Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú

Introducción


Las noticias redactadas por Federico Guillermo Lorenz, “Archivos de la represión y memoria en la Argentina”, Jennifer Herbst con Patricia Huenuqueo, “Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile”, y Ruth Elena Borja Santa Cruz, “Los archivos de los derechos humanos en el Perú”, representan un desmentido a la idea convencional de que faltan archivos para la historia del tiempo presente, afirmación que conduce a depositar demasiada confianza en los actores y en sus testimonios a posteriori, en desmedro de las pruebas documentales de lo que hacían y pensaban en el momento de los acontecimientos.

En las situaciones descriptas por los autores mencionados se destacan desde un comienzo varios rasgos comunes. Ante todo, y con respecto a los archivos recientes, en la región se ha puesto en marcha una dinámica cuyos resultados son visibles, que se origina en una toma de conciencia del valor de los archivos como memoria y prueba de lo ocurrido en países que padecieron la violencia política en épocas recientes. Se ha hecho un esfuerzo especial para proteger y clasificar lo que suele denominarse “archivos de derechos humanos”, emprendidos por las organizaciones de víctimas y familiares, como las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina) o la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Chile), y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la Vicaría de la Solidaridad de Chile y varias entidades integrantes de la Coordinadora peruana. El último rasgo común digno de señalarse es la creación, en la década de 1990, de lo que podríamos llamar “institutos de memoria”. Esos centros tienen dos objetivos fundamentales: la recolección y protección de archivos y la educación y sensibilización del público con respecto al pasado reciente. Es el caso de Memoria Abierta (www.memoriaabierta.org.ar) y la Comisión Provincial por la Memoria (La Plata) (www.comisionporlamemoria.org), de la Argentina.

En conjunto, estas reseñas ilustran la gama de fuentes disponibles en nuestros días. Las concernientes a Chile abarcan archivos administrativos estatales, archivos de los derechos humanos y colecciones particulares (documentos de políticos, archivos de movimientos clandestinos, etc.). Se trata de centros de documentación que ya presentan un valor histórico aunque no han concluido todavía su ciclo de vida administrativa (según la terminología archivística). Víctimas, jueces y abogados aún recurren a ellos (así como lo hicieron las comisiones de la verdad, en el período de su actuación), pero también acuden a ellos los investigadores sin por ello desatender las restricciones habituales que protegen la privacidad de las personas.

Si entre los archivos recientes sólo se toman en cuenta los directamente relacionados con el pasado violento –violaciones, víctimas y perpetradores–, pueden distinguirse cuatro categorías: 1) órganos estatales de represión; 2) organismos de víctimas y familiares y de defensa de los derechos humanos; 3) comisiones investigadoras “de la verdad” y tribunales de justicia –que operan a partir del cese de a la violencia–, y 4) colecciones particulares constituidas alrededor de personas o temas que operan durante el período de violencia o con posterioridad a los hechos. Con la excepción de los archivos judiciales, esas categorías de documentos están efectivamente representadas en las reseñas. Debe hacerse una mención específica de los archivos de órganos de represión policial como la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), cuya conservación se puso en manos de la Comisión Provincial por la Memoria ya mencionada.

Aún hoy, saber dónde se ubican los archivos de organismos estatales de represión obedece sobre todo a una cuestión de azar, ayudada –hay que decirlo– por la tenacidad de periodistas de investigación, jueces y defensores de los derechos humanos. En muchas ocasiones los servicios de policía política e inteligencia militar recibieron instrucciones para destruir sus legajos en el momento de su disolución. Sin embargo, a la fecha de hoy, se han recuperado los archivos de la Policía Política de Río de Janeiro o DOPS (1964-1985) en Brasil y los de la policía del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1985) en Paraguay. Cabe destacar, en este sentido, el libro compilado por Ludmila da Silva Catela y Elizabeth Jelin, Los archivos de la represión (Madrid, Siglo XXI, 2002). A ello debe sumarse el descubrimiento hecho público en 2005 de los archivos de la Policía Nacional de Guatemala, sobre los cuales ya está trabajando un equipo de archivistas.

La apertura de los archivos de la represión ha permitido la aparición de toda una nueva línea de estudios sobre la junta brasileña (1964-1985) desde fines de la década de 1990, entre ellos el de Kenneth Serbin. Pues si bien los historiadores del tiempo presente consideran que es preciso comenzar de inmediato a estudiar el pasado reciente, son conscientes, al mismo tiempo, del carácter provisorio de los primeros trabajos. El conocimiento histórico progresa en parte al ritmo de los archivos que se ponen al alcance de los investigadores.

La responsabilidad del estado está en cuestión en los archivos de los servicios de la Policía y el Ejército. Ahora bien, en los tres países estudiados (pero también en otros lugares de América del Sur), el estado ha empezado a preocuparse por y a ocuparse de preservar tanto los archivos de la represión como los de los derechos humanos, y ponerlos a disposición del público. La Comisión Provincial por la Memoria y el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, Argentina, son un ejemplo. Cabe señalar, asimismo, la asistencia técnica prestada en Chile por la DIBAM a las organizaciones de derechos humanos para clasificar sus archivos y lograr su inscripción en el registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. También son dignas de mención las instrucciones transmitidas por la Secretaría de Derechos Humanos (www.derhuman.jus.gov.ar) del gobierno federal argentino a sus servicios, con el fin de evitar la destrucción de archivos estatales del período violento, así como la creación del Archivo Nacional de la Memoria que conserva los archivos de la CONADEP (comisión de la verdad que redactó el informe titulado Nunca más).

El Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos (www.defensoria.gob.pe) establecido dentro de la Defensoría del Pueblo en 2004 para la conservación de los archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú es un ejemplo de esos logros. La historia comienza en las organizaciones de derechos humanos integrantes de la Coordinadora, cuyos fondos fueron clasificados. Luego, la CVR peruana utilizó para sus trabajos los archivos de quince de esas organizaciones. Además, el servicio de archivos de la CVR transfirió sus propios registros al nuevo centro, donde se pusieron a disposición de las víctimas y de los investigadores seis meses después de la publicación del informe de la comisión.

Señalemos, por último, que los esfuerzos hechos en materia de conservación reciben el apoyo de organismos especializados como el International Center for Transitional Justice (ICTJ) (www.ictj.org/es) y el International Council on Archives (ICA) (www.ica-sae.org), que inscribieron los archivos de la violencia política entre sus prioridades.


Traducción de Horacio Pons