar, bajo su mando, a los diecinueve mil miembros de la Central Nacional de Información (CNI) o policía secreta y destruir archivos policiales secretos.

En suma, Chile volvió al gobierno democrático con una serie de enclaves autoritarios bien protegidos.19 En un nivel, se trataba de impedimentos constitucionales y legislativos para una democracia más cabal. Además de los amarres ya mencionados, en el Congreso hay nueve “senadores designados” y el sistema electoral determina una representación excesiva de la derecha política, la que asegura una coalición que bloquea la mayoría de las reformas sistémicas.20 En otros niveles, la democracia quedó limitada por valores y mentalidades autoritarias incorporadas en actores políticos influyentes, organizaciones y sectores sociales cuya adhesión a la práctica democrática era, en el mejor de los casos, limitada. Estos actores, sobre todo las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, pero también buena parte del sector empresarial y los medios de comunicación, han ejercido un importante poder de facto para mantener la conspiración de consenso.21

Los numerosos obstáculos a la democratización no han impedido del todo el progreso hacia instituciones más sensibles. En 1997, luego de varios años de insistencia, el gobierno de Frei terminó por lograr la aprobación de una importante reforma judicial. Poco a poco ha tenido efecto en la Corte Suprema, mediante nuevos nombramientos, y esto ha animado a las cortes inferiores a reabrir varios procesos relacionados con los derechos humanos. Mediante su intervención en los ascensos anuales de las Fuerzas Armadas, ambos gobiernos de la Concertación han logrado llevar a retiro a diversos oficiales implicados en violaciones de los derechos humanos. Éstos son adelantos importantes hacia la democratización paulatina de las instituciones fundamentales, cuyos efectos resultarán útiles en el largo plazo. Con todo, no habrían tenido mayor efecto sobre el estilo político de transición ni la amplia conspiración de consenso que liga al país con su pasado autoritario. Los dos primeros gobiernos de la Concertación: el de Aylwin en 1993 y el de Frei en 1995-1996, sufrieron derrotas públicas decepcionantes en sus intentos de obtener la reforma constitucional y de resolver los juicios pendientes sobre violaciones de los derechos humanos, a pesar de haber dado la máxima prioridad a las políticas respectivas. En ambos casos resultó imposible, del punto de vista político, vencer la mayoría de derecha en el Senado y mantener la cohesión interna dentro de la propia coalición de gobierno.22

Ante estos fracasos públicos, la reacción característica (y comprensible) de la Concertación ha sido cambiar de tema. Su postura ha sido la de insistir en el éxito de sus políticas económicas y sociales, y exhortar a la ciudadanía a que mire al futuro. En forma implícita, ha vuelto a una paciente Realpolitik elitista en lugar de sacar provecho de su legitimidad democrática mediante llamados directos al pueblo. Estos políticos han comprendido, demasiado bien quizás, las realidades del poder que ligan la política del país a un pasado autoritario. No obstante, su estilo de liderazgo da a entender que no comprenden del todo que los amarres son también ataduras morales que ligan los sentimientos ciudadanos con sus instituciones políticas nacionales.


Ceremonias, sitios e irrupciones

Desde el comienzo, el gobierno de transición de Patricio Aylwin (1990-1994) demostró un compromiso firme a restituir la legitimidad moral de la democracia23 después de la larga dictadura de Pinochet y, por cierto, de la época conflictiva del gobierno elegido de Allende y la Unidad Popular (1970-1973) que la precedió. Esto reflejaba un fuerte consenso al interior de la propia Concertación, coalición de partidos de izquierda y de centro que hizo de los derechos humanos un elemento central de su programa, pero las medidas que se tomaron con Aylwin fueron un claro reflejo de la personalidad del propio presidente. Desde los primeros días, su gobierno aplicó políticas dirigidas a diversos elementos del legado autoritario de violaciones de los derechos humanos.24 Indemnizó a las víctimas y a sus familias, y conmutó las condenas de los presos políticos por actos contra la dictadura. Quizá más importante resulta el hecho de haber establecido un recuento y un análisis objetivos de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen autoritario, por medio de una selecta Comisión de Verdad y Reconciliación (la Comisión Rettig), cuyo informe en varios tomos fue una proeza extraordinaria, no sólo por su documentación impecable sino también por su amplio análisis histórico e institucional de la época, incluso, en un aspecto importante, los años previos a la dictadura. Con el apoyo resuelto y la autoridad del presidente Aylwin, la Comisión construyó una base inamovible de hechos establecidos acerca de lo ocurrido, como un aporte a la historia nacional de Chile.25

Fuera del contenido o de los propósitos inmediatos de determinadas políticas, Aylwin también se mostró sensible a las dimensiones simbólicas de su papel histórico. Al comienzo de su período presidencial, su gobierno realizó una serie de ceremonias expresivas, deliberadamente dirigidas a restañar las heridas del pasado traumático del país. Éstas comenzaron con la cobertura televisada de la transmisión del mando en el Senado y de una concentración inaugural masiva, al día siguiente, en el Estadio Nacional, conocido lugar de detención donde el gobierno militar hizo “desaparecer” a cientos de presos durante los primeros meses posteriores al golpe militar de 1973. Con un ingenioso programa de discursos, testimonios personales y reconocimiento público de figuras proscritas durante mucho tiempo de la vida nacional, la ceremonia pretendió reconocer una prolongada etapa de sufrimiento colectivo y exorcizar este lugar siniestro. Muchos observadores se emocionaron particularmente ante las mujeres cuyos maridos desaparecieron durante la dictadura, que bailaron solas la cueca, la danza folclórica nacional de Chile.

Más adelante, durante su primer año, el gobierno de Aylwin hizo uso elocuente de algunos de los sitios más históricos de la memoria nacional: la Catedral Metropolitana y el Cementerio General de Santiago. Se trasladó el cadáver de Allende desde su tumba particular en la costa del Pacífico y se celebraron honras fúnebres por el presidente mártir, que fue socialista y masón, en la Catedral, fuertemente identificada con la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Un cortejo fúnebre llevó el ataúd de Allende por las calles de Santiago y se le volvió a sepultar en el Cementerio General junto a los demás presidentes democráticos de Chile.26 En ceremonia pública y en presencia de su gabinete ministerial, Aylwin pronunció un emotivo elogio, en el que reconoció su propia y mordaz oposición política a Allende durante el gobierno de este último, pero situó a la presidencia socialista con firmeza dentro de la familia nacional de Chile y su tradición democrática.27

Auténtica “ciudad de los muertos”, el Cementerio General encierra y resume en grado extraordinario la memoria histórica de Chile. En sus sectores más bellos, con majestuosas avenidas bordeadas de árboles inmensos, predominan las tumbas de las grandes familias y de la clase política del país, junto con las principales sepulturas institucionales, desde las de las cuatro Fuerzas Armadas hasta las de los diversos sindicatos históricos. Aquí se encuentra la tumba de Allende, impresionante en su maciza sencillez. También están sepultados aquí Eduardo Frei Montalva (presidente en 1964-1970 y padre del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle), Orlando Letelier (asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional [DINA], policía secreta de la dictadura, en Washington, D. C. en 1976 y repatriado después de la vuelta al gobierno democrático) y Jaime Guzmán Errázuriz (principal influencia intelectual de la Constitución de 1980, asesinado por extremistas de izquierda en 1991), todos a tiro de piedra unos de otros. El cementerio también tiene barrios más modestos, además de sectores más pobres, con cruces sencillas en hileras sobre terrenos baldíos y mal tenidos. A su modo, estos sectores son también testigos de la conflictiva memoria nacional de Chile, sobre todo de la suerte de los muertos por la dictadura, por motivos políticos, y de los detenidos desaparecidos, como los que están enterrados en el conocido Patio 29.

Para culminar esta fase inicial de ceremonias de reconciliación y manifestar compromisos éticos básicos con el pasado del país, Aylwin recurrió al medio más contemporáneo de la televisión. En febrero de 1991 recibió oficialmente el informe histórico de la Comisión de Verdad y Reconciliación de manos de su presidente, el ex senador radical Raúl Rettig. Un mes más tarde, se dirigió a toda la población para reconocer los crímenes de la dictadura y, en nombre de la nación, pedir perdón a las víctimas y sus deudos. Al mismo tiempo, pidió gestos de pesar a los miembros de las Fuerzas Armadas responsables del sufrimiento que causaron sus actos, petición que ha quedado sin respuesta durante todos los años de la transición.28

En sus primeros años, la Concertación tomó la iniciativa de dirigirse a la memoria colectiva mediante actos que reflejaran los principios morales que sus dirigentes compartían frente al pasado.29 Esta política expresiva respondió también a ciertos acontecimientos que irrumpieron en la conciencia nacional, desligados de la política del gobierno. El ejemplo más notable fue el descubrimiento de una tumba de poca profundidad, sin identificación, que se encontró en junio de 1990 en el cementerio de Pisagua, ciudad situada en la costa del norte de Chile. Luego de una manifestación masiva contra la impunidad militar, realizada en Santiago, seis ministros de estado, encabezados por el ministro del Interior, Enrique Krauss, asistieron a los funerales públicos de las veinte víctimas. A fines de 1990, el gobierno se comprometió, con la colaboración de los grupos de derechos humanos, a construir monumentos a las víctimas de la dictadura, especialmente un Muro del Recuerdo en el Cementerio General, dedicado a las víctimas políticas y a los detenidos desaparecidos. En diciembre tuvo que hacer frente a una irrupción de índole muy diferente: ruido de sables en el Ejército (el denominado “ejercicio de enlace”), en protesta contra la investigación de oficiales por violaciones de los derechos humanos y malversación (incluso el caso de los “pinocheques” en que se vio envuelto el propio hijo de Pinochet).

Pasados los primeros años de la transición, la Concertación se mostró menos proclive a realizar actos que expresaran la diferencia moral entre democracia y dictadura. Paulatinamente se situó más bien a la defensiva, reaccionando a las irrupciones que no podía controlar. En septiembre de 1991, poco más de un año después del descubrimiento de Pisagua, se desenterraron ciento treinta y cinco cadáveres de desaparecidos que estaban en tumbas anónimas en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Esta vez, dada la dificultad de identificar a los muertos, no hubo una gran ceremonia. Cuando finalmente se volvió a enterrar a quince de ellos, en marzo de 1993, la ocasión fue solemne pero pequeña, sin la presencia de ningún representante del gobierno. Hoy, el Patio 29 sigue sin monumento de ninguna especie, carente de reconocimiento oficial.30 El destino final del monumental Muro del Recuerdo erigido en memoria de las víctimas de los derechos humanos, en ese mismo cementerio, una de las iniciativas simbólicas más importantes del gobierno de Aylwin, es otro testimonio elocuente del desvanecimiento de la política expresiva. Su construcción demoró varios años, al cabo de los cuales el Muro no se inauguró oficialmente sino hasta febrero de 1994, en plena época de vacaciones de verano en Chile. En agudo contraste con las ceremonias de 1990 en memoria de Allende, el representante del gobierno de más alta categoría que estuvo presente fue un subsecretario ministerial, acompañado por dirigentes de diversos partidos de izquierda y por el público.31

Durante los últimos años de Aylwin y en el gobierno de Eduardo Frei, Chile fue sacudido repetidas veces por acontecimientos que evocaban los traumas de la dictadura. Estas irrupciones contradicen los animados anuncios públicos de progreso y vuelven a sumir a la población en los recuerdos, profundamente divididos, de su pasado conflictivo. Estas irrupciones dan a entender algo importante respecto de cómo Chile ha vivido su transición democrática, incluso después del Informe Rettig y de las importantes medidas del gobierno dirigidas a resolver el “problema de los derechos humanos”. El modelo que siguen señala que el uso admirable que hizo Aylwin de su autoridad moral durante los primeros años no bastó para construir un entendimiento social compartido que reconciliara a los chilenos con su pasado reciente y acrecentara la legitimidad de sus instituciones políticas.

Las irrupciones de la memoria corresponden, grosso modo, a dos categorías. La primera se compone de hechos que ocurren al azar y que no se vinculan con actores oficiales, pero que, no obstante, aparecen en los medios de comunicación y evocan el siniestro pasado.32 Entre ellos se cuentan el descubrimiento de tumbas desconocidas; libros y artículos de diarios y revistas que se refieren a la dictadura; y actos de violencia política. Este grupo de irrupciones tuvo gran influencia en el sentir público durante el gobierno de Aylwin. Un hecho importante fue el asesinato del senador de derecha Jaime Guzmán, perpetrado en abril de 1991 por extremistas de izquierda, pocas semanas después de la publicación del informe de la Comisión Rettig. Este acontecimiento tuvo como consecuencia el aborto de una campaña educativa que se había proyectado, sobre la base de las conclusiones de la comisión, y el viraje de la opinión política desde la concentración en los derechos humanos hacia la preocupación por el terrorismo. Esta misma preocupación se vio reforzada, en septiembre del mismo año, cuando se secuestró al hijo de Agustín Edwards, magnate de la prensa. Dichas irrupciones continuaron durante los años de Frei; el caso más espectacular ocurrió cuando los izquierdistas secuestradores de Cristián Edwards escaparon en helicóptero de la cárcel de máxima seguridad de Santiago.33

La segunda categoría de irrupciones se refiere a los hechos públicos catalizados por actores estatales fuera de la autoridad del gobierno elegido, en especial aquellas ocasiones en que las Fuerzas Armadas demuestran una capacidad importante de iniciativa autónoma.34 La más notable de estas ocasiones fue quizás el llamado “boinazo” (por las boinas negras que usaban las tropas movilizadas), que tuvo lugar en 1993, mientras Aylwin se encontraba de viaje en Europa. Como protesta ante la investigación y la posible acusación de oficiales por violaciones de los derechos humanos, el Ejército reunió tropas en uniforme de combate, en el centro de Santiago.35 Durante los meses siguientes, Aylwin debió dedicar buena parte de su tiempo a desarmar la crisis por medio de consultas de alto nivel con las Fuerzas Armadas y los dirigentes de los partidos.36 En agosto presentó al Congreso una ley (la Ley Aylwin) que disponía el nombramiento de jueces especiales para acelerar las investigaciones y procedimientos secretos frente a los juicios pendientes contra oficiales acusados de violaciones de los derechos humanos; pero, ante las protestas de las organizaciones de derechos humanos y la oposición de los legisladores de la Concertación, en septiembre se retiró el proyecto de ley.

En último término, este prolongado episodio destacó agudamente los verdaderos obstáculos constitucionales y políticos que impedían que Chile avanzara hacia un gobierno democrático pleno. Al mismo tiempo, sirvió de ilustración gráfica de la debilidad simbólica que aqueja a la autoridad civil elegida frente a un problema al parecer insoluble. Aylwin, durante su presidencia, se mostró muy sensible a la importancia simbólica de hacer valer su autoridad democrática oficial sobre Pinochet y las Fuerzas Armadas.37 No obstante, en su manejo de esta crisis siguió los consejos del realismo político para armar una solución entre élites políticas, tanto democráticas como de facto. No se hizo ningún llamado amplio a la nación y las encuestas de la época señalaron un extenso desconocimiento de las intenciones del gobierno.38 Dados el poder y el pasado de Pinochet, el proceder que se adoptó fue sin duda comprensible, pero no enalteció la autoridad moral del gobierno democrático.

Otro episodio importante, que catalizó las consecuencias del pasado para la democracia en Chile, comenzó poco después de que el presidente Frei iniciara su período presidencial, en marzo de 1994. Se condenó a dieciséis ex agentes policiales por haber degollado a tres profesionales comunistas en 1985. Por un lado, esta sentencia representó un triunfo de la política de la Concertación –en la medida en que se buscó justicia a través de juicios separados ante los tribunales–; pero, por otro, fue una muestra del carácter nominal que revestía el control que ejercían los líderes elegidos de Chile, pues cuando el presidente Frei pidió la renuncia al general director de Carabineros, Rodolfo Stange, acusado de obstaculizar la justicia en el juicio, éste se negó a presentarla. Con base en disposiciones de la Constitución que lo protegían contra la destitución, durante más de un año Stange jugó al gato y al ratón con el gobierno, concitando toda la atención de los medios nacionales de comunicación, hasta que, en octubre de 1994, renunció “voluntariamente”. En 1998, según las disposiciones de la misma Constitución, se convirtió en senador institucional.

Frei debió encarar una irrupción aún más grave, en 1995, cuando la Corte Suprema declaró a Manuel Contreras, ex director de la DINA, y a Pedro Espinoza, jefe de operaciones, culpables del asesinato de Orlando Letelier, ocurrido en 1976.39 Contreras y Espinoza desafiaron la sentencia y durante varios meses resistieron la detención. Con ayuda militar, Contreras huyó a una propiedad rural situada en el sur de Chile; luego, con protección de las Fuerzas Armadas, escapó a un hospital militar, donde permaneció durante varias semanas, aduciendo que padecía de una enfermedad demasiado grave para las condiciones carcelarias. Por último, tanto Espinoza como Contreras ingresaron a una prisión especial, cuyos guardias eran militares y no civiles, situada en Punta Peuco, en el campo al norte de Santiago. Del punto de vista jurídico, éste fue un triunfo de la tenacidad del gobierno de Frei, que reivindicó la estrategia de la Concertación de hacer acusaciones ante los tribunales. Sin embargo, a nivel simbólico, el episodio no quedó tan claro. Si bien el castigo final del temido jefe de la policía secreta de Pinochet suscitaba rumores en las calles de Santiago, durante varios meses anteriores la ciudadanía había observado en forma más bien pasiva cómo la dirigencia democrática se veía entorpecida una vez más por los términos de la transición. Frente al desafío militar abierto, Frei se valió de una estrategia cautelosa e hizo sólo un llamado circunspecto directamente a la nación. La iniciativa posterior de su gobierno en el sentido de buscar con la derecha una solución legislativa para los asuntos pendientes relacionados con los derechos humanos (el proyecto de ley Figueroa-Otero) fracasó en abril de 1996.

Los tribunales fueron otra instancia institucional que quedó fuera del control gubernamental y que desencadenaron en Chile irrupciones de la memoria. Durante los años noventa el país presenció una corriente incesante de juicios relativos a los derechos humanos que se ventilaban ante los tribunales militares y civiles, dentro y fuera de Chile. En virtud de las leyes vigentes, la tramitación de dichos juicios recaía en los tribunales existentes, aun cuando la Concertación aceptó el dictamen de la Comisión Rettig, que declaraba que durante la dictadura aquéllos no protegieron los derechos fundamentales.40 La gran cantidad de juicios y las numerosas instancias que componen el procedimiento judicial mantuvieron el pasado dictatorial casi continuamente presente en la opinión pública. Además del caso Letelier y del de los degollados que ya se mencionaron, entre los juicios más mentados durante los ocho años de la transición se contaron la Operación Albania (doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de extrema izquierda, asesinados por agentes de inteligencia en 1987) y la historia interminable de la siniestra Colonia Dignidad.41

Además, el carácter internacional del terrorismo de estado que ejerció la dictadura significó que para los chilenos el violento pasado se evocaba no sólo en los juicios pendientes ante los tribunales del propio país sino en juicios en el extranjero: en Italia, en la Argentina (por el asesinato de Carlos Prats, predecesor de Pinochet como comandante en jefe del Ejército, ocurrido en 1974) y en España (por la desaparición y muerte del diplomático Carmelo Soria, en 1976).42 Y fueron, por cierto, tribunales internacionales los que, en octubre de 1998, detonaron la más evocadora de todas las irrupciones de la memoria durante la transición chilena.

Es demasiado pronto todavía para hacer algo más que un análisis preliminar del caso Pinochet, que seguía sin resolverse cuando concluí la redacción de este trabajo.43 En los tres primeros meses, como lo presenciaron Chile y el mundo, hubo hechos dramáticos y numerosos antecedentes: el 16 de octubre, el anciano dictador, quien se recuperaba de una operación en la espalda en una clínica de Londres, fue detenido por orden de un tribunal británico por acusaciones de tortura, asesinato y genocidio que hizo un tribunal español. El 18 de octubre, el Tribunal Supremo de Londres concluyó por unanimidad que el senador vitalicio y ex jefe de estado gozaba de inmunidad contra la demanda por tales causas; el 25 de noviembre, los lores del tribunal (por tres votos contra dos) anularon este dictamen, alegando que los principios emergentes de derecho internacional en materia de derechos humanos primaban sobre las doctrinas tradicionales de inmunidad soberana; el 9 de diciembre (octogésimo tercer cumpleaños de Pinochet), el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió proseguir con la extradición a España; el 17 de diciembre, otros cinco lores del tribunal anularon por unanimidad la decisión jurídica anterior que negaba la inmunidad, alegando que carecía de imparcialidad; durante todo este tiempo, Pinochet permaneció en Londres, bajo arresto domiciliario, a la espera de un dictamen jurídico putativamente definitivo sobre la cuestión de la inmunidad, el que se preveía para 1999.

Una relación tan escueta apenas da a entender las alarmas, entradas y salidas de la multitud de actores que colmaron el proscenio durante aquellos meses y hablaron desde las pantallas de televisión de todo el mundo. En el propio Chile, el gobierno de Frei se encontró, como ocurrió con otras irrupciones, reaccionando ante acontecimientos vinculados con el pasado conflictivo del país que bruscamente se interponían en las condiciones de su democracia en transición. Dado que el origen estaba en el exterior, el país se veía más limitado aún en cuanto a recursos para resolver el asunto directamente. Optó entonces por una defensa jurídica y diplomática de la inmunidad de Pinochet frente a un juicio ante los tribunales españoles y también, implícitamente, por una defensa política de la estabilidad institucional de Chile. En casa, Frei actuó con decisión para resolver las preocupaciones militares, en una reunión con los oficiales superiores (por primera vez, desde 1973, un jefe de estado elegido democráticamente visitaba el edificio de las Fuerzas Armadas), y en tres ocasiones convocó al Consejo de Seguridad, uno de los legados institucionales de Pinochet a la democracia en transición, que ofrecía un ruedo para analizar las sucesivas etapas del caso con los comandantes en jefe de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas.44 El gobierno también recurrió a sus reservas de benevolencia entre la comunidad empresarial para asegurar a sus líderes que la política económica y las instituciones fundamentales de gobierno se mantendrían dentro del marco establecido en la transición.

Fuera de las realidades básicas del poder, el caso Pinochet enfrentó claramente al gobierno con los imperativos de la política expresiva, característica de las irrupciones de la memoria en Chile. Manifestaciones y protestas, magnificadas por la transmisión en televisión y la presencia en la prensa, evocaban los lemas, imágenes y símbolos del pasado dividido. Igual que en el mes de marzo anterior, en octubre volvieron a aparecer retratos políticos en el interior del Senado, ahora colocados por iniciativa de la ultrajada derecha política que luego, en señal de protesta, hizo fracasar las sesiones durante dos semanas.45 Durante todos estos meses, la investigación de casos referidos a los derechos humanos siguió en los tribunales y los medios dieron amplia publicidad a la exhumación e identificación de restos humanos en lugares relacionados con la notoria Caravana de la Muerte de la dictadura, en octubre de 1973.46 El contraste entre el predominio de la política expresiva en Chile y las doctrinas jurídicas que se alegaban en los tribunales británicos quedó muy en claro en el discurso público. El propio Frei se dirigió a la ciudadanía en varias ocasiones, entre las que se destaca una improvisación, el 30 de diciembre, en que llamó a la reconciliación y encabezó una hueste de actores nacionales para pedir un gesto de arrepentimiento de parte de Pinochet y las Fuerzas Armadas, por los traumas que se infligieron a la nación durante la dictadura.47


Los derechos humanos en una transición pactada

Al igual que muchas otras irrupciones de la memoria en Chile, el caso Pinochet volvió a dejar muy en claro de qué maneras la política de transición sigue presa de los símbolos de su pasado conflictivo y de los asuntos de derechos humanos que quedan por resolver. Los dos gobiernos de la Concertación lucharon por saldar los temas de derechos humanos y el caso Pinochet les ofreció otra oportunidad de hacerlo. Una prueba diferente será lograr llevar a cabo una política expresiva que conduzca a la reconciliación nacional.

Durante los años noventa, ambos gobiernos se alejaron claramente de una política activa en tal sentido. Este cambio se puede entender, en parte, por las personalidades tan diferentes de los presidentes Aylwin y Frei. Aylwin proviene de una generación más antigua de la clase política tradicional del país. Fue protagonista importante de los hechos que culminaron con el quiebre de la democracia durante la Unidad Popular de Allende, dirigente del Partido Demócrata Cristiano, clave en la oposición democrática que surgió en los años ochenta, y candidato de consenso de la Concertación, coalición que ganó la elección de 1989. Político instintivo y avezado, en sus primeros gestos y políticas manifestó una fuerte fe en la necesidad de restablecer la autoridad moral del gobierno democrático.

Estas medidas y la política expresiva transmitieron dos premisas centrales: una tomada de la memoria histórica reciente y una de la más distante. La primera consistió en identificar la nueva democracia chilena con los principios de derechos humanos que habían surgido como hilo unificador dentro de la oposición a la dictadura y que superaban las antiguas divisiones ideológicas. A pesar de los temores de la Concertación acerca de cómo las Fuerzas Armadas reaccionarían ante una comisión de verdad, el propio Aylwin se hizo responsable personalmente de iniciar y formular esta política simbólica central.48 La segunda premisa consistió en renovar las mejores tradiciones de democracia histórica en Chile, que se habían perdido en la polarización de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, y que la dictadura militar luego suprimió activamente. En tal sentido, toda la puesta en escena que reincorporó a Allende, póstumamente, al estado chileno fue una medida central, un acto de imaginación y valor, en particular al inicio mismo de la transición.49 Allende fue y sigue siendo una figura simbólica que partió aguas, pero Aylwin estaba resuelto a rendir homenaje oficial al lugar que ocupó en la tradición democrática del país.

Esta es una ceremonia de […] reencuentro […] con la historia patria, porque Salvador Allende –más allá de los juicios contradictorios que suscite– fue durante más de tres décadas uno de los actores más destacados del acontecer nacional. Diputado, senador, ministro de estado, presidente del Senado, cuatro veces candidato a la primera magistratura de la nación y, finalmente, Presidente de la República de Chile, llegó a ser el líder más representativo de la izquierda chilena. Desde su perspectiva socialista y revolucionaria, encarnó las aspiraciones de vastos sectores de nuestro pueblo que anhelaban cambios profundos y drásticos hacia una sociedad más justa; luchó por ellas con coraje y dio su vida por lealtad a sus convicciones. Estos son hechos que nadie puede desconocer.50
En cambio, Eduardo Frei pertenece a una generación más joven y se inició en política (como hijo del presidente Eduardo Frei Montalva, 1964-1970) sólo después de una carrera anterior como empresario. Estos antecedentes le habrían asegurado un importante apoyo en el sector privado chileno, sector que prosperó, en términos generales, durante la dictadura y que desde tiempo atrás abrigaba dudas relativas a los políticos partidistas tradicionales. Dado el empeño de la Concertación en demostrar que la democracia podía asimilarse a la economía de mercado, es un logro nada despreciable. La prosperidad de los años del gobierno de Frei (al menos hasta que la crisis asiática redujo, a fines de 1998, el ritmo de crecimiento) suscitó el interés por la democracia chilena entre sectores conservadores que hasta entonces habían mirado con escepticismo sus virtudes. Al mismo tiempo, el estilo de Frei como presidente se ha revelado carente del gesto expresivo instintivo que hubiera podido atraer a una proporción mayor de la población en general, ante las irrupciones que se han producido durante su gobierno, si bien el caso Pinochet quizá señale el comienzo de un cambio en este aspecto.

No obstante, el cambio que se produjo luego de los primeros años de la Concertación surgió claramente en respuesta a fuerzas ajenas a las diferencias de personalidad entre presidentes. Entre ellas, la más importante fue la fe compartida de la Concertación en cuanto a la propia transición. Fue Aylwin quien declaró, ya el 7 de agosto de 1991, que la transición a la democracia estaba cumplida (en una entrevista de prensa realizada en el Palacio de La Moneda).51 Aylwin repitió esta afirmación en su mensaje presidencial de mayo de 1992 y Frei, más adelante, intentaría aprovechar el cambio de mando, en 1994, para establecer un programa fundado en la premisa de que en Chile la democracia estaba consolidada.52 Había buenos motivos políticos para adoptar la postura de que Chile había alcanzado algún grado de normalidad: era preciso tranquilizar al propio país y también a los inversionistas extranjeros y otros observadores, y proseguir con la tarea de gobernar.53 No obstante, las irrupciones del pasado que se presentaron, tanto durante los últimos años del gobierno de Aylwin como en los de Frei, señalan que las pretensiones morales de la nueva democracia chilena y sus vínculos con las tradiciones democráticas del pasado del país exigen renovada y seria atención de parte de sus autoridades.

La retirada respecto de la política expresiva reflejaría el estilo de ingeniería política que prefiere la Concertación y que es característico de ella lo mismo que de la literatura académica sobre tradiciones democráticas. Estos políticos partidistas se vieron a sí mismos como protagonistas centrales en la consolidación paulatina de la oposición civil que exigía el retorno al gobierno democrático. Tal había sido su papel histórico en un país cuya identidad estaba fuertemente conformada por sus instituciones políticas y ya a mediados de los años ochenta se habían convertido en líderes de las protestas populares masivas encendidas inicialmente por los sindicatos. Cuando su demanda de elecciones libres fracasó, formaron una amplia coalición nacional de fuerzas políticas que, con el nombre de Comando del No, combatió y ganó el plebiscito de 1988. Fueron ellos quienes tuvieron las habilidades políticas para forjar el programa de la Concertación y llevar a cabo la campaña electoral de 1989, y ellos quienes negociaron con el régimen de Pinochet la estrategia de salida que en 1990 permitiría el retorno al gobierno elegido. Durante todo este tiempo se enfocaron cada vez más en forjar acuerdos dentro la propia clase política (incluso participantes en la dictadura saliente) como elemento clave de una transición lograda. Este estilo se ha mantenido, en buena medida, como se señala en este artículo, durante todo su gobierno en los años noventa.

El caso de Chile ofrece una ilustración llamativa de este tema que predomina a tal punto en la literatura académica contemporánea sobre transiciones a la democracia. No fue pura coincidencia, pues los políticos de la Concertación analizaron conscientemente esa misma literatura, la que habría reformado y reforzado su propia experiencia. Esta materia merece mayor estudio y contemplación por parte de quienes tienden a ver en el análisis académico, en primer lugar, un acto de percepción y reacción.54 También señala la necesidad de que los investigadores examinen con mayor detalle cómo los hábitos que generan las transiciones pactadas, además de las limitaciones institucionales que traen consigo, también pueden obstaculizar el camino hacia una práctica democrática plena en los años siguientes al cambio de régimen.

Si se mira la construcción del puente de la transición desde la perspectiva de la ingeniería política, los cálculos de estructuras y tensiones bien pueden primar sobre la preocupación por su importancia expresiva. En Chile, en cambio, los costos fundacionales de la construcción inicial se pagaron no sólo con la moneda dura del poder sino también con las monedas menos tangibles de la legitimidad e identidad nacional. Ex post facto, se puede observar que, una vez que se ha construido el arco, es cada vez más importante que las autoridades se ocupen del punto de dónde ha venido la sociedad para señalar adónde va. Pasados los primeros años del gobierno de Aylwin, los “derechos humanos” se convirtieron en asunto que se identificó exclusivamente con sus peores víctimas y no en principio señero que sirviera de base a una política nacional nueva.

Los derechos humanos constituyen el tema moral focal que Chile encara en el caso Pinochet. Como en irrupciones anteriores, el gobierno se ve frente a la necesidad de definir una política que contemple las dimensiones de la verdad y la justicia. Respecto de esta última, el gobierno puede servirse de las tendencias recientes que han surgido en los tribunales chilenos. Luego de varios años en que los fallos aplicaban de rutina la ley de Amnistía de 1978 para cerrar los juicios sobre derechos humanos, en septiembre y en diciembre de 1998, y otra vez en enero de 1999, la nueva Sala Criminal de la Corte Suprema, constituida poco tiempo antes, determinó que, dadas las obligaciones de Chile en virtud de tratados internacionales, las violaciones de los derechos humanos no eran amnistiables y que la intervención judicial debía seguir para establecer las responsabilidades personales. Si bien dichas decisiones son de índole jurídica, se justificaría especular que tienen alguna relación con la renovación casi total de la composición de la Corte Suprema que tuvo lugar durante el gobierno de Frei, y que no son del todo ajenas a los aspectos internacionales que surgieron de la detención de Pinochet. Si aquellos principios fueran de aplicación general, podrían afectar a otros mil casos de detenidos desaparecidos. Además, el juez Juan Guzmán Tapia estaba investigando una docena de acusaciones contra Pinochet, mientras el ex dictador permanecía detenido en Londres, aun cuando las perspectivas de un juicio parecían remotas.

Como ocurrió en el “boinazo” de 1993 y frente al caso de Contreras, en 1995, los políticos y demás figuras públicas se oponen a explorar iniciativas políticas dirigidas a los aspectos de los derechos humanos. La Iglesia Católica ha pedido al gobierno que tome medidas legales para establecer la verdad acerca del régimen militar y adopte medidas políticas para promover el perdón por las violaciones de los derechos humanos. La Concertación reunió a un grupo de connotados abogados de derechos humanos y hay quienes piden una segunda Comisión Rettig capaz de ofrecer mayores incentivos para obtener testimonios veraces relativos a delitos cometidos durante la dictadura. No obstante, las perspectivas en conflicto dentro de la Concertación, en relación con estos aspectos, los caprichosos vaivenes de la política en año de elecciones (1999) y, sobre todo, el incierto camino futuro del propio caso Pinochet son todos factores que conspiran contra la esperanza de una política amplia que resuelva los asuntos relativos a derechos humanos y aliente la reconciliación nacional.

Sin embargo, al entrar en el último año del siglo XX, despertó en Chile una nueva conciencia de que los aspectos de derechos humanos superaban a los sobrevivientes de los peores crímenes de la dictadura y a las familias de los desaparecidos. Ellos son quienes sufren las heridas más profundas, pero las víctimas de aquellos duros tiempos son mucho más numerosas que este trágico grupo. Entre ellas se cuentan las decenas de miles de los detenidos injustamente y torturados o relegados, o amedrentados durante los allanamientos de las poblaciones callampas que continuaron durante el último decenio de la dictadura; los más de cien mil exiliados: los incontables ciudadanos que esperaron de noche el golpe en la puerta o que aún no encuentran cómo hablar de aquellos años con sus hijos.

Los temas de derechos humanos y la memoria histórica del país interesan a toda la nación y no sólo a las familias directamente afectadas o a las organizaciones de izquierda que quedaron luego del movimiento histórico por los derechos humanos.55 Lo que Chile en su conjunto experimentó durante la dictadura –e incluso durante el tiempo de profundas divisiones nacionales, más prolongado que aquélla y anterior a 1973–, es el tema de esa memoria histórica. Como queda muy claro en el caso Pinochet y en las irrupciones recurrentes durante ocho años: lo que no se reconoce no se ha olvidado.


La memoria y la autoridad moral de la democracia

Este artículo se propone tanto iluminar ciertos aspectos importantes de la transición a la democracia en un país determinado como invitar a los investigadores a prestar mayor atención, de manera general, a las dimensiones expresivas de dicha transición. Este último propósito forma parte de la inquietud de numerosos estudiosos que se ocupan de América Latina, con respecto a cómo se podría “profundizar” la democracia cuando se ha logrado la consolidación básica y el quiebre no constituye una posibilidad seria (como no la constituye, por ejemplo, en Chile). Lo dicho complementa la que Guillermo O’Donnell denomina “segunda transición”, del gobierno democrático al régimen democrático,56 pero ésta se concentra menos en las limitaciones institucionales que mantienen el gobierno semidemocrático (que son en sí mismas tema de análisis legítimo y crítico) y más en la cultura que el pueblo y las élites alimentan en distintas formas mediante una transición cautiva de los recuerdos de un pasado dividido que no han llegado a reconciliarse. En cambio, propone una amplia hipótesis de investigación: que para poder avanzar más allá de la poliarquía y establecer la democracia en el tiempo, es preciso reforzar la autoridad moral de las instituciones democráticas y de aquellas élites que las dirigen.

¿Cómo debe evaluarse la afirmación acerca de que la democracia en transición de Chile todavía debe encarar este desafío con más plenitud y también, precisamente, el desafío de los problemas no resueltos de la memoria histórica? El desencanto que sienten sus ciudadanos hoy frente a la política obedece, sin duda, a muchas otras causas posibles. Las encuestas de opinión revelan las inquietudes y el descontento que se ven en numerosas democracias: delincuencia, salud, educación, y los resultados disponibles indican un apoyo firme a la democracia, en sentido abstracto, frente a otras alternativas de gobierno. Se ha logrado un grado notable de estabilidad política y los datos de opinión no entregan la imagen de un pueblo preocupado a diario con los aspectos de derechos humanos ni con los amarres que figuraban de manera destacada, a comienzos de la transición, entre sus inquietudes. Tal vez el tiempo haya comenzado ya a tejer su manto sobre los recuerdos divididos del país y a cubrirlos, como dicen las evocadoras palabras de Elizabeth Lira y Brian Loveman en su obra, con “las suaves cenizas del olvido”.57

Tal vez… pero me parece una explicación insuficiente por varios motivos. Uno de ellos es el hecho de que los datos que tenemos sobre la opinión pública en la década de 1990 no dan cuenta de hasta qué punto los símbolos de la identidad nacional, que en Chile se asocian fuertemente con sus tradiciones e instituciones políticas, condicionan cómo los ciudadanos sienten la política a partir de la transición: los efectos inmediatos y acumulados de los acontecimientos que aquí se denominan “irrupciones de la memoria.” La conspiración de consenso que existe hoy refleja sin duda los bajos niveles de confianza social que se han medido, pero no sabemos hasta qué punto también se debe a los sentimientos morales más amplios de los ciudadanos frente a la colectividad de la cual forman parte: sus símbolos, su constitución, sus instituciones públicas fundamentales de gobierno como un todo.

El estudio histórico de otras sociedades indica que éste es un tema digno de investigación. La obra de Henry Rousso, The Vichy Syndrome,58 presenta una interpretación muy sugerente de la revisión recurrente que ha realizado Francia durante medio siglo frente al penoso episodio del régimen de Pétain, con las visiones cambiantes que tiene el público del papel que cumplieron la ocupación nazi, la resistencia, los líderes franceses y el pueblo en general. Este análisis comprende una amplia gama de influencias que han dado nueva forma a su lugar en la historia contemporánea, desde la investigación académica hasta las ceremonias oficiales, la producción cultural y los actores e intereses políticos. Divided Memory,59 de Jeffrey Herf, estudia de qué manera los dirigentes políticos alemanes pretendieron interpretar, mediante el orden público, el significado del trauma del nazismo y del Holocausto dentro de una historia nacional, y contrasta el tratamiento al interior de Alemania Oriental y Occidental, a la zaga de la Segunda Guerra Mundial. Igual que Rousso, Herf examina una extensa gama de pruebas con el fin de alumbrar la cuestión más profunda de cómo los dirigentes pretendieron legitimar las instituciones políticas que ellos dominaban, en las “democracias” tan diferentes que se crearon en las dos Alemanias.

La pertinencia de estas investigaciones respecto de la democracia en transición de Chile, incluso la de otros países del Cono Sur, es considerable. Hay paralelos sugerentes con los hechos del caso de Chile: por ejemplo, las iniciativas del Bundespräsident Theodor Heuss, durante el primer decenio de la República Federal, en el sentido de ampliar la comprensión moral de un pueblo renuente con su insistencia de que el nazismo y el Holocausto fueron aberraciones repelentes alejadas de las mejores tradiciones políticas propias de Alemania.60 De manera más general, Rousso y Herf demuestran de modo convincente la importancia que tienen las dimensiones expresivas de la política para establecer la autoridad moral de las instituciones democráticas luego de rupturas históricas, y ambos emplean una metodología de facetas múltiples capaz de abrazar la complejidad y la profundidad de la tarea.

Las dos obras destacan también la importancia y la responsabilidad particulares que tienen en este proceso los líderes democráticos, lo que se intenta demostrar en este artículo, con toda modestia, en torno de la transición contemporánea de Chile. La elevada responsabilidad de los políticos democráticos es un tema principal del texto clásico de Max Weber, La política como vocación,61 que claramente influyó en la formación de conceptos, en Chile, dentro de la Concertación. Su influencia principal en estos políticos fue la famosa distinción entre una “ética de la convicción” y una “ética de la responsabilidad”; la primera, guiada por la pureza de intenciones; la segunda, por la preocupación por las consecuencias prácticas. Esta segunda ética fue la que predominó en Chile en una clase política respetuosa de las limitaciones legales62 y preocupada por el posible retroceso democrático.

Si bien su opción por la ética de responsabilidad obedeció a un apremio moral y no sólo a un atractivo pragmático, el modo como esa clase política la aplicó en Chile sigue en tela de juicio. Conviene recordar que el ensayo de Weber apareció al final de la Primera Guerra Mundial. Al plantear su célebre distinción, estaba muy consciente de los peligros que revestía una “ética de convicciones y principios” para la suerte que correría la nueva democracia de Weimar (inquietudes que quedaron comprobadas luego en los acontecimientos posteriores). La analogía con Chile, país que al momento de su transición poseía una economía fuerte, podía reclamar una larga tradición histórica democrática y se situaba en un entorno mundial favorable a la democracia liberal, amerita mayor examen. Además, como lo señalan las irrupciones de la memoria en Chile a partir de 1990, debe prestarse más atención a la importancia que tiene la política expresiva para establecer la autoridad moral de la democracia pasadas las primeras etapas de la transición, porque la que se concibe como ética de responsabilidad puede llegar a confundirse con el mero pragmatismo.

Por último, como lo dan a entender los libros de Rousso y Herf, los estudiosos tienen una importante función que cumplir en ampliar la comprensión histórica de cómo los traumas nacionales afectan las democracias posteriores. Los dos hacen uso de abundantes estudios anteriores que contribuyeron a los importantes debates públicos, en Francia y Alemania, acerca del pasado. Las fuentes están disponibles para que los estudiosos de Chile puedan cumplir una función semejante, de modo que esta sociedad, con el tiempo, pueda avenirse a lo que le tocó vivir. El período 1967-1990 ya ofrece abundante material primario publicado, en memorias y relatos en primera persona, además de fuentes secundarias, que abarcan desde estudios realizados durante la dictadura hasta análisis que aparecieron inmediatamente antes o después de la transición. Además, hay importantes archivos de materiales primarios relativos a violaciones de los derechos humanos en estos países, otras colecciones de materiales reunidos oficialmente, como los de la Comisión Rettig y su sucesora, a los cuales aún no hay acceso público, y gran número de documentos por ahora repartidos entre instituciones y personas, y en peligro de perderse, a falta de una iniciativa coherente por reunirlos.63 Por último, están los recuerdos vivos de personas, no escritos pero que podrían formar parte esencial de una comprensión más plena de la manera como se experimentó este período.

Lo que aún no ocurre del todo es el surgimiento de estudios que traten el lapso 1967-1990 como parte del “pasado”, en calidad de prólogo a la democracia en transición. El concepto relativamente nuevo de mirar en esta forma la historia reciente, como le temps présent, entendido como parte de la memoria personal de una parte importante del pueblo, alienta a entender que aun los tiempos de divisiones profundas se pueden estudiar sin apasionamiento.64 Afortunadamente, hoy se ven señales de esperanza en el sentido de que los estudios de Chile y otros lugares ahora pueden relacionar las transiciones de manera más cabal con los legados del autoritarismo, y contribuir, por último, a una reconciliación social más extensa y a instituciones democráticas más fuertes.65


Traducción de María Teresa Escobar-Budge




NOTAS

1. Versiones anteriores de este trabajo se presentaron en las conferencias sobre “Legados del autoritarismo: producción cultural, trauma colectivo y justicia global”. Universidad de Wisconsin-Madison: 3-5 de abril, 1998, y sobre “Enfrentar los legados no democráticos durante la profundización democrática: América Latina y Europa Meridional en una perspectiva comparativa”. Instituto de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Buenos Aires: Universidad de Columbia y Universidad Torcuato di Tella, 27-29 de agosto, 1998. El autor desea agradecer diversas observaciones críticas de sus colegas Felipe Agüero, Louis Bickford, Herbert Braun, Paul Drake, Katherine Hite, Iván Jaksic, Elizabeth Lira, Patricio Navia, Anne Pérotin-Dumon, Alfredo Riquelme, Michael Shifter, Steven Stern, Augusto Varas y José Zalaquett, además de James Dunkerley y un corresponsal anónimo del Journal of Latin American Studies (JLAS).

2. Algunos títulos son: Tomás Moulian. Chile actual: anatomía de un mito. Santiago: LOM/ARCIS, 1997, y Conversación interrumpida con Allende. Santiago: LOM/ARCIS, 1998. M. A. de la Parra. La mala memoria. Santiago: Planeta-Andros, 1997 y Carta abierta a Pinochet. Santiago: 1998. E. Carmona (ed.). Morir es la noticia. Santiago: Carmona. 1997. M. González Pino y A. Fontaine Talavera (eds.). Los mil días de Allende. Santiago: CEP, 1997. M. Rivas y R. Merino (eds.). ¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973? Santiago: LOM,1997. F. Zerán. Desacatos al desencanto. Santiago: LOM, 1997. J. Lavandero Illanes. El precio de sostener un sueño. Santiago: LOM, 1997. A. Cavallo, M. Salazar y O. Sepúlveda. La historia oculta del régimen militar. Santiago: Grijalbo, 3a. ed., 1997 [publicado originalmente en 1989]. A. Cavallo. La historia oculta de la transición. Santiago: Grijalbo-Universitaria, 1998. A. Jocelyn-Holt Letelier. El peso de la noche: nuestra frágil fortaleza histórica. Buenos Aires: Planeta, 1997, y El Chile perplejo. Santiago: Planeta, 1998. H. Vidal. Política cultural de la memoria histórica. Santiago: Mosquito,1997. E. Tironi. El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet. Santiago: Dolmen, 1998. D. Tótoro Taulis. La cofradía blindada: Chile civil y Chile militar. Trauma y conflicto. Santiago: Planeta, 1998. M. A. Garretón et al. Por la fuerza sin la razón. Santiago: LOM, 1998. G. Arriagada. Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet. Santiago: Sudamericana chilena, 1998. P. Aylwin Azócar, El reencuentro de los demócratas. Santiago: Ediciones B; Barcelona: Grupo-Zeta, 1998. E. Subercaseaux, Gabriel Valdés: señales de historia. Santiago: Aguilar, 1998. J. A. Viera-Gallo, 11 de septiembre: testimonio, recuerdos y una reflexión actual. Santiago: Chile América, CESOC, 1998; L. Maira, Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX. Santiago: LOM, 1998. J. T. Merino, Bitácora de un almirante: memorias. Santiago: Andrés Bello, 1998. G. Rojas Sánchez, Chile escoge la libertad. Santiago: Zig-Zag, 1998; M. Orellana Benado, Allende alma en pena: una mirada libre. Santiago: Demens&Sapiens, 1998. A. Uribe, Carta abierta a Patricio Aylwin. Santiago: Planeta, 1998. J. A. Cuevas, Diario de la ciudad ardiente. Santiago: LOM, 1998. H. Soto (ed.), Voces de muerte. 2 tomos, Santiago: LOM, 1998. P. Verdugo, Interferencia secreta: 11 de septiembre de 1973. Con CD, Santiago: Sudamericana, 1998. y P. Rojas B. et al., Tarda pero llega: Pinochet ante la justicia española. Santiago: LOM, 1998.

3. El manifiesto del grupo más crítico dentro de la Concertación se publicó en El Mercurio con el título: “La gente tiene razón: las voces disidentes del oficialismo”, sección D, pp. 8-10, 14 de junio, 1998.

4. Pamela Constable y Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet. Nueva York: W. W. Norton, 1991. Este análisis de la dictadura, refinado y evocador, que termina cuando Aylwin asume la presidencia, no está publicado en Chile en traducción española.

5. El “blanqueo” del pasado es tema importante en Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito. Santiago: LOM/ARCIS, 1997.

6. “Irrumpir”: entrar violentamente en un lugar; “irrupción”: acometimiento impetuoso e impensado; entrada impetuosa en un lugar (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, [Madrid, 2001]). La literatura académica relativa a la memoria histórica es extensa y sigue aumentando. Entre las obras más representativas se podrían contar Maurice Halbwachs, On Collective Memory (ed.), trad. de L. A. Coser, Chicago y Londres: University of Chicago, 1992 [1941, 1952]; Pierre Nora (ed.), Realms of Memory. Tres volúmenes, trad. de Arthur Goldhammer, Nueva York: Columbia University Press, 1996 [1992]; P. H. Hutton, History as an Art of Memory. Hanover, New Hampshire: University Press of New England, 1993. D. Lowenthal, Possessed by the Past. Nueva York: Cambridge University Press, 1998; y J. S. Pennebaker et al., (ed.), Collective Memory of Political Events. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1997.

7. Es notable cómo los acontecimientos de marzo de 1998 frente al Congreso: protestas callejeras en las puertas del Congreso, retratos de los asesinados y desaparecidos dentro del Congreso, reflejan exactamente otros que ocurrieron ocho años antes, cuando Aylwin asumió la presidencia. Véase Otano Rafael, “Crónica de la transición”, Qué Pasa. 30 de diciembre de 1995, p. 108. Es un reportaje periodístico excelente, atento a los aspectos expresivos, menos tangibles, de la política del período presidencial de Aylwin y al lapso que la precedió. La continuidad simboliza las limitaciones institucionales de la transición pactada de Chile, pero a la vez explica cómo esta sociedad pequeña ha experimentado su historia política reciente.

8. En Chile votar es obligatorio y abstenerse de votar complica toda relación posterior con el sistema judicial u otros organismos estatales. Las elecciones de 1997, que contrariaron una larga tradición cívica de elevada participación electoral, comparable a la de Europa Occidental, se interpretaron como señales de descontento generalizado, a pesar de la rápida modernización del país y de sus indicadores económicos impresionantes.

9. Según Marta Lagos, respetada experta nacional en opinión pública, los chilenos muestran niveles extrañamente bajos de confianza interpersonal, franqueza sobre política, satisfacción con la democracia y percepción de democracia plena en Chile, pese a la estabilidad política y al crecimiento económico. Ella coloca estas actitudes en un examen más amplio de la cultura política regional, en “Latin America’s Smiling Mask”. Journal of Democracy. Volumen 8, núm. 3, julio de 1997, pp. 123-138. Este tema se analiza con mayor profundidad en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Desarrollo humano en Chile 1998. Santiago: 1998, en que se relacionan las reacciones sociales “subjetivas” con procesos más amplios de modernización.

10. Sobre este tema, véase especialmente Tomás Moulian, Chile actual: anatomía de un mito. Santiago: LOM/ARCIS, 1997, y las dos obras de De la Parra, La mala memoria. Santiago: Planeta/Andros, 1997 y Carta abierta a Pinochet. Santiago: Planeta, 1998.

11. Véase Tironi, El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet. Santiago: Dolmen, 1998, y M. A. Garretón, “The Political Opposition and the Party System under the Military Régime”. P. W, Drake e I. Jaksic (eds.), The Struggle for Democracy in Chile: 1982-1990. Lincoln, Nebraska: Univ. of Nebraska Press, 1991, (Latin American studies series) pp. 211-250.

12. Este subconjunto de transiciones, con su nombre difícil de transición pactada, derivado del caso español, se refiere al establecimiento de un gobierno democrático dentro del marco institucional de un régimen autoritario precedente. El libro de referencia fundamental es G. O’Donnell et al. (eds.), Transition from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore, Maryland: The John Hopkins Univ. Press, 1986. Un panorama reciente y útil de esta literatura es J. Hartlyn, “Political Continuities, Missed Opportunities, and Institutional Rigidities: Another Look at Democratic Transitions in Latin America”. Scott Mainwaring y Arturo Valenzuela (eds.), Politics, Society, and Democracy: Latin America. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998, pp. 101-120.

13. Cabe recordar que Robert Dahl concibió el concepto de “poliarquía” para distinguir entre un conjunto de normas, instituciones y prácticas políticas, y las cualidades morales inevitables que acompañan la “democracia”. Cf. Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1971 [Trad. cast. La poliarquía. Madrid: Tecnos, 1989].

14. Al menos dos elementos de esta caracterización de la transición chilena siguen en tela de juicio: en qué medida las élites democráticas lograron efectivamente negociar con las de la dictadura, y la índole de los acuerdos, implícitos y explícitos, a los que se llegó en ese proceso. En cuanto al primero, los procesos de consulta que tuvieron lugar antes de que Aylwin asumiera el mando en marzo de 1990 (principalmente en torno a las reformas constitucionales de 1989) ameritan un estudio más profundo. Y la detención de Pinochet en octubre de 1998, en Londres, ha puesto de manifiesto ciertas ambigüedades acerca del segundo. Dentro de la abundante literatura académica en que se analiza la transición, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello/Andros, 1997, de Edgardo Boeninger, tiene especial valor. Boeninger fue una figura central durante la formación de la oposición democrática frente a Pinochet, en los años ochenta y durante el gobierno elegido de Aylwin que lo sucedió. En la obra se combina un minucioso análisis de las diversas limitaciones constitucionales e institucionales a la democracia, con el conocimiento interiorizado que corresponde a un actor compenetrado de las estrategias y percepciones políticas de las élites democráticas. Conviene leerla en conjunto con Arriagada, Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet. Santiago: Sudamericana, 1998, escrito por el director de la campaña del “No”, de la Concertación, en 1988, y figura clave de la oposición democrática, y con el relato de Sergio Fernández, Mi lucha por la democracia. Santiago: Los Andes-Alfabeta, 1994. Fernández, ministro del Interior del último gabinete de Pinochet, fue un miembro clave de la “línea blanda”, dentro del régimen autoritario saliente. Véase también E. Cañas Kirby, Proceso político en Chile, 1973-1990. Santiago: Andrés Bello, 1997.

15. En la frondosa literatura sobre este proceso, Arturo Valenzuela, The Breakdown of Democratic Régimes: Chile. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University, 1978, se mantiene como un clásico. Alan Angell presenta una excelente síntesis reciente en el capítulo de su autoría que aparece en el volumen dedicado a Chile, en L. Bethell (ed.), Cambridge History of Latin America. Cambridge: University Press, volumen. 8, 1991.

16. Las principales instituciones fueron la Vicaría de la Solidaridad, vinculada a la Iglesia Católica, y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ligada a los partidos democráticos. En Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile (1973-1990). Londres, Basingstoke: Macmillan in association with St Antony’s College, Oxford, 1996, Pamela Lowden ofrece una interpretación bien documentada de aquéllas y su papel en la transición a la democracia.

17. Andrés Zaldívar Larraín analiza la Constitución de 1980 y su dudosa aprobación por plebiscito durante la dictadura, en La transición inconclusa. Santiago: Los Andes, 1995. En 1999 Zaldívar era presidente del Senado de Chile y fue candidato a Presidente de la República por el Partido Demócrata Cristiano.

18. Como Franco, Pinochet se jactaba de haber dejado un legado político atado y bien atado. Aun cuando no es extraño que un militar profesional haya dado tanta importancia a la ingeniería política con fines propios, es lamentable que los políticos democráticos no hayan encontrado cómo sacar provecho de la autoridad moral que obtuvieron con las elecciones libres.

19. M. A. Garretón, La posibilidad democrática en Chile. Santiago: FLACSO, 1988 y “Human Rights in Democratization Processes”. E. Jelin y E. Hershberg (eds.), Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship, and Society in Latin America. Boulder, Colorado: Westview Press, 1996, pp. 39-56. Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las suaves cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación, 1814-1932. Santiago: LOM/DIBAM, 1999, contradicen la influyente conceptualización de Garretón. Los autores sostienen que, históricamente, las características autoritarias son un rasgo permanente de las instituciones políticas chilenas, integrales y no excepcionales, como lo da a entender el concepto de “enclaves”.

20. Una explicación breve y lúcida del sistema electoral chileno actual aparece en J. S. Valenzuela, “Consolidation in Post-Transitional Settings: Notion, Process, and Facilitating Conditions,” un análisis temprano y profundo de la transición, en S. Mainwaring, G. O’Donnell y J. S. Valenzuela (eds.), Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1992, p. 98, nota 24. Al ocupar su escaño como senador vitalicio, en marzo de 1998, Pinochet se convirtió en el décimo miembro de la Cámara Alta que no fue elegido por sufragio popular. El hecho de que la Concertación pudiera nombrar senadores institucionales demócratas debilitó la coalición opositora, pero no disminuyó de por sí el carácter poco democrático del Congreso.

21. La importante influencia de dichos actores, fuera de las instituciones políticas oficiales de Chile, se reconoce con frecuencia en la prensa, la que les ha dado el nombre de “poderes fácticos”. Esta influencia se reconoce entre el pueblo chileno a nivel más amplio: por ejemplo, Lagos, “Latin America’s Smiling Mask”. Journal of Democracy. Volumen. 8, núm. 3, julio de 1997, p. 135.

22. Las distintas reformas que se propusieron, algo diferente en los dos gobiernos, ilustran las dificultades, tanto éticas como prácticas de atender a estas materias dentro de las limitaciones institucionales que heredó la Concertación. Estas iniciativas, en que participaron algunos de los defensores de los derechos humanos más distinguidos de Chile, merecen estudio aparte. Hay relaciones iniciales en Cavallo, Historia oculta de la transición. pp. 217-222 y 296-304, y en Alexandra Barahona de Brito, Human Rights and Democratisation in Latin America: Uruguay and Chile. Nueva Cork: Oxford University Press, 1997, pp. 181-187.

23. No obstante la distinción hecha por Robert Dahl entre poliarquía y democracia (cf. nota 13), las múltiples confusiones que rodean los conceptos de democracia no atenúan las verdaderas consecuencias que embarga pasar por alto el contenido prescriptivo de la democracia para lograr instituciones democráticas vibrantes. Este ensayo es una tentativa modesta de invitar a los investigadores a poner el acento en la comprensión de dichas consecuencias en las democracias contemporáneas en transición.

24. De Brito ofrece un análisis detallado, iluminado con agudos criterios políticos, en Human Rights and Democratisation in Latin America: Uruguay and Chile. Nueva York: 1997, pp. 181-187. Boeninger, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello/ Andros, 1997, hace una relación de aquellos asuntos vistos desde el interior del gobierno de Aylwin.

25. Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation. 2 tomos, trad. Ph. E. Berryman, Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1993 [en español, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Santiago: 1991]. Con todo, la influencia de este informe sobre el discurso político posterior sólo se puede calificar de decepcionante. Los dirigentes de la derecha conservaron un lenguaje que se oyó mucho a fines de 1998, a raíz de la detención de Pinochet en Londres, y que negaba que se hubiera dado reconocimiento oficial al estado de cosas que condujo al golpe militar e insistía que, en el peor de los casos, había habido “excesos” durante el gobierno militar. Al mismo tiempo, sin embargo, la propia Concertación rara vez hizo uso de las conclusiones y del análisis de la Comisión para denunciar el discurso público de la derecha.

26. En la larga historia de gobiernos elegidos en Chile, sólo uno de sus ex mandatarios está enterrado en un lugar distinto del Cementerio General: Gabriel González Videla (presidente entre 1946 y 1952), en su ciudad natal, La Serena.

27. P. Aylwin Azócar, La transición chilena: discursos escogidos, marzo 1990-1992. Santiago: Andrés Bello, 1992, pp. 85-87.

28. Las palabras de Aylwin durante la presentación del informe de la Comisión Rettig se encuentran en Aylwin, La transición chilena: discursos escogidos, marzo 1990-1992. Santiago: Andrés Bello, 1992, pp. 126-136. Luego de la detención de Pinochet, en octubre de 1998, los comandantes en jefe de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas dieron su apoyo público a la política del gobierno, pero Chile no ha visto ningún gesto parecido al del general Martín Balza, en la Argentina, quien manifestó pesar por la responsabilidad militar en las masivas violaciones de los derechos humanos en ese país.

29. Arriagada señala que el tema de los derechos humanos se convirtió en fuerza aglutinante y no en materia de división en la oposición democrática cuando se preparaba para el plebiscito de 1988 (Cf. Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet. Santiago: Sudamericana, 1998, pp. 246-247).

30. Esteban Larraín, joven periodista de la Universidad de Chile, sí recibió apoyo del Fondo del Desarrollo de las Artes y la Cultura, organismo estatal, para la producción de su notable video documental “Patio 29: historias de silencio”, 1998.

31. La Nación y La Época. 27 de febrero, 1994. Si bien el Muro del Recuerdo recibió fondos públicos, también necesitó un fuerte financiamiento privado. Otra “privatización” semejante de los intentos de Chile por reconocer su pasado traumático se observa en el proyecto de construir un “parque por la paz” en el lugar que ocupó la Villa Grimaldi, infame centro de torturas y desapariciones derribado en los últimos tiempos de la dictadura. Luego de heroicos esfuerzos privados, el parque se abrió por fin en 1996 y todavía se destaca más por su existencia que como recuerdo evocador de la memoria colectiva. Véase Villa Grimaldi: un parque por la paz. Santiago, video grabación dirigida por Juan Pablo Zurita, 1996. [Véase también “Una deuda con nosotros mismos: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi”. Santiago: s/f. Desde que se escribió este artículo, el Parque por la Paz se ha desarrollado de manera notable. Hoy funciona allí un interesante museo y puede visitarse para más información el sitio web www.villagrimaldicorp.cl (N. de E.).].

32. Los casos que se mencionan en este artículo figuraron de manera destacada y extensa en los medios de comunicación. Se escogieron sobre la base de las estimaciones propias del autor y no de un análisis científico del contenido de la prensa. P. Aguilar-Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid: Alianza, 1996, pp. 389-434, usa una metodología que podría aplicarse en Chile. Una fuente reciente de documentación sobre estos temas, en el período de la dictadura y también a partir de 1990, aparece en el sitio web www.derechoschile.com.

33. R. Palma Salamanca relata la fuga de uno de los participantes en El gran rescate: desflorando al viento. Santiago: LOM, 1997, cuya publicación despertó críticas divididas y llenas de amargura. Palma también estaba condenado por el asesinato del senador Guzmán y de dos oficiales de las Fuerzas Armadas.

34. En julio de 1990 salió a la luz pública una disputa personal entre dos políticos de derecha, Evelyn Matthei y Sebastián Piñera, y se supo que la inteligencia militar había grabado unas conversaciones telefónicas privadas. Cristián Bofil da a todo el episodio un trato periodístico de gran colorido, en Los muchachos impacientes. Santiago: 1992. En aquel momento, tan al comienzo de la transición, la opinión pública condenaba con firmeza la continuación de semejantes prácticas, heredadas de la dictadura de Pinochet. Véase M. A. Garretón, et al., Los chilenos y la democracia: la opinión pública, 1991-1994. Volumen 2: Informe 1992, Santiago: Participa, 1992, pp. 75-78.

35. Otra vez se trató también de los “pinocheques” (Rafael Otano, Crónica de la transición. Santiago: Planeta, 1995, pp. 306-320). Así, el gobierno se vio enfrentado a una crisis en varios frentes, que expresaba el doloroso pasado debido al comportamiento de actores públicos, los tribunales además del Ejército, que no pudo controlar.

36. Los datos sobre opinión pública entre marzo y junio de 1993 muestran un descenso brusco en la reacción favorable ante el manejo, por parte del gobierno, de las relaciones con el Ejército (de 48,0% a 27,4%) y de los derechos humanos (de 46,1% a 38%): “Estudio social y de opinión pública núm. 20, julio 1993”, Santiago: agosto de 1993, p. 52.

37. De Brito, Human Rights and Democratisation in Latin America: Uruguay and Chile. Nueva York: 1997, pp. 152-188, y passim.

38. Véase Garretón et al. M. A. Garretón, et al., Los chilenos y la democracia: la opinión pública, 1991-1994. Volumen 3: Informe 1993, Santiago: Participa, 1993, p. 64-66.

39. Ante la creciente presión internacional sobre la dictadura, el caso se eximió expresamente de la ley de Amnistía autoproclamada en 1978. La transición pactada de Chile a la democracia significó aceptar la legitimidad de esta ley, que los gobiernos de la Concertación no lograron revocar debido a la presencia de senadores designados y la representación excesiva de derecha en el Congreso.

40. Desde 1990, los gobiernos, con cierta medida de éxito, han procurado promover a jueces comprometidos con la reforma y trasladar ciertos casos de la justicia militar a la justicia civil. Con respecto a la falta de protección de los derechos humanos en los tribunales durante la dictadura, véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Secretaría general de gobierno, Santiago: 1991 y J. Correa Sutil, “‘No Victorious Army has ever been Prosecuted…’: the Unsettled Story of Transitional Justice in Chile”. A. J. McAdams (ed.), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies. Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1997, pp. 125-154.

41. La investigación judicial del caso Albania se reabrió y, a diciembre de 1998, los supuestos autores (miembros de la inteligencia militar de la época, CNI) fueron acusados de homicidio. Durante la dictadura, la Colonia Dignidad, establecimiento alemán semiautónomo en el sur de Chile, fue un lugar de detención, tortura y desaparición. Este lugar siniestro hizo noticia repetidas veces durante todo el lapso a partir de 1990. (Resulta revelador que, a pesar de haber cambiado su nombre legalmente por el de “Villa Baviera”, la comunidad sigue apareciendo en la prensa con el nombre antiguo, lo que la fija en la memoria histórica). Hasta aquí, las iniciativas persistentes del gobierno y de los tribunales, con el apoyo activo del gobierno de Alemania, no han logrado penetrar sino en parte los supuestos secretos.

42. Los procesos contra Pinochet en España, incluso el caso Soria, están resumidos en P. Rojas B., Tarda pero llega. Que se publicó en Chile un mes antes del viaje fatal del general a Londres.

43. Dos de los primeros análisis están en Rodrigo Baño “La ropa sucia se lava en… la medida de lo posible”. Análisis del año 1998: Sociedad, política, economía. Santiago: Departamento de Sociología, Universidad de Chile, pp. 11-23, y Claudio Fuentes, “Cuando lo anormal se convierte en cotidiano. Los militares y la política en Chile 1998”. Análisis del Año 1998. Santiago: Departamento de Sociología, Universidad de Chile, 1999, pp. 59-70. El segundo, con acierto, pone el caso Pinochet dentro de la evolución más amplia de la relaciones entre civiles y militares durante los ocho primeros años de la transición de Chile bajo la Concertación.

44. Además del retiro de Pinochet del alto mando, acaecido en marzo de 1998, la selección permanente de los ascensos anuales en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que realizó la Concertación durante el decenio de 1990, sin duda dio como resultado un cuerpo de oficiales más acorde con el control democrático. En noviembre de 1998, durante la misma semana en que se reunía el Consejo Nacional de Seguridad, el general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet como comandante en jefe del Ejército, anunció una nueva serie de retiros que dio a entender la consolidación de un nuevo cuerpo de oficiales, con escasas figuras relacionadas con violaciones de los derechos humanos en el pasado.

45. La derecha política, sintiéndose de pronto vulnerable a causa de la ausencia de Pinochet de la escena nacional, se dedicó con denuedo a la política expresiva. Entre muchos ejemplos, el heroísmo fanfarrón del alcalde Cristián Labbé, oficial retirado, quien durante varias semanas se negó a retirar la basura de las embajadas británica y española, situadas en su comuna de Providencia, en Santiago, comunica mejor tal vez los sentimientos de frustración e impotencia de la derecha.

46. Aunque modificado en sus detalles a raíz de descubrimientos posteriores, el mejor relato básico de este episodio lo da Patricia Verdugo en Los zarpazos del puma: caso Arellano. Santiago: CESOC, 1989, del cual se vendieron cien mil ejemplares y que se mantiene como el libro chileno de mayor venta de todos los tiempos.

47. Entre estas figuras se contaron el ex presidente Aylwin (quien hizo una solicitud parecida en 1991 cuando presentó el Informe Rettig), y líderes de la derecha política, como el candidato presidencial Joaquín Lavín y el senador Sebastián Piñera, cuyas actitudes fueron más cautelosas, pero reflejaron una meta a más largo plazo en el sentido de avanzar la política de Chile más allá de las antiguas polaridades.

48. Véase Boeninger, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello/Andros, 1997; Otano, Crónica de la transición. Santiago: Planeta, 1995; y Cavallo, Historia oculta de la transición. Santiago: Grijalbo-Universitaria, 1998. El segundo tomo de las memorias del ex presidente Aylwin, en el que está trabajando en este momento, será interesante en este aspecto.

49. J. S. Valenzuela, en su excelente artículo inicial, “Consolidation in Post-Transitional Settings”. Sostiene, con expresa referencia a Chile, que el éxito de las redemocratizaciones “exige una iniciativa deliberada de parte de las élites democratizantes por no resucitar símbolos, imágenes, conductas y programas políticos relacionados con los conflictos que condujeron al quiebre anterior”. (S. Mainwaring, G. O’Donnell y J. S. Valenzuela (eds.), Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1992, p. 79 y nota 39). Incluso en fecha tan temprana, Aylwin estuvo dispuesto a contravenir esta lógica en nombre de la reconciliación nacional. Las “irrupciones” ocurridas en Chile durante ocho años de gobiernos elegidos señalan la necesidad permanente de que los dirigentes democráticos conciban una política activa dirigida a la memoria histórica de la sociedad.

50. “Con ocasión de los funerales del ex presidente de Chile, don Salvador Allende G.”, Santiago, 4 de septiembre de 1990, en Aylwin, La transición chilena: discursos escogidos, marzo 1990-1992. Santiago: Andrés Bello, 1992, p. 85.

51. “La transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia”. Éste no fue un lapsus linguae sino un acto político intencional de parte de Aylwin, debatido anteriormente en el seno de su gobierno. Véase Otano, Crónica de la transición. Santiago: Planeta, 1995, pp. 185-98.

52. Dentro de un lúcido análisis de los diferentes significados que los politólogos atribuyen a la expresión “consolidación democrática” y su aplicación a las transiciones actuales, Andreas Schedler, con sensatez, ha propuesto que el término se refiera “a expectativas de continuidad del régimen, y a nada más” (“What is Democratic Consolidation?”. Journal of Democracy. Volumen 9, núm. 2, abril de 1998, p. 103). Otros dos estudios académicos importantes de este tema son S. Mainwaring, G. O’Donnell y J. S. Valenzuela (eds.), Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame, Indiana: Univ. of Notre Dame Press, 1992; y J. J. Linz y A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post Communist Europe. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1996.

53. Boeninger defendió esta tesis mientras formó parte del gobierno de Aylwin, más adelante, en su libro Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello/Andros, 1997 (véase pp. 428-433).

54. Véase J. M. Puryear, Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1994, especialmente las pp. 101-159. Cf. Boeninger, personaje clave en la “concertación” de intelectuales y políticos, en Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: 1997, pp. 312-340.

55. Entre estos grupos se contaron las familias de detenidos desaparecidos (AFDD), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). Los principales actores no gubernamentales en favor de los derechos humanos: la Vicaría de la Solidaridad, cerrada oficialmente en 1991, y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, no catalizaron la inquietud nacional por ocuparse de asuntos de la memoria histórica durante la transición a la democracia. En 1998 han surgido indicios de que la Iglesia Católica podría mostrarse más activa en esta materia, luego del nombramiento de un nuevo arzobispo de Santiago.

56. “Transition, Continuities, and Paradoxes”. S. Mainwaring, G. O’Donnell y J. S. Valenzuela (eds.), Issues in Democratic Consolidation. Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1992, pp. 17-56, especialmente las pp. 18-19, profunda meditación sobre aquel problema latinoamericano lamentablemente clásico: la democradura.

57. Las suaves cenizas del olvido es una interpretación señera de cómo en Chile las élites, históricamente, rehacen la política después de una ruptura importante y establecen un patrón repetido de acomodación, pero dan forma a una cultura de olvido. Vista como parte de esta trayectoria más larga, muchos de los rasgos de la “conspiración del consenso” contemporánea surgirían de esta característica más profunda de la cultura política chilena. No obstante, una premisa implícita de este trabajo es que la ruptura que representó el lapso 1967-1990 es más honda y de calidad diferente, y que, junto con el contexto mundial muy distinto de los años de 1990, esa diferencia se manifiesta en las irrupciones de la memoria del país. Cf. Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las ardientes cenizas del olvido. La vía chilena de reconciliación política, 1932-1994. Santiago: LOM/DIBAM, 2000. La transición española indica que el largo tiempo que pasó desde el trauma de la Guerra Civil ayudó a que la democracia tratara asuntos de la memoria histórica. Véase Aguilar Fernández, Memoria y olvido. Con todo, también ayudó el contexto histórico más amplio de los años setenta, en especial el de la integración europea.

58. The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Trad. A. Goldhammer, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991 [1990]. [Véase también H. Rousso, “La trayectoria de un historiador del tiempo presente” en esta publicación. (N. de E.)]

59. Divided Memory: The Nazi Past in the Two Germanys. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1997.

60. Herf, Divided Memory. pp. 334-372, passim. La interpretación que hace Herf del contraste entre Heuss y la actitud más conservadora y pragmática del canciller Konrad Adenauer, jefe del gobierno de Alemania, es notable y señala la utilidad de que la autoridad pública se divida entre el jefe del estado y el jefe del gobierno, como las funciones complementarias del rey y del primer ministro durante la transición española a la democracia. En tal calidad, ofrece apoyo al debate académico sobre la utilidad potencial del régimen parlamentario, frente al régimen presidencial, en la creación de democracias estables. Sobre estos puntos, véase J. J. Linz y A. Valenzuela, The Failure of Presidential Democracies. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1994; y S. Mainwaring y A. Valenzuela (eds.), Politics, Society, and Democracy: Latin America. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998; C. Huneeus, “The Pinochet Régime: A Comparative Analysis with the Franco Régime”. Latin America. Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 71-99; Arturo Valenzuela, “The Crisis of Presidentialism in Latin America”. Scott Mainwaring y Arturo Valenzuela, Politics and Democracy: Latin America. Boulder, Colorado: Westview Press, 1998, pp. 121-139; y S. Mainwaring y M. S. Shugart, “Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A Critical Appraisal”. Cambridge University Press, 1997, pp. 141-69.

61. Max Weber, La política como vocación (1919). www.cop.es/delegaci/madrid/pspolitica/Weber.doc.

62. En cierta forma, la identificación con una ética de la responsabilidad surge con frecuencia sorprendente en las declaraciones públicas de la Concertación y con especial claridad en su política de derechos humanos. Véase, por ejemplo, José Zalaquett, “Introduction to the English Edition”. Commission on Truth and Reconciliation. Notre Dame, Indiana: The University of Notre Dame Press, 1993. Parece que Zalaquett, quien comenzó a desarrollar la importancia del análisis de Weber en una serie de trabajos a partir de fines de los años ochenta, tuvo importante influencia en la política de la Concertación en esta época. La larga tradición legalista de Chile ha sido objeto de amplia observación y los políticos de la Concertación se percataron con especial agudeza del daño que había sufrido, no sólo con la dictadura de Pinochet sino también bajo el gobierno de la Unidad Popular de Allende, mediante el uso reconocido de resquicios legales dudosos para imponerse a un Congreso dominado por la oposición.

63. Véase el análisis inicial de Louis Bickford, “The Archival Imperative: Human Rights and Historical Memory in Latin America’s Southern Cone”. Human Rights Quarterly 21:4, noviembre de 1999, y “Human Rights Archives and Research on Historical Memory: Argentina, Chile, and Uruguay”. Latin American Research Review. Núm. 35, volumen 2, primavera de 2000. [Cf. también la sección Archivos en esta publicación. (N. de E.)].

64. Aunque no carece de aspectos expresivos, es notable que en marzo de 1998 los estudiantes de la Universidad Católica de Chile hayan organizado una conferencia de un día de duración sobre “La historia de la dictadura”. El departamento de historia de la Universidad de Santiago, junto con ECO-Educación y Comunicaciones, una ONG con experiencia en historia oral, organizó un seminario sobre la memoria histórica de Chile. Varios autores, Memoria para un nuevo siglo. Santiago: 2000. El gesto y la palabra: ritos políticos y representaciones sociales de la construcción democrática en Chile. Por Alfredo Joignant, Santiago: LOM /ARCIS, 1998, que se recibió demasiado tarde para incluirlo en este artículo, es el primer estudio sostenido de las dimensiones expresivas del retorno de Chile a la democracia; abarca hasta 1990.

65. El Programa Internacional de la Universidad de Wisconsin-Madison y el Instituto de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Columbia realizan en la actualidad sendos proyectos, con duración de varios años, sobre los “legados del autoritarismo” en América Latina y otras sociedades. El Social Science Research Council (SSRC) ha iniciado un programa de investigación y capacitación, de tres años, sobre “Memoria histórica de la represión en el Cono Sur”, ampliando una lograda iniciativa anterior de iluminar la “cultura del miedo” en esta región. (Véase J. E. Corradi et al. (eds.), Fear at the Edge. Berkeley: University of California Press, 1992). [Los tres primeros tomos publicados del proyecto SSRC son: Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. Madrid: 2002; Claudia Feld, Del estado a la pantalla: Las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina. Madrid, 2002; y Elizabeth Jelin (comp.), Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas in-felices. Madrid, 2002. (N. de la E.)] En diciembre de 1998, la Universidad de California-San Diego celebró una gran conferencia multidisciplinaria que reunió a estudiosos de Chile, de los Estados Unidos y del Reino Unido para analizar los verdaderos logros de la transición “modelo” de Chile, a partir de 1990; Paul Drake e Iván Jacksic (eds.), El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa. Santiago: LOM, 1999 (Cf. P. W, Drake e I. Jaksic (eds.), The Struggle for Democracy in Chile: 1982-1990. Lincoln: University of Nebraska Press, 1991). El historiador Steve Stern, de la Universidad de Wisconsin, ya publicó el primer tomo de su estudio sobre la memoria histórica dividida de Chile, sobre la base de entrevistas en profundidad (Remembering Pinochet’s Chile. Durham, Duke University Press, N.C., 2004). Todas estas obras complementarias prometen la catalización de un campo de estudio académico relacionado con los puntos que se analizan en este artículo.



Este trabajo fue publicado en su versión original bajo el título “Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile’s Transition to Democracy”. Journal of Latin American Studies 31, 1999, pp. 473-500. <inicio>