Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973

Mauricio Chama



INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda el proceso de radicalización política que atraviesa una importante franja de abogados argentinos entre fines de la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970. Intentaremos reconstruir su itinerario enfocando a los que en la ciudad de Buenos Aires se dedicaron a la defensa de presos políticos y sociales, entre 1968 y 1973. El objetivo es rescatar la institucionalización de la defensa de presos sociales y políticos a través de la reconstrucción de dos momentos claves. El primero, entre 1968 y fines del año 1970, generado a partir de la fugaz experiencia defensista creada en torno de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA). El segundo, desde comienzo de 1971 hasta fin de 1973, en que se formó un verdadero frente de oposición contra la dictadura militar, conocido como Asociación Gremial de Abogados.

Creemos que el proceso de movilización y politización que experimentó este núcleo de abogados puede ser visto como una expresión efímera pero paradigmática de ciertos dilemas y tensiones que recorrieron otros ámbitos profesionales por esos años, cuando los dos procesos centrales de la época, modernización cultural y radicalización política, parecieron coincidir, aunque con diferente forma, alcance e intensidad, en la conformación, los discursos y las prácticas de nuevas instituciones.1 En el caso que nos ocupa, la relación instaurada por los abogados entre política y profesión puede ser vista como una suerte de avenida de doble mano que permitió a este grupo transitar, no sin dificultades, de la asistencia legal a la militancia revolucionaria y el cuestionamiento del canon tradicional que guiaba el ejercicio de la profesión, y de la denuncia contra la represión militar a la impugnación al sistema en su conjunto. Su experiencia aparece como uno de los fenómenos que conformaron la nueva izquierda.



DERECHO, MODERNIZACIÓN Y POLITIZACIÓN EN LOS AÑOS SESENTA

Durante décadas, uno de los rasgos más notorios de la Argentina fue el singular cruce entre modernización social y cultural y politización. Con el correr de los años sesenta, esta relación se volvió más compleja cuando algunas líneas de modernización desplegadas en la cultura y la sociedad argentina coincidieron con la idea de revolución.

La modernización ganó terreno entre las capas medias urbanas y estuvo fuertemente influenciada por las modas y tendencias provenientes de los países centrales. Si bien en nuestro país esta renovación tuvo un impacto más limitado que en los países centrales del mundo occidental de posguerra, este impulso modernizador abarcó múltiples manifestaciones que iban desde los nuevos hábitos de consumo juvenil y las renovadas expectativas de ascenso social, el cuestionamiento de la moral sexual y familiar tradicional, el nuevo estatuto de la mujer y la divulgación del psicoanálisis, hasta las expresiones artísticas asociadas a la vanguardia y la creación de carreras universitarias “modernas” como psicología o sociología.

Muy pronto aquella renovación cultural se fue articulando con la idea del compromiso político (sartreano), invadiendo no sólo el debate político sino también la producción académica, profesional, artística y literaria. Educación con contenidos y métodos “liberadores”, grupos alfabetizadores, núcleos de arquitectos que impulsaban proyectos de “viviendas populares”, nuevo cine y teatro político: todo parecía politizarse inevitablemente. Términos como “revolución”, “liberación nacional”, “socialismo” o “foquismo” se convirtieron en ideas fuerza que impregnaban la socialización política de vastos contingentes de jóvenes de clases medias. Además, determinados hitos políticos en el nivel internacional (como los procesos de descolonización en Asia y África y, muy especialmente, la revolución cubana) combinados con acontecimientos políticos del orden local, como la irresoluble cuestión del peronismo, contribuyeron al proceso de radicalización ideológica y política que se profundizó hacia fines de la década de 1960 y dio lugar a la emergencia de la nueva izquierda.2

El campo del derecho no fue un ámbito sin comunicación ni intercambios con el conjunto de la cultura y la política nacional. Muy por el contrario, importó y adaptó significados procedentes de esas zonas. Desde el comienzo de la década de 1960, cierta impronta modernizante logró filtrarse en la tradicional carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, dando inicio a una incipiente renovación disciplinaria orientada a acercar la abogacía al conjunto de las ciencias sociales y, en particular, a la sociología de orientación norteamericana. Ello promovió el desarrollo de una “sociología jurídica”, a través de la cual se intentaba aportar un conocimiento más inmediato de la realidad que, hasta entonces, sólo había sido objeto de una reflexión especulativa. El producto directo fue la realización de una serie de investigaciones empíricas (relativas a la organización judicial, al acceso del ciudadano a la justicia, a los sistemas de resolución de conflictos, al funcionamiento del estado, etc.) encaradas por jóvenes juristas interesados en explorar el papel del Derecho en el cambio social.3

Por esos mismos años, varios estudiantes y graduados de Derecho, muchos de ellos militantes políticos en los diversos grupos de izquierdas, en el peronismo o el radicalismo, comenzaron a trabajar como abogados en pequeños sindicatos combativos, organizaciones defensoras de presos sociales y políticos como COFADE4 o de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.5 Otros jóvenes abogados empezaron a asistir legalmente en forma individual a detenidos sociales y políticos que bajo el decreto 4.161 cumplían penas de prisión no excarcelable por el simple hecho de haber mencionado la palabra Perón o peronismo o porque habían caído víctimas del Plan Conintes.6 Estos diversos marcos de intervención profesional representaron una primera vía de entrada a la actividad defensista y una singular forma de conectar su adscripción profesional con sus primeras incursiones en el terreno político y social.



EL PRIMER MOMENTO: LA CONFORMACIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS DE LA CGTA

El 28 de junio de 1966, un nuevo golpe militar irrumpió en la frágil vida política argentina. Si bien el régimen de democracia parlamentaria venía funcionando irregularmente desde la proscripción del peronismo en 1955, la nueva coyuntura no sólo reafirmaba el papel central de la corporación militar en la escena nacional sino también el fracaso de las fuerzas políticas para construir una fórmula legítima que incluyera la cuestión del peronismo. No obstante, la nueva intervención militar no se presentaba como un golpe más, sino como el intento más serio de desplazar la política por la administración, con el objeto de poner fin a la situación de “empate” que procedía de las reglas establecidas diez años atrás.

En una sociedad habituada desde 1930 a la alternancia entre gobiernos civiles y militares, muchos compartieron la ilusión de que sólo una “revolución” salvadora (entendida como ruptura con las formas tradicionales de la democracia política) podría sacar al país de la parálisis económica, la ineficacia y el desorden. En ese contexto, en donde los valores de la democracia cedieron paso a la exaltación de la autoridad y de la eficacia, no resultó casual que sólo unas pocas voces se alzaran contra el nuevo experimento autoritario. A pocos días del golpe, una nota publicada por el semanario Primera Plana (revista que alentó la salida golpista) afirmaba que uno de esos sectores desde el cual se cuestionaba al nuevo gobierno de facto –y siguiendo en orden de importancia a los políticos de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) desplazados del poder y a los universitarios inmediatamente afectados por la persecución oficial–, estaba conformado por los “hombres de leyes”.7 Según dicho artículo, a las 48 horas de derrocado Illia,8 la Asociación de Abogados de Buenos Aires había manifestado su rechazo al Estatuto de la Revolución (pues la Constitución Nacional quedaba subordinada a él) y también expresaba su preocupación por la destitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.9

Visto en retrospectiva, no resulta extraño que una entidad como la Asociación, que reunía a juristas políticamente cercanos al radicalismo y a las distintas variantes del socialismo, se manifestara contra el nuevo gobierno de facto. Lo que sí resultaba sorprendente era la posición adoptada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (institución que nucleaba a profesionales representantes de las elites más poderosas del país), que tomaba cierta distancia respecto del gobierno militar. Aunque en un tono menor, esta entidad declaraba que “ todo quebranto del orden constitucional es siempre penosa solución” y que

como precedente institucional, su gravedad no se amengua por la circunstancia tranquilizadora de haber sido nombrados integrantes del Tribunal Supremo, jueces y juristas con la sabiduría y probidad que demanda realizar el ideal de Justicia.
Entre esos juristas, que se integraron a la nueva Corte Suprema de Justicia y juraron bajo el estatuto revolucionario, se encontraban Eduardo Ortiz Basualdo y Marco Aurelio Risolía, ambos socios del tradicional Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde sus primeros días, el gobierno de facto se caracterizó por la aplicación de una fuerte política autoritaria, orientada a reprimir toda disidencia política o cultural que, de ahí en más, pasó a ser calificada como “comunista”. Si bien la cuestión sobre el comunismo no era un dato nuevo en la política argentina contemporánea, desde comienzos de los años sesenta la cuestión se convirtió en “objeto de prédica alarmada e insistente”,10 por parte de unas Fuerzas Armadas temerosas de que el ejemplo cubano se propagara por todo el continente. El tema sobre el “peligro comunista”, que había ocupado un lugar destacado en la legitimación del golpe militar, encontraba un nuevo fundamento en la doctrina de la seguridad nacional, marco interpretativo que le asignaba un lugar central a las Fuerzas Armadas, no sólo en la defensa del territorio sino también de aquellos valores e instituciones que éstas consideraban como constitutivas del “ser nacional”. La implementación de esta doctrina se puso inmediatamente en marcha con la creación del Consejo Nacional de Seguridad11 y con la posterior sanción de la ley 17.041,12 dando lugar a innumerables detenciones de dirigentes y activistas políticos, gremiales y estudiantiles; a múltiples hechos de censura, así como también a la intervención de la universidad y el asedio a diversos centros modernizantes de la cultura como el Instituto Di Tella.

Frente a la consolidación en el poder de una visión profundamente autoritaria y antimoderna, acompañada por el cierre de todo canal de intercambio político, se fue conformando un polo opositor, dotado de parecida consistencia, que promovió el encuentro de diversos sectores sociales y políticos en el enfrentamiento al régimen militar.

Uno de los sectores de oposición más activos giró en torno de la CGTA, una de las dos centrales en que se escindió el movimiento obrero en marzo de 1968. Este verdadero frente político gremial, de carácter pluralista y de oposición frontal al gobierno de Onganía, reunía a obreros e intelectuales profesionales. Su Programa del 1° de Mayo, base programática de la CGTA, convocaba a los sectores medios –empresariado nacional, pequeños comerciantes y productores, estudiantes, profesionales, intelectuales, artistas, religiosos, incluso los militares– a vincularse al movimiento obrero para conformar una “gran empresa común”. Esta amplia convocatoria confirmaba la intención de confrontar con la dictadura militar no sólo en el plano sindical sino también político.

En ese marco, los letrados de la Federación Gráfica Bonaerense (gremio del máximo dirigente de la central rebelde, Raimundo Ongaro), Conrado Ostigosa y Hugo Chumbita, convocaron a un grupo de profesionales con la intención de constituir el cuerpo de abogados de la CGTA. La principal tarea de este equipo era la defensa de presos políticos, sindicales y estudiantiles, cuyo número se había incrementado considerablemente con la puesta en marcha del nuevo marco legal represivo. De esta forma, el cuerpo de abogados de la CGTA quedaba integrado por los promotores de la iniciativa, a la que se sumaron Mario Landaburu, Rafael Lombardi, Raúl Aragón, Hugo Anzorregui, César Calcagno, Hipólito Solari Yrigoyen, Néstor Martins, Cayetano Póvolo, Antonio Deleroni, Juan Carlos Giráldez, Laura Rabey, Rubén Bergel y Ruben Gómez (posteriormente se agregarían los doctores Luis Cerruti Costa, Marta Fernández y Amílcar Grimberg). Estos profesionales, varios de los cuales venían asesorando a pequeños sindicatos combativos o asistiendo a muchos de los miles de estudiantes opositores arrestados por la aplicación de edictos policiales, comenzaron a desarrollar sus tareas diarias en la misma sede gremial de los trabajadores gráficos.

Más allá de su práctica profesional específica, interesa destacar que ésta se inscribía en un proyecto político gremial de claro contenido antiimperialista, anticapitalista y de abierto rechazo a las tácticas de la burocracia sindical. La participación del equipo, con voz y sin voto, en las reuniones del secretariado, o el hecho de desarrollar sus tareas sin percibir a cambio remuneración alguna, reflejaban cierta voluntad de anteponer los objetivos políticos a la función profesional. Como uno de los más activos integrantes del grupo, Mario Landaburu, afirma: “éramos militantes, pero como no teníamos gremio, el plus era la defensa de presos políticos”.13

La defensa legal de militantes pertenecientes a la nueva izquierda formaba parte de ese proceso de apertura y acercamiento hacia otros componentes del campo popular. Si bien la mayoría de los integrantes del cuerpo de abogados de la CGTA se definía políticamente como peronistas, la incorporación del radical Hipólito Solari Yrigoyen o la del abogado de izquierda Néstor Martins expresaba el carácter plural y abierto de la central sindical opositora.14

Una compleja coyuntura política caracterizada por el cercenamiento del sistema institucional (lo que reforzaba en esta franja opositora la convicción de que las masas tenían clausurado el camino de las urnas) creaba las condiciones para que la defensa de las primeras formaciones armadas se acompañara de la aceptación de la violencia como vía legitima para enfrentar al régimen militar. Un miembro del cuerpo describe el vínculo establecido con las primeras células guerrilleras de la manera siguiente:

Tuvimos muchas defensas: Taco Ralo, la calle Paraguay, muchos Tupamaros que caían acá, algunos grupos que se habían escindido del Partido Comunista, como las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), que estaban empezando a organizarse para la lucha armada […] Cuando cae esta gente, no recurren a los viejos organismos de defensa de derechos humanos del Partido Comunista (PC), como la Liga, pues habían roto con la línea del partido, “reformista” como le decían, que estaban en contra de la lucha armada o contra la violencia en general. Entonces se acercaban a la CGTA, donde había una confluencia total y ellos podían tener lugar. Estas expresiones políticas de izquierda, se identificaban con la CGTA y había espacios para ellos en diversas actividades.15
La constitución de la CGTA como polo de atracción de las corrientes opositoras a la dictadura de Onganía se sustentaba en su capacidad de establecer lazos con sectores estudiantiles y gremios combativos del interior del país. Al tiempo que el descontento social fue en aumento (y, por ende, crecieron los arrestos de activistas políticos y dirigentes gremiales) se volvió necesario para el cuerpo de abogados de la CGTA contar con la colaboración de otros profesionales radicados en ciudades del interior, dispuestos a presentar en tiempo y forma recursos de amparo y hábeas corpus en favor de los detenidos. El resultado de ello fue la constitución de una serie de filiales en distintos puntos del país dedicadas a la defensa de presos sociales y políticos, particularmente en aquellas ciudades donde la protesta social comenzaba a cobrar mayor intensidad como en Córdoba, Mar del Plata, Paraná, La Plata o Tucumán. Un abogado defensista de Entre Ríos da cuenta del carácter informal y casi espontáneo que dio lugar a la constitución de la filial en esa ciudad:

Nosotros éramos abogados de la CGTA en Paraná, entonces, a raíz de las movilizaciones estudiantiles en el 67, 68, incluso 69, hubo algunas caídas […] Con el que manteníamos una relación muy estrecha era con Cerruti Costa. Y Luis era como medio el abogado principal de Raimundo Ongaro, Aragón también… todos los que eran abogados de la gráfica. Entonces, como nosotros teníamos una estrecha amistad con él, además de una relación profesional, los temas que tenían que ver con la CGTA o con las detenciones o persecuciones, que correspondían jurisdiccionalmente a Paraná, los veíamos nosotros.16 
Esa forma de articular la labor defensista en el nivel nacional, al tiempo que les permitía actuar con mayor celeridad y eficiencia en el seguimiento de una causa o con relación al traslado de presos por varios penales, iba promoviendo la construcción de múltiples redes de abogados en distintos puntos del país. Estas primeras redes de acciones compartidas fueron de significativa importancia, pocos años después, en la gestación de un ámbito de intercambio más amplio conocido como Reunión Nacional de Abogados.

En la Capital o el Gran Buenos Aires otros juristas desarrollaban tareas defensistas en forma individual, vinculados a COFADE o a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, manteniendo contactos frecuentes con la CGTA. Ligados políticamente al peronismo, al radicalismo o a las izquierdas, estos abogados acompañaban la experiencia de la central sindical rebelde; conformaban una especie de segunda línea profesional que intervenía o asesoraba en situaciones puntuales. La empresa defensista en torno de la CGTA tenía dos funciones. Por un lado, era un ámbito de confluencia para numerosos abogados que construyeron su identidad como parte del denominado “campo popular, nacional y revolucionario”. Por otro, definía una suerte de nuevo repertorio ideológico y práctico que posteriormente fue reapropiado por otros protagonistas en acciones colectivas masivas.



ABOGADOS DEFENSISTAS: NUEVAS PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES EN EL CONTEXTO DEL CORDOBAZO17

A fines de mayo de 1969, la aparente paz social que el régimen había impuesto coercitivamente estalló con el Cordobazo. Trabajadores y estudiantes ocuparon la ciudad por casi dos días y derrotaron a las fuerzas policiales forzando la intervención del ejército. Para las organizaciones populares, el Cordobazo marcaba un camino: oponer a la violencia reaccionaria de la dictadura la violencia revolucionaria de los explotados. Convertido rápidamente en mito político, el Cordobazo significó un punto de inflexión, no sólo por la intensidad con que se planteó la revuelta social, sino también porque representó el pasaje de la utopía “modernizadora” a la utopía “revolucionaria”. Desde entonces las organizaciones revolucionarias se convirtieron en un dato permanente de la realidad nacional.

Un mes después del Cordobazo, un grupo armado ingresó a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y disparó contra su secretario general y líder del sindicalismo participacionista, Augusto Timoteo Vandor.18 A raíz de ese episodio, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país y reforzó la represión, intervino gremios, y detuvo a los principales dirigentes de la CGTA19 y también a varios abogados. Uno de ellos, encarcelado en aquella oportunidad, explica los motivos de la detención:

El día de la muerte de Vandor empezaron a caer en prisión abogados, sobre todo de los sindicatos de la CGTA. Yo estaba con Kestelboim y lo acompaño para verificar la intervención al grupo de la Asociación de Empleados de la DGI [Dirección General Impositiva]; y ahí nos detuvieron a nosotros y después siguieron deteniendo gente, abogados que iban a preguntar por abogados, hasta las dos de la tarde del día siguiente. Y entonces, en dos pabellones de Devoto había como treinta o cuarenta abogados presos.20
Veinte días después la mayoría de los abogados continuaban en prisión. Ante esta situación, una nota publicada por la revista Primera Plana reflejaba la visión de las dos entidades profesionales:

El Colegio y la Asociación de Abogados de Buenos Aires afirmaron que los procedimientos menoscaban a los profesionales: unos cuantos fueron detenidos cuando iban a las comisarías o a los sindicatos a interesarse por los cautivos, ejerciendo el derecho a la defensa.
A raíz de esta cadena de detenciones, que representaba una clara violación al libre ejercicio de la práctica profesional, el mismo artículo aludía a la gran cantidad recursos de hábeas corpus presentados en favor de los profesionales encarcelados.21 Para el gobierno, en cambio, las detenciones se fundaban en la sospecha sobre el vínculo que mantenían los abogados apresados con los grupos armados y el sindicalismo combativo. En esa nota periodística, además, se reflejaba la opinión del subsecretario del Interior, Darío Saráchaga, quien manifestaba: “no pudimos comprobar si son inocentes; al parecer, han asesorado a la subversión”. Por el tono de la declaración, era evidente que el gobierno militar comenzaba a visualizar a estos abogados como estrechamente vinculados a la estructura de los primeros grupos revolucionarios.

Es importante señalar que la trama solidaria creada entre abogados durante su detención común incidiría posteriormente en la constitución de la Asociación Gremial de Abogados.22 En esas circunstancias, dicho entramado relacional se extendió notablemente por la intervención de otros abogados (la mayoría relacionados a la CGTA) que actuaron en favor de los que estaban detenidos. Uno de ellos relata los hechos:

Todos los abogados que van los meten en cana [en la cárcel]. Entonces vienen a buscar a la segunda línea de abogados. A mí me vienen a buscar de la CGTA y me dicen que los habían puesto a disposición del Poder Ejecutivo, y que por ello defensas técnicas no se podían hacer […] Entonces ¿cuál es el compromiso que asumimos los abogados con la CGTA?, que nosotros vamos a hacer de vínculo a través del cual estos dirigentes van a poder seguir ejerciendo su condición de dirigentes, vamos a ir a verlos tres veces por semana, de tal manera de consultarlos, sacar sus opiniones, llevar los papeles, con lo cual nos podían mandar en cana también.23
En medio de un entorno social convulsionado por el Cordobazo, el compromiso asumido por estos abogados representaba un punto de ruptura con respecto al canon que guiaba el ejercicio liberal de la profesión, pues esta función de enlace (oral o documental) entre los prisioneros y las organizaciones externas, al convertirse en un elemento de apoyo extra legal, terminaba por desbordar los límites del propio desempeño profesional. Lo que interesa destacar aquí es cómo, a partir de este soporte extra legal, se iba consolidando la figura profesional del abogado comprometido. Esta figura implicaba entender la profesión como instrumento del ideal político, lo cual conducía a subordinar la práctica defensista a la lógica de la política radicalizada. No debe perderse de vista, sin embargo, que esta decisión de colocar la política en primer lugar, al menos en esta franja de abogados, era previa a su desempeño profesional específico. Es decir, a estos abogados no los politiza su labor defensista, sino que su politización formaba parte de un proceso más vasto que, como vimos, se venía desplegado en el país desde comienzos de los años sesenta.

Esta concepción del abogado comprometido suponía, igualmente, asumirse como voz de denuncia ante la política coercitiva instrumentada por el régimen militar. En este sentido, tiempo después de ser liberados por el caso Vandor, varios de los abogados detenidos vinculados a la CGTA, junto con la presidenta de COFADE y el padre Carlos Mugica (uno de los líderes del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo), dieron una conferencia de prensa para “denunciar y documentar casos de tortura” sobre detenidos políticos. Una nota publicada por la radicalizada revista Cristianismo y Revolución sintetizaba la conferencia y señalaba en uno de sus últimos párrafos:

Todos estos hechos han sido denunciados y señalados a la opinión pública. La única respuesta del gobierno ha sido el silencio o los nuevos hechos de torturas, asesinatos y represión que se vienen desarrollando.24


EL NUEVO LUGAR DE LOS GRUPOS ARMADOS REVOLUCIONARIOS Y SU DEFENSA

A casi un año del Cordobazo, otro acontecimiento conmocionó a la Argentina: el secuestro y posterior “ajusticiamiento” del general Aramburu,25 por parte del grupo armado peronista Montoneros. Como respuesta a este hecho, el general Onganía instaló la pena de muerte para actos considerados como terroristas.26 En un mensaje emitido por cadena nacional y reproducido por el diario La Nación, afirmaba que “es el modelo extranjero el que pretende ganar nuestras universidades, gobernar las estructuras sindicales, quebrantar nuestra unidad espiritual y destruir las Fuerzas Armadas y nuestro estilo de vida”.27 Tal vez, la insistencia por parte de Onganía en argumentos nacionalistas que alertaban sobre el “peligro comunista” desde el momento de su asunción, había terminado por activar ese fantasma tan temido. Sea porque la profecía se cumplía o no, lo cierto fue que a tan sólo diez días del Aramburazo, los altos mandos militares relevaron a Onganía y nombraron en su reemplazo al ignoto general Roberto Levingston. Quedaba, de este modo, clausurado el primer tramo de la Revolución Argentina.28

Sin embargo, estos recambios en la cúpula militar eran incapaces de frenar el intenso “ciclo de protesta” de alcance nacional que se abrió paso a partir del Cordobazo, estimulado, además, por la intensificación de los mecanismos represivos. Intimidaciones, detenciones y torturas fueron algunas de las prácticas utilizadas por las fuerzas de seguridad para disolver el vasto repertorio de acciones colectivas que incluía alzamientos populares, movilización estudiantil, protesta callejera espontánea, agitación obrera y acciones armadas. Las 250 operaciones de guerrilla urbana llevadas a cabo en el transcurso del año 197029 representaban un claro indicador del inédito lugar que ocupaban en el escenario político nacional los grupos armados, como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), surgido de la izquierda; las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAP) o Montoneros, que se asumían como peronistas. Asimismo, la irrupción de estos grupos demostraba de modo elocuente que la dictadura militar finalmente había agravado los peligros que deseaba conjurar. Es de destacar que, en tanto el antagonismo político se definió en términos de oposición o apoyo al gobierno militar, este creciente activismo de las organizaciones armadas revolucionarias, que de algún modo representaban la vanguardia en la lucha antidictatorial, contó con una considerable receptividad por parte de importantes sectores de la sociedad.30

En este entorno político signado por la aceleración de la protesta colectiva violenta y la creciente ilegitimidad de la Revolución Argentina, numerosos abogados con reconocida trayectoria política en el peronismo o en las izquierdas tomaron, indistintamente, la defensa de militantes pertenecientes a los diferentes grupos armados. Paralelamente, y a pesar de la liquidación de la CGTA, el cuerpo de abogados continuó desarrollando la actividad defensista por un tiempo más. Tanto en éstos como en otros casos, la asistencia jurídica no respondía a un criterio estrictamente político partidario, sino a una suerte de combinación entre cierta afinidad ideológica, reconocimiento de la lucha armada como expresión opositora y confianza personal entre el abogado y el preso o la organización. Este último aspecto no constituía un dato menor, pues al operar los grupos armados en la clandestinidad, la confianza y la comunicación directa entre las organizaciones y estos abogados resultaban de vital importancia a la hora de legalizar rápidamente las detenciones y evitar así los tormentos físicos a que eran sometidos regularmente los presos políticos.

Esta interacción basada en la confianza mutua implicaba, al menos en el transcurso del año 1970, un contacto sin mediaciones entre los abogados y los cuadros dirigentes de los grupos revolucionarios, sin que ello representase la pérdida de cierta autonomía relativa por parte de los primeros. Uno de los profesionales más activos por aquellos años, ligado al peronismo de izquierda, señala al respecto:

Nosotros teníamos una estrecha relación con Fernando Abal Medina, que fue cabeza del operativo Aramburu; eso nos lleva a que tomáramos la defensa de algunos detenidos por ese hecho o por el consiguiente: la toma de La Calera. O que una mañana, a fines del 69, tras la celebración del quinto congreso del PRT, nos visitaran Luis Pujals y Rubén Pedro Bonnet para plantearnos, en nombre de Mario Roberto Santucho, que en ese quinto congreso se había decidido emplear un brazo armado, un ejército, que se iba a llamar Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); que se iban a plantear operar sistemáticamente y a pedirnos que asumiéramos preventivamente la defensa los presos que pudieran tener. Al mismo tiempo, nosotros teníamos una gran afinidad ideológica con el grupo de las FAR, que hizo su presentación pública con la toma de Garín. Entonces, eso nos llevó a una gran actividad en las defensas políticas de estas organizaciones.31


DESAPARICIÓN DE MARTINS Y DISIDENCIAS EN LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES

La compleja conexión que los abogados mantenían con las organizaciones revolucionarias y la visibilidad que iban adquiriendo ante la opinión pública como denunciantes de la política represiva, terminaron por convertir a los propios abogados en blanco permanente de amenazas. Sufrieron intimidaciones, atentados y hasta secuestros por parte de los grupos parapoliciales y los núcleos clandestinos de extrema derecha.32 Uno de los primeros y más resonantes casos fue la desaparición del abogado de izquierda Néstor Martins junto con su cliente Nildo Zenteno a pocas cuadras de Tribunales, el 16 de diciembre de 1970.

Martins había tenido una intensa trayectoria defensista vinculada al cuerpo de abogados de la CGTA y a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Había logrado en el año 1965 el procesamiento por torturas de doce oficiales de Coordinación Federal.33 Uno de los abogados entrevistados imputa su secuestro al alto grado de visibilidad pública que había alcanzado: “Martins fue la primera víctima. Martins acaba de denunciar y enfrentarse personalmente a un jefe de Coordinación Federal. Realiza las primeras denuncias por tortura con nombre y apellido”.34 Otro entrevistado explica su desaparición por el hecho que haya servido de “correa de transmisión” entre un detenido y su organización armada: “a Martins se asegura que lo metieron en la parrilla, lo torturaron hasta que murió, había llevado un mensaje de algún grupo guerrillero y querían levantar ese mensaje, parece que era de la FAL”.35 Tiempo después del hecho, los abogados que atendían el caso afirmaban que una “organización derechista clandestina” denominada MANO se había adjudicado el secuestro.36

Más allá de las causas y autores del hecho, importa destacar que el caso Martins reflejaba el compromiso con que esta franja de abogados asumía el ejercicio profesional. En cambio, para las fuerzas de seguridad, el ejemplo de Martins representaba una amenaza, y para conjurarla debía igualarse a estos abogados con los activistas y detenidos políticos. Estas dos representaciones, originadas desde signos ideológicos contrapuestos, expresaban un mismo fenómeno: la compleja vinculación entre abogados y militancia revolucionaria.

Cinco meses después del secuestro y ante la escasa disposición del gobierno militar por su esclarecimiento, una comisión por la vida de Martins y Zenteno, integrada por personalidades vinculadas a movimientos sociales, partidos políticos y grupos sindicales y profesionales, convocaba a una Jornada Nacional de Protesta. La misma consistía en un inédito paro de abogados en distintos puntos del país –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, San Juan y Santa Fe–, y la realización de un acto público con la presencia de 15 oradores, en representación de organizaciones tan diversas como la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Actores, la Sociedad de Arquitectos, gremios combativos como SITRAC-SITRAM o la Federación de Villas de Emergencia.37 Resulta interesante destacar de esta demanda no sólo la extensión del campo de protesta a partir de la confluencia de sectores sociales y políticos heterogéneos sino, además, la adopción del paro, herramienta de reivindicación típica de la clase trabajadora, por un sector profesional de clase media y tradicionalmente moderado como los abogados. Además de pedir el esclarecimiento del caso Martins-Zenteno, los distintos grupos convocantes denunciaban “las leyes represivas, las torturas, la Ley Anticomunista, la pena de muerte” y se proponían “unificar los reclamos a favor de la libertad de los presos políticos y sociales”.38 Es decir, cuestionaban el marco normativo del régimen militar.

Aunque de manera tardía, la Asociación de Abogados de Buenos Aires se pronunció públicamente ante el secuestro de Martins, su posición era más bien refractaria a definirse ante las continuas intimidaciones y atentados sufridos por los abogados defensistas, algunos de ellos socios de la entidad. Esta postura reticente quedó de manifiesto a tan sólo diez días de realizarse la Jornada Nacional de Protesta, cuando la lista oficialista Azul, liderada por el doctor Carlos Fayt, triunfaba nuevamente en las elecciones para la renovación de autoridades frente al Movimiento de Acción Renovadora (MAR). La victoria alcanzada por Fayt representaba, según un artículo del diario La Opinión, la continuidad de una línea moderada, “reacia a declaraciones de apoyo a movimientos políticos populistas y a profesionales que militen en esas tendencias”.39 En aquella elección, el MAR, agrupación que reunía tendencias de centroizquierda, sumó los votos del radicalizado Frente de Abogados. Por esta vez, ellos decidieron acompañar al MAR a pesar que consideraban su plataforma como reformista y, si bien esa alianza táctica no logró revertir una orientación institucional, iba a mantenerse estable a pesar de los avatares políticos del país.

La prosecución de esta línea política mesurada por parte de la asociación abrió el camino para que un sector crítico, centrado en el Frente de Abogados, comenzara a identificar la institución como una entidad apolítica y preocupada sólo por el cuidado de intereses profesionales. Según este sector radicalizado, que agrupaba a jóvenes abogados de izquierda comprometidos con la labor defensista, el apoliticismo de la Asociación de Abogados no hacía más que encubrir una práctica profesional liberal, orientada a conservar y a legitimar el estado de cosas existente. Estos cuestionamientos, sumados a las escasas posibilidades que tenía este sector disidente de incidir en los lineamientos de la asociación –no había representación de minorías en la comisión directiva–, se tradujeron en una reivindicación: la necesidad de contar con una instancia que les otorgara cierta cobertura institucional para continuar con la actividad defensista. Un miembro de la Asociación de Abogados, perteneciente al MAR y contrario al alejamiento del grupo disidente señala:

La concepción que nosotros teníamos era que no había que apartarse; los abogados que tenían una posición militante más cercana a… o que eran de izquierda o estaban más cercanos a las organizaciones políticas de izquierda, no tenían que sectarizarse [sic] en una organización propia sino que debían participar e impulsar el trabajo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires […] Lo fundamos en la necesidad de no debilitar a la asociación y en la necesidad de que los abogados que estaban allí debían ir a la Asociación para modificar las cosas en la Asociación de Abogados, de manera de rodearla, de pelearla desde adentro.40
La reivindicación formulada por los abogados radicalizados significaba un distanciamiento de la institución. No sólo suponía tomar distancia respecto de una postura política institucional que consideraban anquilosada, sino, además, desmarcarse tanto del reformismo encarnado por el MAR dentro de la institución, como de la comisión jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (entidad ligada al Partido Comunista), fuera de la institución. “No lo viví tanto como una ruptura con la asociación sino con la liga”, sostiene el mismo entrevistado. “Eso era lo que venía de la izquierda disidente. Es decir, no querían estar en la misma organización donde estaba la gente del Partido Comunista. Eso fue así muy claro”. El doble distanciamiento respecto del reformismo político e institucional, al tiempo que expresaba la crisis de las organizaciones tradicionales, encontraba un notable parecido de familia con los procesos de ruptura que se sucedieron en la izquierda local desde los años sesenta. No por casualidad, varios de estos jóvenes abogados comprometidos militaron políticamente en alguno de los diversos grupos, tendencias o partidos pertenecientes a la nueva izquierda. Sin embargo, en el caso específico de la Asociación de Abogados, más que de una fractura institucional en sentido estricto, pareció tratarse de un alejamiento, en tanto los miembros del grupo disidente nunca dejaron de ser socios de esa entidad.



EL SEGUNDO MOMENTO: LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE ABOGADOS

El elemento que finalmente impulsó el distanciamiento institucional fue el secuestro del abogado y líder de las FAR, Roberto Quieto,41 en julio de 1971. Su defensa fue asumida por algunos abogados de ese sector contestatario, que obligaron a la policía a legalizar su detención.42 A raíz de este hecho, el grupo de abogados disidentes de la asociación, junto con un importante sector de abogados pertenecientes al peronismo de izquierda43 (algunos de ellos vinculados al ya disuelto cuerpo de abogados de la CGTA) realizaron una asamblea en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el propósito de institucionalizar la defensa de presos políticos.

Un abogado participante de esa primera asamblea analiza las diferencias políticas existentes entre los dos grandes grupos convocantes de la manera siguiente:

Cuando se produce lo de Quieto se hace una asamblea y claro, los grupos que tenían este compromiso eran grupos que se miraban con bastante envidia, porque eran peronistas revolucionarios y nos miraban a nosotros como pequeños burgueses claudicando y nosotros los mirábamos como lo mismo, como tipos en el fondo con limitaciones revolucionarias por vía de su claudicación nacional populista.44
Vale notar que aunque las divergencias políticas entre los grupos eran reales, existían también entre sus integrantes elementos de mutuo reconocimiento y aproximación, por pertenecer a una misma franja generacional (entre los 30 y 35 años) y sobre todo porque la mayoría de ellos habían compartido un pasado común como militantes estudiantiles en la Facultad de Derecho de la UBA entre fines de los años cincuenta y principios de los sesenta.

Fue a partir de estos elementos comunes de identificación que los participantes de esa primera asamblea –unas ochenta personas– conformaron la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal. Con esta denominación se buscaba marcar una distinción respecto de la liberal Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y la evidente asociación de la palabra gremial con el sindicalismo expresaba cierta disposición a despojarse de privilegios profesionales propios de los sectores medios y asumir una identidad semejante a la del resto de los trabajadores.

En ese primer encuentro, los participantes decidieron que la entidad funcionaría sobre la base de una comisión directiva renovable anualmente mediante asamblea (o voto secreto, en el caso de no existir consenso) y socios adherentes. Asimismo, establecieron que todos los miembros de la entidad podrían participar de las reuniones de comisión directiva, con voz pero sin voto. En función de la trascendencia del tema a tratar se convocaría a asambleas abiertas en las cuales participarían todos en pie de igualdad. El carácter abierto de esa asamblea volvió a ponerse en evidencia cuando hubo que definir la composición de la comisión directiva, donde se buscó mantener cierto equilibrio de poder entre las dos grandes fracciones convocantes. La primera comisión directiva de frente quedaba integrada por Domingo Mercante (como secretario general) Mario Mathov, Alejandro Vega, Mario Yacoub, Raúl Aragón, Esteban Righi y Mario Kestelboim.45 Esa primera asamblea resolvió también que el conjunto de los socios debía abonar una cuota mensual para alquilar un sede (la primera funcionó en la calle Suipacha 612) y afrontar gastos corrientes. Estableció un sistema de funcionamiento interno mediante el cual se asignarían las defensas por turnos, con el propósito de resguardar institucionalmente al abogado. Para ello, todos se inscribieron en una lista y de acuerdo al día en que se encontraran de turno, tomarían contacto con la causa.

El recurso a la asamblea deliberativa como instrumento para la toma de decisiones significaba poner en práctica un funcionamiento democrático y abierto que marcaba una notable distancia respecto del manejo tradicional de las organizaciones profesionales ya que propiciaba relaciones horizontales entre miembros. Asimismo, tendía a conferir un consenso amplio a las resoluciones tomadas por la nueva organización profesional, lo que colaboraba en la conformación de una voluntad común.

La creación de “la Gremial”, como era denominada por sus miembros, era sin duda producto de la acción de dos grandes grupos. Junto a ellos, sin embargo, coexistían diversas orientaciones políticas e ideológicas que cubrían un amplio arco de posiciones que iban del centro a la izquierda. En la Gremial confluyeron abogados vinculados al peronismo de izquierda, a las organizaciones revolucionarias, a los grupos escindidos de la izquierda tradicional, al cristianismo radicalizado y a la izquierda independiente. También participaron de esta experiencia abogados ligados al radicalismo, al socialismo y al comunismo. Uno de los elementos que unificaba este conglomerado era su frontal oposición al régimen militar, como recuerda un entrevistado:

Era un ejercicio militante de la profesión porque la finalidad era un frente contra la dictadura, pegarle desde nuestra trinchera y auspiciar la militancia […] nosotros teníamos una posición contra la represión, contra los procedimientos por izquierda, contra la persecución política a la militancia, y en ese marco asumíamos las defensas y estábamos en un frente común con otros abogados.46
Esta posición frentista quedaba de manifiesto en los objetivos que se fijó la Gremial al constituirse. Por un lado, reunir a los profesionales del Derecho en una entidad que diera respaldo a su actividad defensista, y por otro, denunciar la política represiva ilegal desatada por la dictadura militar. Sin embargo, era tan fuerte el peso de la política a comienzos de los años setenta, que esos objetivos se inscribieron “naturalmente” en otros más amplios que los colocaban dentro del vasto “campo popular y revolucionario”. Mario Kestelboim, por ejemplo, afirmaba por aquellos años:

La coincidencia esencial del conjunto de profesionales que se nucleó [en torno de la Gremial] fue, al margen de las disidencias políticas e ideológicas, la común caracterización de nuestra patria como nación semicolonial con desarrollo capitalista, y el enjuiciamiento de la dictadura como producto necesario de un sistema que se derrumba por el desarrollo de las luchas populares.47
De manera similar, una declaración conjunta de los abogados sostenía que:

Sólo el acceso del pueblo al poder podrá transformar en profundidad las estructuras económico-sociales anacrónicas que imponen la dependencia y la explotación. Surgirá así el nuevo derecho que enmarcará las relaciones socioeconómicas, culturales y políticas del hombre nuevo, en una sociedad sin explotadores ni explotados, en la cual los abogados no serviremos como instrumento de la opresión interna ni de la dependencia internacional.48
Es posible notar en estas declaraciones el límite incierto que separaba la denuncia contra el régimen militar del cuestionamiento al sistema en su conjunto. Ubicar al nuevo derecho en un campo de relaciones sociales y políticas más amplias abría la posibilidad de reorientar el discurso y la práctica jurídica de cara a un inminente proceso de transformación social y en favor de los sectores históricamente marginados del poder. Lo anterior significaba un inevitable cuestionamiento de la tradicional imagen del abogado como representante de un “saber burgués” destinado a la conservación y reproducción de las relaciones de dominación existentes.



LA DISPUTA CONTRA EL CAMARÓN

En una coyuntura signada por una movilización que desbordaba los canales políticos tradicionales, el último presidente de la Revolución Argentina, el general Alejandro Lanusse,49 intentó reencauzar la conflictividad mediante dos estrategias simultáneas: la reincorporación del peronismo al juego político y el aislamiento definitivo de las organizaciones armadas revolucionarias. Junto con el lanzamiento de este audaz proyecto político denominado Gran Acuerdo Nacional (GAN), el régimen reforzaba los mecanismos represivos legales e ilegales dirigidos contra aquellos que empleaban la vía armada. Así instrumentaba una serie de disposiciones, como la ley 19.081, que autorizaba la intervención de las Fuerzas Armadas para “prevenir y combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos conexos”.50 La nueva injerencia de la corporación militar en los asuntos internos era justificada en un editorial del tradicional periódico La Nación ya que: “la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de actos subversivos constituye una garantía para todos […] garantía que reside en la solvencia moral de nuestras Fuerzas Armadas”.51 Conjuntamente, el gobierno militar sancionaba la ley 19.110 que reglamentaba el funcionamiento de la Cámara Federal en lo Penal, con el fin de enjuiciar con mayor celeridad a aquellos “acusados de subversión y terrorismo”.52 Lo que se conoció como el “Camarón” fue un tribunal especial con jurisdicción federal, constituido por nueve jueces (tres por cada una de las salas) más un fiscal, encargados de juzgar oralmente y en instancia única una amplia gama de delitos que iban desde rebelión y atentados hasta secuestros y resistencia a la autoridad. El propio gobierno de facto se encargaba de designar a los camaristas que integraban el nuevo fuero antisubversivo. El diario La Opinión señalaba que el principal objetivo de estos nombramientos era “superar el purismo de muchos jueces de rancia formación liberal que han sido benévolos en sus condenas a los terroristas” y por ese motivo “la nueva cámara está compuesta con magistrados que, por integrar un tribunal ideológico, tienen una marcada vocación para el desempeño de estas funciones represivas”.53

En noviembre de 1971, el Camarón dictó su primera sentencia, contra Luisa Veloso, a quien el fiscal solicitaba quince años de reclusión por el cargo de tentativa de homicidio calificado y tenencia de armas. Al conocerla, los letrados de la Asociación Gremial de Abogados, Mario Landaburu, Roberto Sinigaglia y Rafael Lombardi, calificaron a la Cámara Federal en lo Penal de inconstitucional y solicitaron la nulidad de todo lo actuado,54 es decir, cuestionaban no sólo la legalidad de la sentencia sino también la legitimidad del nuevo tribunal. Impugnar directamente a la institucionalidad del Camarón era una estrategia que debía mucho al abogado del Frente de Liberación Argelino, Jacques Vergès. Vergès sostenía la existencia de dos tipos de procesos a desplegar en los juicios políticos: los de connivencia y los de ruptura. Los primeros implicaban, según Vergès, aceptar las reglas del juego impuestas por el sistema y, dentro de su ordenamiento, tratar de demostrar que la figura delictiva creada por el régimen entraba en contradicción con los principios normativos por él sustentados. Los procesos de ruptura, en cambio, tendían a desnudar la realidad del sistema y sus instituciones, derribando la construcción ficticia de una justicia supuestamente por encima de las clases sociales y de las disputas políticas. Los objetivos de la Gremial, al usar la estrategia preconizada por Vergès, eran más bien propagandísticos: se trataba de utilizar los juicios para realizar una denuncia política de la defensa sin aceptar las reglas normativas. En el caso Veloso, la defensa se inscribía efectivamente dentro de una estrategia de ruptura sin que ello implicara desatender las pautas técnicas de la defensa. Uno de los entrevistados explica cómo operaban desde la instauración del Camarón:

Entre ambas defensas y la forma de combinar ambas estrategias se desarrollaba nuestra práctica. En general, había una combinación de connivencia y ruptura en la cual, sin dejar de hacer una denuncia, por ejemplo, del Camarón y de su legitimidad como tribunal o de impugnar la tortura o el carácter dictatorial del régimen […] había defensas técnicas.55
La disputa contra el Camarón desarrollada por la Gremial incluía la denuncia por irregularidades en el funcionamiento del propio fuero o por ciertas anomalías en el accionar de los fiscales y jueces a cargo del mismo. Un abogado de la Gremial recuerda:

Cuando nosotros demostramos que los fiscales de la Cámara Federal asistían a torturas, e interrogaba el ejército, firmaban los jueces pero habían sido interrogados por el ejército o por la policía; apretábamos mucho porque denunciábamos que está detenido fulano en tal cueva y le exigíamos al juez que vaya […] y para el tipo era un compromiso, porque lo obligábamos a desnudar los establecimientos clandestinos.56
La instrumentación del Camarón trajo aparejada un mayor rigor en el dispositivo carcelario por la puesta en marcha del sistema de presos de máxima seguridad. Ese sistema significaba el total aislamiento de algunos de los presos, la limitación de las visitas de familiares directos, la prohibición del uso de radios, diarios, materiales de lectura o estudio y la privación de recreos, entre otras cosas.57 Así, la creación del Camarón promovió una nueva figura delictiva: la del subversivo político. Un abogado analiza este cambio tanto en sus dimensiones simbólicas como materiales:

Nunca antes el estado, en la década de 1960, reconoció la característica del preso político. Eran todos presos comunes. Luego sí aparece, con el Camarón, la caracterización del subversivo, que es una categoría política, pero en general, ha sido un discurso oficial de los gobiernos argentinos el sostener que no hay presos políticos […] si bien siempre se los tuvo en pabellones especiales, sometidos a un mayor rigor carcelario, eso se institucionalizó con la categoría de los presos de máxima seguridad.58


LA GREMIAL Y SU PARTICIPACIÓN EN EL FRENTE OPOSITOR

Con motivo del primer aniversario de la desaparición de Néstor Martins, un importante grupo de abogados de la Capital Federal (excedía a los miembros de la Gremial) promovía otra jornada de protesta: “contra la represión, las trabas al ejercicio profesional y los secuestros a personas”.59 La convocatoria incluía un nuevo paro de abogados y dos actos conmemorativos “por la vida de Martins y Zenteno”: uno frente a la estatua de justicia del Palacio de Tribunales, el otro en la plaza Lorea (lugar donde fue secuestrado Martins).60 A poco de dar comienzo al primero de esos actos, la policía disolvió la protesta, disparando sus pistolas lanzagases y cargando contra los 500 abogados presentes. Al grito de “¡Asesinos!”, un grupo de profesionales huyó hacia el interior de los Tribunales, mientras que otro, perseguido por la Guardia de Infantería, logró alcanzar la plaza Lavalle.61 Un día después de los sucesos, Osvaldo Tcherkaski escribía en La Opinión que la huelga de los abogados “revelaba la irritación de las clases medias” ante el régimen militar. En uno de sus últimos párrafos, señalaba: “lo de ayer sintetiza la crisis política y económica que vive el país y los problemas de fondo que enfrenta el gobierno. Si los huelguistas de ayer convergen con los descontentos de la industria y el agro, lo que se abre es un amplio frente social de oposición”.62

A fines de 1971, el diagnóstico formulado por Tcherkaski pareció encontrar verificación en la importante ofensiva desatada contra el tercer gobierno de la Revolución Argentina. Una serie de acciones y demandas desiguales se combinaban: “para que la dictadura abra las puertas de sus cárceles y deje salir a los presos políticos y gremiales, desarme el aparato represivo y anule la legislación que le permite actuar”.63 Convergentes en su cuestionamiento al autoritarismo militar, los focos de protesta se expresaban de maneras muy diversas: homenajes celebrados en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires, a un año del asesinato de Néstor Martins; discurso del avezado abogado defensista Ventura Mayoral en un acto del peronismo combativo, donde denunciaba el sistema represivo; constitución del Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos, integrado por sindicalistas, universitarios, psicoanalistas, escritores, sacerdotes y abogados vinculados a la Gremial; solicitada de más de nueve mil firmas exigiendo la libertad de los líderes sindicales combativos Agustín Tosco y Raimundo Ongaro; recondena de “los organismos parapoliciales” y la “legislación represiva” por los sectores políticos reunidos en La Hora del Pueblo y en el Encuentro Nacional de los Argentinos (ENA).

Esta nueva fisonomía que adoptaba la protesta liderada por la Gremial, expresaba el particular tránsito entre militancia social y militancia política, recorrido que los propios abogados de la Gremial a través de su práctica y su discurso terminaban por potenciar.

Poco tiempo después tuvo lugar una conferencia de prensa convocada por el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos en la sede de la Asociación Gremial de Abogados, que contó con la participación de periodistas locales y extranjeros.64 Se presentaron testimonios escritos en la cárcel por treinta y cinco militantes políticos sobre las crueles torturas a que habían sido sometidos.65

La batalla iniciada en el país contra el aparato represivo del gobierno militar trascendía sus fronteras y adquiría dimensión internacional. Se dio a conocer en la prensa argentina el boletín “Argentine 1972, oppression, répression, tortures”, editado por el Comité de défense des prisonniers politiques argentins integrado por intelectuales y artistas (entre ellos Simone de Beauvoir, Julio Cortázar, Copi, Régis Debray, Marguerite Duras, André Gorz, Jean-Paul Sartre, Lelio Basso, Carlo Levi, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini y Rossana Rossanda). El comité enunciaba entre sus objetivos: “luchar por la liberación de los presos políticos y sociales, denunciar las torturas y todas las formas de vejación y de destrucción de la persona humana, tratar de obtener la extensión de la asistencia internacional de los juristas para la defensa de los prisioneros y ofrecer sostén material y moral a éstos y a sus familias”.66



EL VIAJE A TRELEW

Sin embargo, la constitución de este vasto frente antirrepresivo no pudo prevenir la denominada “masacre de Trelew”. El 15 de agosto de 1972, militantes de los grupos guerrilleros (Montoneros, FAR y ERP) alojados en la cárcel de Rawson, llevaron a cabo una de las acciones más audaces de aquel año: el copamiento y la fuga de uno de los penales más seguros del país. Entre los casi doscientos detenidos políticos, veinticinco lograron fugarse en dos grupos. Sólo el primer contingente, integrado por seis de los más destacados dirigentes de las organizaciones armadas (entre los que se encontraban Mario Santucho y Fernando Vaca Narvaja),67 lograron llegar a tiempo al aeropuerto de Trelew, interceptaron un avión de pasajeros de la compañía Austral y desviaron su trayecto hacia la localidad de Puerto Montt, en Chile. En cambio, los otros diecinueve evadidos del penal, al no conseguir medios para continuar la fuga, decidieron pactar su rendición en el aeropuerto, a cambio del compromiso asumido públicamente por las fuerzas de seguridad de que no serían castigados ni torturados. No obstante, el régimen militar declaraba ese mismo día a las ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn como zonas de emergencia68 e informaba mediante un comunicado que el lugar estaba: “rodeado por efectivos del Ejército y la Armada” que actuarían “con la decisión que corresponde a fin de salvaguardar el orden, los bienes y las vidas puestas en peligro por la acción del terrorismo”.69

Inmediatamente después de la fuga, un grupo de abogados de la Gremial, integrado por los doctores Rodolfo Ortega Peña, Rodolfo Mattarollo, Eduardo Duhalde, Miguel Radrizzani Goñi, Pedro Galín y Carlos González Gartland, se trasladaban en dos remises a Trelew para tomar contacto con los 19 detenidos trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. Sin embargo, las autoridades de dicha dependencia se negaron a que los prisioneros recibieran asistencia legal. Uno de los abogados que formó parte de la delegación recuerda los primeros días en Trelew:

La cárcel estaba absolutamente aislada, pero estábamos alojados en el mismo hotel que el juez Quiroga, que era el que llevaba la causa por el Camarón, quien se negó sistemáticamente a recibirnos. Al punto que nosotros le pasábamos los escritos por debajo de la puerta de su habitación sabiendo que estaba adentro. Y allí almorzando en el hotel, donde había una sola mesa porque estaban todas ocupadas por militares […] nos detuvieron durante la comida a Mario Amaya, a Hipólito Solari Yrigoyen,70 a Mattarolo, a Ortega Peña y a mí. Nos llevaron a la comisaría, nos amenazaron con fusilarnos. Bueno, los otros abogados que no habían asistido a esa comida, iniciaron las gestiones en Buenos Aires y a las pocas horas, con el carácter de escándalo que iba a tomar eso, optaron por liberarnos, con excepción de Mario Amaya.71

El arresto de Mario Amaya, según las autoridades militares, se justificaba por su supuesta presencia en el aeropuerto el día de la fuga, lo cual significaba, siguiendo el razonamiento de las fuerzas de seguridad, que sabía que iba a producirse la evasión y que por esa razón se encontraba en el lugar para brindar apoyo externo a los “sediciosos”.72

Los abogados liberados presentaron ante el Juzgado Federal dos recursos de hábeas corpus: uno en favor de Amaya y otro, con carácter preventivo, para resguardar su propia seguridad personal. Además, invitaron a los medios de comunicación a una conferencia de prensa (en el estudio jurídico de Amaya y de su socio, el doctor David Romero) para denunciar las detenciones y las amenazas que habían sufrido. Sin embargo, los efectivos de seguridad que rodeaban el lugar impidieron la llegada de los periodistas.73 Tan sólo una hora después, el estallido de una bomba produjo la destrucción del estudio jurídico donde se iba a celebrar la conferencia de prensa.

La activación del artefacto explosivo, por un lado, el aislamiento de los presos, las amenazas y la actitud desafiante de las fuerzas de seguridad, por el otro, contribuían a crear en Trelew un clima de inquietud que el diario La Opinión del día 18 de agosto evocaba en estos términos: “la vigilancia es tan excesiva que resulta difícil dar un paso sin tropezar con el caño de una metralleta”.74 El mismo día, el grupo de la Gremial decidió enviarle un telegrama al dirigente de la juventud peronista, Jorge Llampart, para que lo remitiera al ministro del Interior, Arturo Mor Roig. “Reclamamos derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión anunciadas”, decía el telegrama de la Gremial.75 Pese a estas advertencias y ante la imposibilidad de establecer contacto con los presos, los abogados de la Gremial decidieron regresar a Buenos Aires. Al día siguiente se produjo la masacre de Trelew, de la cual tan sólo tres de los 19 detenidos de la Base Almirante Zar lograron sobrevivir.76 Uno de los abogados que estuvo en Trelew resume así la situación:

Fuimos en realidad entre la fuga y la masacre; pero no nos dejaron entrar, no nos dejaron ver a la gente; estuvimos cuatro o cinco días ahí y al día que resolvimos volver, los mataron. La masacre ocurre cuando ya no estábamos ahí.77
Justamente, durante los mismos días en que ocurrían los sucesos de Trelew, la primera Reunión Nacional de Abogados había sido convocada por la Gremial porteña: trescientos profesionales de distintos puntos del país (Salta, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Chaco y Neuquén) asistieron a esta jornada a la cual habían denominado “Néstor Martins” y que tuvo lugar en la Federación Argentina de Box de la Capital Federal.78 El congreso tenía por objeto abordar temas tales como restricciones al ejercicio profesional, legislación represiva, derechos humanos, jurisprudencia en materia laboral, coordinación de las actividades en el nivel nacional. Sin embargo, el tema que concitó las energías de los abogados allí presentes fue el de los sucesos en Trelew. Al finalizar el encuentro, un comunicado de prensa de los abogados reclamaba al ministro del Interior por las plenas garantías, seguridad y vida de los detenidos políticos del penal sureño, y al vocal de la Cámara Federal, Jorge Quiroga, por el derecho constitucional a la defensa en juicio. Ese reclamo fue en vano, ya que horas antes se había producido la masacre en Trelew.

Unos días después de la masacre, la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal declaraba: “frente al silencio impuesto por el gobierno a la prensa79 [la Gremial] toma bajo su responsabilidad difundir todos los elementos de juicio que lleguen a nuestras manos a fin de que el pueblo tenga conciencia y conocimiento de cómo ocurrieron realmente los hechos”.80 Luego, la Gremial convocaba a una conferencia de prensa para informar sobre los hechos ocurridos en Trelew, cuando una bomba de dos kilos de gelignita estalló en la sede de Suipacha 612, inutilizando gran parte del edificio. Ello obligó a realizar la conferencia en la vía pública.



LA GREMIAL, ¿UNA ENTIDAD AUTÓNOMA O HETERÓNOMA DE LOS GRUPOS ARMADOS REVOLUCIONARIOS?

A medida que el conflicto político se intensificaba, la coexistencia de abogados provenientes de diferentes orientaciones políticas e ideológicas fue produciendo importantes tensiones dentro de la Gremial. Si bien las posiciones asumidas por los abogados ante dichas tensiones variaban, por lo general tendían a reproducir la línea divisoria existente entre los dos grupos que habían conformado la Gremial: por un lado, los abogados simpatizantes o vinculados al peronismo y, por otro, los que formaban parte de la izquierda disidente. Dicha división comenzó a ponerse de manifiesto a propósito de los criterios respecto de la asignación de las defensas. El sistema institucional de asignación de casos por turno coexistía con otro informal, basado en los contactos personales, la confianza política o simplemente la amistad entre defensor y detenido, todas esas relaciones de afinidad que, como hemos visto, eran previas a la conformación de la Gremial. Un abogado recuerda que

era una especie de distribución de defensas [por causa de] su posición política orgánica o [su] relación privilegiada. Por ejemplo: Ortega Peña y Duhalde no eran orgánicos ni de FAR ni de Montoneros pero tenían relación privilegiada con ellos. Cuando la organización sabía que había caído algún militante iban ellos y distribuían.81
Otra de las diferencias giraba en torno de si debían cobrarse o no las defensas políticas. Las dos posiciones al respecto se presentan como sigue:

Había una concepción que era extender la base de abogados que se ocupaban de la defensa de presos políticos. Y otra era, un poco, una posición de no producir esa apertura, sino de concentrar en un determinado núcleo las defensas. Entonces, la gente que sostenía que ese núcleo estaba full time dedicado a las defensas, necesariamente tenía que vivir de algo. Entonces, ellos sostenían que era necesario cobrar las defensas. En cambio, aquellos que sostenían que había que ampliar la base, y que cada abogado como compromiso debía tener dos o tres defensas, necesariamente tenía que seguir teniendo una práctica profesional privada, de la cual vivir. Era como una participación militante. La atención de los presos como obligación ciudadana.82
Estas diferencias revelaban otra, más profunda, asociada al grado de estructuración interna desarrollado por las organizaciones armadas y a la constitución de sus servicios legales, ámbitos especialmente destinados a la defensa de sus militantes políticos. Impuesta, entre otras cosas, por razones de seguridad, esta creciente complejidad organizacional de los grupos armados provocó la aparición de un nuevo modelo de profesional: el abogado orgánico. En contraste con la anterior figura del abogado comprometido de los años sesenta, que buscaba combinar ejercicio de la profesión con militancia política, estos profesionales eran en primer lugar militantes que, en su calidad de abogados (por lo general, recién graduados) eran asignados por las propias organizaciones armadas para la defensa de sus militantes. Con ellos, toda tensión entre competencia profesional y política quedaba diluida.

La emergencia del abogado orgánico introdujo nuevos conflictos en el seno de la Gremial. Por un lado estaba la visión estrictamente instrumental de los abogados ligados a Montoneros, para quienes la Gremial constituía una herramienta política orientada a ensanchar los frentes de masas y a captar jóvenes abogados independientes pero cercanos políticamente a la organización. Un entrevistado vinculado por aquellos años a Montoneros aporta su testimonio al respecto:

Yo particularmente estaba dentro de una organización revolucionaria, a mí personalmente [la Gremial] no me interesaba, pero sí cuando vimos que empezábamos a nuclear abogados que no estaban metidos en organizaciones revolucionarias y que compartían las posiciones políticas nuestras. Entonces vimos que ahí se abría un frente político, autónomo. No ligado a las organizaciones revolucionarias orgánicamente, pero sí que compartían lo principal de las posiciones políticas de las organizaciones revolucionarias. Entonces nosotros planteábamos: hay que crear organismos que nucleen, organicen y le den tarea a esa gente de superficie que quiere participar.83
Por su parte, los abogados sin vinculación orgánica con los grupos armados revolucionarios reafirmaban el carácter autónomo de la Gremial. Para ellos, la entidad seguía siendo sobre todo una instancia capaz de otorgar respaldo institucional a los abogados dedicados a la defensa de detenidos políticos.

Otro motivo de discrepancia fue que algunos abogados sin relación orgánica con los grupos revolucionarios se negaron a defender ciertos casos por desacuerdo político o ideológico con los detenidos. Uno de ellos afirma: “a veces teníamos problemas de conciencia con algunos casos […] nosotros planteábamos una oposición, no defendíamos cualquier acción. Aceptabas que había acciones combatientes, pero no ciertas ejecuciones a mansalva”.84

En un ámbito fuertemente atravesado por la política, como la Gremial, estas diferencias internas se resolvieron en función de las relaciones de fuerzas que dominaban el campo de la militancia política revolucionaria. Era notorio que dentro de la Gremial prevalecían los abogados ligados al peronismo de izquierda en general y a Montoneros en particular.85 Un entrevistado analiza la situación así:

La realidad es que la Gremial era impulsada fundamentalmente por los abogados de las organizaciones guerrilleras, porque eran las que tenían mayor número de detenidos […] era un organismo que nucleaba a los defensores de presos políticos con la misma hegemonía que había en la militancia. Montonero, desde la parte guerrillera, y satelitalmente la izquierda, o gran parte de la izquierda, comprometida en la defensa de la militancia política.86


EL COMIENZO DEL FIN DE LA GREMIAL

El desenlace de estas disputas terminaría por poner fin al ensayo horizontal y deliberativo que se había propuesto la Gremial en su inicio, dejando paso a otro en el que las organizaciones político militares (tanto las organizaciones armadas como las fuerzas parapoliciales) operaban como modelo de acción. Ello se traducía, según un entrevistado, en diferentes “estilos de conducción, de formas de participación y también de estilos personales […] yo diría que, en retrospectiva, cierta prolongación del autoritarismo de las organizaciones armadas al interior de la conducción”.87

Visto desde el presente, es posible pensar que dicha relación de fuerzas y el modelo institucional que llegó a predominar en los últimos tiempos de la Gremial, truncaron la relación que ésta había establecido con los variados movimientos y grupos sociales de protesta a lo largo del año 1972. Tal vez por este motivo, algunos abogados mantuvieron una militancia profesional por fuera de la Gremial, en sindicatos clasistas obreros o en barrios. La distancia entre la Gremial y las organizaciones sociales, visible a partir de 1973, se explica, según un entrevistado, porque

la Gremial era conocida en la militancia juvenil filo guerrillera de izquierda, no era muy conocida en estos otros sectores populares. Los otros movimientos más reales no la conocían, al punto que le pidieran asistencia. Esas intervenciones las teníamos desde el sindicato que nos pedía o de las comisiones internas o del partido. La Gremial no era muy conocida porque estaba fundamentalmente al servicio de la defensa de los militantes, para no decir los combatientes.88
A partir de 1973, con la llegada del peronismo al poder, la Gremial comenzó a perder presencia pública y contenido, puesto que se había diluido el elemento común que les otorgaba unidad: el enfrentamiento contra la dictadura militar. De todas maneras, el mismo día de la asunción de Cámpora intervino en la liberación de los presos políticos (acontecimiento conocido como el “Devotazo”, en alusión a la cárcel de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires), y luego actuaron conjuntamente para derogar las leyes represivas y disolver el Camarón, con el objetivo de poner fin al “continuismo de la dictadura militar”.89

Sin embargo, al abrirse esta nueva etapa política, varios miembros sintieron la necesidad de redefinir su línea de acción. Algunos abogados vinculados políticamente al peronismo comenzaron a ejercer funciones en el nuevo gobierno constitucional y un núcleo muy importante quedó al frente de la entonces denominada Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.90

A mediados de 1973, un miembro de la Gremial, Mario Kestelboim, justificaba esa evolución de la manera siguiente:

Hoy, cuando no existen más en las cárceles del país presos políticos, cuando se ha derogado y se han disuelto los tribunales especiales, cuando en lo ancho y lo largo de la patria el pueblo ha recuperado el gobierno, cuando sobre la base de la participación activa del movimiento peronista en las calles y en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo se crean los cimientos de un poder popular, la Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal debe reformular su política a fin de participar activamente en las tareas de reconstrucción nacional. Tal es, a partir del 11 de marzo de 1973, el tema latente en las discusiones de la Gremial que, sin embargo, quedó sin resolución debido a que la actividad central encarada fue la lucha incondicional de los presos políticos.91

Con el peronismo en el gobierno se acentuaron viejas y nuevas discrepancias dentro de la Gremial. El testimonio lo ilustra:

El deterioro de la Gremial comienza lentamente a partir de la distinción interna de la actitud frente al gobierno peronista, en el cual, los peronistas que estaban en una línea más conciliadora y una parte de los radicales, tienden a distanciarse más de la actividad de la Gremial en cuanto seguía defendiendo presos guerrilleros. E incluso, hacia fines del ’73 y principios del ’74, aparecen disensiones internas, porque la gente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) empieza a reclamar, a reivindicar como presos políticos a algunos de los detenidos en las operaciones militares de Sanidad, por ejemplo. Y en la Gremial había resistencias a hacerse cargo de las defensas de esos presos.92
A principios de 1974, con el afianzamiento de López Rega en el poder y las crecientes acciones de represión parapolicial llevadas a cabo por la Triple A, diferentes ámbitos de la vida social se vieron sometidos a una política represiva. Uno de los entrevistados recuerda que

era represalia pura, a muchos los mataron el mismo día de la detención, no era que los tenían para obtener información. Al abogado que había sido defensor se la hacían pagar, eran cuentas a pagar. Era terrible, porque éramos los que habíamos dado nombre y apellido, denunciamos los mecanismos de la represión; tal juez es cómplice, tal comisario tiene tal seudónimo. Éramos realmente un tábano para ellos y fuimos en verdad una valla contra los procedimientos ilegales.93
Fue en este contexto de violencia generalizada que comenzó a vislumbrarse el fin de la Gremial. Los efectos de la represión, sumados a las inocultables disidencias internas, precipitaron el declive de una experiencia que, desde tiempo atrás, venía mostrando los signos de la impracticabilidad de su proyecto horizontal, plural y participativo. Tal vez en el balance realizado por uno de sus primeros miembros encontremos un principio de comprensión para ese final:

Lo que pasa es que quedó muy pegada, yo creo que por sectarismo montonero; no alentaron una organización que pudiera ser independiente, estaba muy marcada por el puño político de Montoneros. Incorporó alguna gente, porque era un momento de alza de la militancia. Sin embargo, quedó muy pegada a las organizaciones guerrilleras; esto que les pasó con varias organizaciones de superficie, les pasó con la Gremial, la terminaron indiferenciando, y al indiferenciarla la arrastraron, no le dieron juego propio, yo creo que pasó esto.94


ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

El fenómeno de las organizaciones armadas revolucionarias no explica por sí solo el proceso de radicalización ideológica y política que atravesó la Argentina entre fines de la década de 1960 y comienzos de la década siguiente. A veces al margen de los grupos armados, a veces en coincidencia con ellos, surgió también en otros espacios de la cultura y la sociedad argentina una matriz de ideas y sentimientos que impulsó a muchos (en particular, a jóvenes de clase media) a tomar la revolución como una exigencia difícilmente eludible.

Uno de los sectores que se movilizó y politizó fue el de los abogados que asumieron la defensa de los presos políticos y sociales, conformando una experiencia institucional inédita y nuevas figuras profesionales –la del abogado comprometido, luego orgánico–.

En el itinerario de estos abogados se destacan dos momentos. El primero, entre 1968 y comienzos de la década de 1970, corresponde a la etapa de constitución del cuerpo de abogados de la CGTA, empresa íntimamente ligada a la fugaz existencia que tuvo la central sindical rebelde. En ese marco, cuando la nueva política represiva se incrementaba notablemente, un grupo de abogados de distintas tendencias ideológicas y líneas políticas asumieron la defensa de detenidos sociales y políticos. Las tareas de esta veintena de abogados se inscribían en un proyecto político sindical, de claro contenido antidictatorial, antiimperialista y anticapitalista. Para ellos, el bloqueo desplegado por el poder militar en contra de cualquier expresión disidente volvía legítima la defensa de las primeras formaciones armadas, que comenzaban a utilizar la violencia como medio de enfrentamiento al régimen dictatorial. Es entonces cuando surge la figura del abogado comprometido, cuya presencia se hizo más visible a partir del Cordobazo. Los abogados emprendieron allí un camino donde la decisión de colocar la política en primer lugar terminó por subordinar la actividad defensista a la lógica de la política radicalizada, cuando decidieron asumirse como “correas de transmisión” entre los prisioneros y las organizaciones externas, o como voz de denuncia frente a la política represiva instaurada por el régimen autoritario. Aquella primera experiencia posibilitó la creación de una amplia red de abogados defensistas en distintos puntos del país antes de que se produjera el declive del cuerpo de abogados de la CGTA.

A partir de 1971, en un contexto de radicalización de la protesta colectiva, es posible identificar una segunda etapa que va hasta fines de 1973: se constituye la Asociación Gremial de Abogados, entidad orientada centralmente a la defensa de presos políticos, ahora en su mayoría militantes de las organizaciones armadas revolucionarias. En la Gremial se unieron dos grupos de abogados que, desde tiempo atrás, venían desarrollando tareas de defensa. Uno vinculado al peronismo de izquierda; el otro, escindido de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se inscribía en la vasta tradición política de la izquierda. A estos dos núcleos se añadieron abogados que cubrían el amplio espectro ideológico político que iba del centro a la izquierda radicalizada. Todos pudieron poner sus diferencias ideológicas entre paréntesis, en tanto y en cuanto la frontal oposición al régimen militar otorgaba unidad a su acción. La decisión colectiva de asumirse como “trabajadores del derecho” representaba un abierto desafío a la habitual imagen del abogado, así como la organización abierta y democrática de la Gremial (centrada en la asamblea deliberativa) marcaba una impugnación manifiesta del manejo interno de los organismos profesionales tradicionales como el Colegio o la Asociación de Abogados.

En la creciente ebullición que conocía la Argentina de entonces, los abogados de la Gremial no sólo cuestionaban el marco legal del régimen dictatorial sino la legitimidad misma de las instituciones sociales y jurídicas. Al combinar connivencia y ruptura en las estrategias utilizadas en los juicios políticos impulsados por el Camarón, intentaban poner al desnudo la ilegalidad del régimen y la ilegitimidad del sistema social en su conjunto, más allá de la defensa técnica. Estas ambiciones tensaron aún más la siempre compleja relación entre práctica profesional y compromiso político. Con la aparición en el seno de la Gremial del abogado orgánico, dicha tensión desapareció al quedar la práctica defensista totalmente subordinada a fines políticos. Pero esa forma de “resolver” la cuestión no hizo más que generar nuevas discrepancias dentro del conglomerado de abogados defensistas. Sobre todo, cuando los abogados orgánicos decidieron colocar la Gremial bajo la influencia directa de las organizaciones armadas revolucionarias, particularmente de Montoneros. Esta decisión terminó por convertir a la entidad en una suerte de apéndice de los grupos armados, disolviendo todo lo que ésta tenía de plural y de participativo.

A medida que la movilización política empezaba, no sin dificultades, a encuadrarse dentro de los marcos propuestos por la débil institucionalidad democrática de 1973, las tensiones acumuladas comenzaron a salir a la luz. Revelaban dilemas profundos: ¿qué posición tomar frente al nuevo gobierno surgido a través de elecciones democráticas? ¿Y frente a la instauración del estado de derecho? ¿Debía privilegiarse el estado de derecho o la revolución? ¿Seguía siendo legítimo, bajo un gobierno democrático y popular, seguir defendiendo a aquellos militantes revolucionarios que continuaban embarcados en la vía armada?

Mientras las tensiones irresueltas profundizaban las diferencias en el interior de la Gremial, la Triple A comenzaba a tomar como uno de sus blancos a los abogados defensistas. El ascenso de las Tres A presagiaba una nueva represión que se extendería con increíble crueldad sobre amplios sectores de la sociedad. Como habría de comprobarse poco tiempo después, esas fuerzas represivas estaban dispuestas, esta vez sí, a eliminar elementos definidos como subversivos que en un clima de politización e innovación cultural habían surgido desde la década del sesenta.




NOTAS

1. Este trabajo parte de una investigación más amplia que trata de abordar la relación entre política y profesión entre fines de los años sesenta y principios de los setenta, en la Argentina. Antes de esta investigación, “La expansión de los límites de lo posible. El itinerario de una experiencia innovadora en salud mental a fines de los sesenta” (Alfredo Pucciarelli, La primacía de la política, Buenos Aires: Eudeba, 1999) también explora la relación entre política y profesión. Se exponen allí las estrategias ensayadas por un grupo de jóvenes psicólogos y psiquiatras para impulsar modalidades terapéuticas alternativas (centradas en la idea de “comunidades terapéuticas”). Desde los márgenes, el grupo logró crecer y expandirse dentro de una institución psiquiátrica tradicional. Lo que me interesó destacar en ese artículo fue la progresiva radicalidad que asumió la práctica y el discurso del grupo de psicólogos que lideró la experiencia en relación con el contexto histórico, y cómo comenzaron a percibir el hospital como un territorio social en disputa.

2. Para analizar el proceso de emergencia de la denominada “nueva izquierda” véase el excelente artículo de Cristina Tortti, “Protesta social y ‘nueva izquierda’ en la Argentina del ‘Gran Acuerdo Nacional’”. Taller. Volumen. 3, núm. 6, 1998, que sirve como marco interpretativo a este trabajo.

3. Para profundizar la relación entre modernización y derecho, véase el trabajo de Carlos Cárcova. Teorías jurídicas alternativas. Escritos sobre derecho y política. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1993.

4. La Comisión de Familiares de Detenidos (COFADE) era una entidad políticamente cercana al peronismo, que se constituyó durante la época de la “Resistencia”, con el objetivo de defender presos políticos. El doctor Ventura Mayoral, abogado de Perón y de numerosos presos peronistas en la segunda mitad de los años cincuenta y toda la década de 1960, colaboró activamente en dicha organización. A partir de 1968, con la aparición de la CGTA, COFADE comenzó a desarrollar sus actividades en el Sindicato de Farmacia y la nueva central obrera le facilitó papel y un mimeógrafo para realizar impresiones.

5. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se conformó en el año 1937. Fue impulsada por el Partido Comunista y nació como un organismo de derechos humanos que, entre otras tareas, realizaba defensa de presos políticos ligados a partidos de izquierda tradicional.

6. El Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) comenzó a aplicarse en marzo de 1960 y otorgaba a las fuerzas de seguridad amplias atribuciones en la lucha contra las fuerzas que crearan “disturbios internos”. El resultado de esta política represiva fue la encarcelación de alrededor de 3.500 militantes peronistas y de izquierda.

7. “Oposición. Los abogados no perdonan”. Primera Plana. 12 de julio de 1966.

8. Arturo Illia fue presidente electo en marzo de 1962 durante la proscripción del Partido Justicialista, y asumió en octubre de 1963. Fue derrocado por el golpe militar de la llamada “Revolución Argentina” en junio de 1966.

9. Vale aclarar que por aquellos años los abogados de la Capital Federal no contaban con colegiación obligatoria. De todas maneras, tanto la Asociación de Abogados de Buenos Aires como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires habían concentrado históricamente a los profesionales del derecho. El colegio reunía a la “aristocracy” profesional, es decir, a los abogados que tradicionalmente representaban los intereses de los principales grupos de poder económico y político. Por su posición social, sus ideas e influencias, estos abogados establecieron lazos “naturales” con los gobiernos militares de turno y, por ende, tenían una importante injerencia en la composición del Poder Judicial y sobre ciertas reformas al Código Penal. La Asociación de Abogados de Buenos Aires, en cambio, reunía a los abogados pertenecientes al estrato medio del sector profesional.

10.  Carlos Altamirano. Bajo el signo de las masas (1943-1973). Buenos Aires: Ariel, 2001.

11. El Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) se creó el 29 de junio de 1966, a través de la ley de Defensa Nacional. Su primer secretario fue el general Osiris Villegas.

12. También conocida como Ley Anticomunista, la ley 17.041 reprimía con penas de uno a ocho años de prisión a quien, “con indudable motivación ideológica comunista, [realice] por cualquier medio, actividades proselitistas, subversivas, intimidatorias o gravemente perturbadoras del orden público”.

13. Entrevista realizada al doctor Mario Landaburu el 7 de agosto de 2000.

14. Martins era un abogado ligado al Partido Comunista y con buenas relaciones con la izquierda revolucionaria. Como se verá más adelante, fue secuestrado junto con su cliente el 16 de diciembre de 1970 y posteriormente fue asesinado.

15. Entrevista realizada al doctor César Calcagno el 12 de noviembre de 1998. Vale destacar que estos episodios tuvieron una significativa importancia en la vida política del país, ya que constituyeron las primeras acciones de las organizaciones armadas revolucionarias. Con relación a Taco Ralo, el 19 de septiembre de 1968 era descubierto y capturado un pequeño grupo (trece hombres y una mujer) que pretendía instalar un foco de guerrilla rural en Taco Ralo, provincia de Tucumán. El grupo se autodenominó como Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Por su parte, el 5 de abril de 1969 se produjo la primera acción armada de guerrilla urbana en la Argentina. El grupo autodenominado Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) atacó un vivaque perteneciente al Regimiento 1 de Infantería Motorizada Patricios, en el centro mismo de Campo de Mayo. A fines de mayo de ese mismo año, era detenido J. Cibelli, de 34 años, bancario, uno de los integrantes que había asaltado el puesto en Campo de Mayo. Por último, con referencia a los hechos de la calle Paraguay, el 24 de abril de 1969 una comisión policial realizó un allanamiento en un departamento de la calle Paraguay de la Capital Federal, donde se encontraba el militante de la juventud peronista C. Caride, junto a dos acompañantes. Al resistir la detención se produjo un tiroteo que duró varias horas, donde un oficial de Coordinación Federal cayó muerto. Caride estaba vinculado con el intento frustrado de guerrilla rural en Taco Ralo. A raíz de este caso, la revista Cristianismo y Revolución publicó en el núm. 15, de mayo de 1969, que “con referencia a los sucesos de la calle Paraguay, un grupo de abogados de la CGTA denuncia que los detenidos han sido objeto de torturas y malos tratos. Se requiere que sean revisados por un médico no policial, pero las autoridades deniegan el permiso”.

16. Entrevista realizada al doctor Manuel Gaggero el 12 de julio de 2000.

17. El Cordobazo, en 1969, fue una revuelta popular impulsada por sectores sindicales con el apoyo de estudiantes y una buena parte de la población de la ciudad de Córdoba. Cuando la policía fue desbordada, el ejército se encargó de reprimir y restablecer el orden. (N. de E.)

18. Richard Gillespie. Soldados de Perón. Los montoneros. Buenos Aires: Grijalbo, 1987. Según este autor, el Ejército Nacional Revolucionario (ENR), un “sello” del grupo Descamisados, mató a Vandor el 30 de junio de 1969.

19. En el caso puntual de la CGTA, cuando el gobierno decretó el estado de sitio, inmediatamente intervino la Federación Gráfica, Navales e Impostiva (gremios vinculados a la central opositora) y detuvo a los principales dirigentes opositores como Ongaro y Di Pascuale, entre otros. Con sus dirigentes encarcelados y sus locales clausurados, la CGTA quedó intervenida de hecho, y en adelante actuó en la clandestinidad. Estos sucesos, sumados a la derrota en el conflicto petrolero, el incremento de las presiones por la reunificación y el distanciamiento de algunos gremios, se tradujo en un irreversible proceso de declinación, a comienzos de la década de 1970.

20. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

21. “Estado de Sitio: Historia de fantasmas”. Primera Plana. 22 de julio de 1969. En esa nota se afirmaba que a raíz de la detención de los abogados “se ha precipitado sobre los Tribunales un alud de recursos de hábeas corpus; al de [Laura] Rabey y Cayetano Póvolo –a favor de los letrados Conrado Ostigosa, Mario H. Landaburu, Juan C. Giráldez, Rafael Lombardi, Néstor Martins, Enrique Groitman, Matilde Scaletzky, Samuel Cadoche, Beimuz Smukler, Mario Kestelboim e Israel P. Galín, entre más de 70 apresados–, se sumaban otro de Acdeel Salas, que fue procurador del Tesoro en el gobierno de Illia.

22. Mario Kestelboim. “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de Abogados”. Peronismo y Socialismo. Núm. 1, 1973. El autor sostiene que uno de los acontecimientos que promovió la constitución de la asociación fue “la represión desatada por la dictadura contra los abogados, cuyo punto más alto consistió en la detención de una veintena de ellos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a mediados de 1969, en oportunidad de instaurarse el estado de sitio en todo el territorio de la República”.

23. Entrevista realizada al doctor Carlos Cárcova el 19 de noviembre de 1998.

24. “Nuevos casos de torturas”. Cristianismo y Revolución. Núm. 18, 1969. Es importante destacar que desde sus inicios, la revista denunció casos de torturas, detenciones ilegales y asesinatos. A partir del número 27, en enero de 1971, publicó una sección denominada “Ellos están presos por nosotros ¿Qué hacemos nosotros por ellos?”

25. El cadáver de Pedro Aramburu fue hallado el 16 de julio de 1970.

26. “La ley”. La Nación. 3 de junio de 1970. En un apartado del artículo 1º de la ley se establecía que “la pena será de muerte si con motivo u ocasión del hecho resultare la muerte o lesiones gravísimas para alguna persona. La misma pena se aplicará cuando el culpable no entregare a la persona ilegalmente privada de su libertad o no diera razón satisfactoria de su paradero”. En el artículo 2º se disponía que “el que atentare con armas contra un buque, aeronave, cuartel o establecimiento militar o de fuerza de seguridad, o puestos de guardia, o su personal, será reprimido con pena de muerte”.

27. “Exaltó el jefe de estado la unión nacional”. La Nación. 3 de junio de 1970.

28. El 8 de junio de 1970 asumía el poder el general Levingston. Era el segundo ensayo de la Revolución Argentina por superar la crisis social y política que se había desatado a partir del Cordobazo. Meses más tarde, la junta de comandantes decidió relevar a Levingston por el comandante en jefe del ejército, general Alejandro Lanusse.

29. “Argentina: los herederos del Che”. Primera Plana. 20 de julio de 1971.

30. Guillermo O’Donnell. 1966-1973. El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1982. En base a encuestas tomadas en marzo y octubre de 1971, el autor reproduce un índice de actitud hacia el terrorismo elaborado por IPSA S.A., en donde el 53% de la población de Córdoba, el 51% en Rosario, el 49,5% en el interior del país y el 45,5% en el Gran Buenos Aires, justificaban las acciones armadas promovidas por las organizaciones revolucionarias. Para O’Donnell, a pesar que no es posible garantizar la confiabilidad metodológica de dicho índice y admitiendo un margen no despreciable de error, puede concluirse que “parece extraordinariamente alto el grado en que las organizaciones armadas llegaron a contar con simpatías significativas de la población”.

31.  Entrevista realizada al doctor Eduardo Luis Duhalde el 3 de abril de 2000.

32. “Repercusiones del caso Vallese. Muchas cosas inquietantes ocurrieron en los 9 años que demoró el fallo”. La Opinión. 15 de mayo de 1971. En los últimos párrafos de ese artículo se señala “cuatro jueces y un camarista han sufrido atentados, en los últimos 18 meses, la mayoría firmados por la organización de extrema derecha Alpha 66”.

33. “Métodos. Un año de terror Blanco”. Primera Plana. 14 de diciembre de 1971. “Néstor Martins”. Militancia. Núm. 27, 1973.

34. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

35. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

36. “Desaparición de Martins y Zenteno. Proponen convertir a la comisión en un frente de izquierdas”. La Opinión. 21 de mayo de 1971.

37. “Desaparición de Martins y Zenteno. Proponen convertir a la comisión en un frente de izquierdas”. La Opinión. 21 de mayo de 1971. Además de las entidades antes citadas participaron de la protesta la Federación de Psiquiatras, la Comisión Nacional Intersindical, la CGT de los Argentinos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Nacional contra la Represión y la Tortura, la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Federación Universitaria de La Plata, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos.

38. “Desaparición de Martins y Zenteno. Proponen convertir a la comisión en un frente de izquierdas”. La Opinión. 21 de mayo de 1971.

39. “Triunfó el oficialismo en la Asociación de Abogados. Se aseguró la continuidad de la línea moderada, que se ha mostrado reticente a los compromisos políticos”. La Opinión. 1 de junio de 1971.

40. Entrevista realizada al doctor Beinuz Szmukler el 19 de julio de 2000.

41. Roberto Quieto, que había sido un destacado estudiante y dirigente estudiantil de la Facultad de Derecho, fue uno de los fundadores de las FAR, grupo armado que posteriormente se integró a Montoneros.

42. Con relación al secuestro de Quieto, un entrevistado relata: “lo cierto que en ese momento se produce un episodio muy significativo, que es lo que nos decide a irnos de la asociación y constituir la gremial, que es precisamente un intento de secuestro al negro Quieto. Un intento fallido, porque lo quieren meter en el auto, el tipo se tira al suelo, empieza a gritar, empieza a decir: me secuestran, me secuestran, viene la policía y se tiene que blanquear el procedimiento. Y lo llevan a Coordinación Federal. El jefe de esa repartición y responsable de este secuestro era Villar […] Villar se sienta delante del negro, esto lo sé perfectamente porque el otro de los socios del negro era amigo mío […]; cuando mi amigo lo ve inmediatamente [a Quieto] no lo han tocado y lo primero que él les cuenta es que Villar le dice: ‘bueno Quieto, esta vez perdí yo, pero usted sabe que no voy a perder todas las veces’”. Entrevista realizada al doctor Carlos Cárcova el 19 de noviembre de 1998.

43. Tiempo después de la constitución de la Asociación Gremial de Abogados, el núcleo más activo del grupo peronista integrado por Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Mario Hernández, Roberto Sinigaglia, Mario Kestelboim y Pedro Galín, entre otros, conformó la Agrupación de Abogados Peronistas. Véase Mauricio Chama. “Defensa de presos políticos y peronismo de izquierda”.

44. Entrevista realizada al doctor Carlos Cárcova el 19 de noviembre de 1998.

45. Con respecto a la conformación de las comisiones directivas, los testimonios presentan importantes diferencias sobre nombres y fechas. Como no existe posibilidad de confrontar estos relatos orales con fuentes escritas, se optó por cruzar la información brindada por aquellos miembros que formaron parte de la entidad desde sus comienzos y que ocuparon cargos como secretarios generales.

46. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

47. Mario Kastelboim. “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de Abogados”. Peronismo y Socialismo. Núm. 1, 1973.

48. Con este último párrafo concluía la Declaración Final de la primera Reunión Nacional de Abogados “Néstor Martins” realizada en la Capital Federal entre los días 17 y 20 de agosto de 1972, que contó con la participación de aproximadamente trescientos abogados defensistas de todo el país.

49.  El general Alejandro Lanusse reemplazó a Levingston el 26 de marzo de 1971 y se mantuvo en el poder hasta el 25 de mayo de 1973.

50. “Reprimirán las Fuerzas Armadas la acción subversiva”. La Nación. 19 de junio de 1971.

51. “La lucha contra la subversión”. La Nación. 23 de junio de 1971.

52. “Preocupación por el terrorismo. La junta de comandantes en jefe trató la acción subversiva y nuevas medidas para combatirla”. La Opinión. 3 de junio de 1971.

53. “El nuevo fuero antisubversivo será un tribunal ambulatorio, con total juridicción y jueces más severos”. La Opinión. 22 de mayo de 1971.

54. “Pronunciará hoy su primera sentencia. Cuestionan el valor constitucional del nuevo tribunal antisubversivo”. La Opinión. 3 de noviembre de 1971. Según el artículo, dos eran los argumentos de la defensa para declarar inconstitucional al Camarón. En primer término, “que el fenómeno de la insurrección, que se cohonesta como base para su creación, no constituye un evento permanente de las sociedades humanas, tal cual lo enseña la historia. Por lo que la cámara dejaría de tener objeto si esas condiciones cesaran. En segundo término, la defensa sostiene que la creación de la cámara federal excede, aún dentro del aparato normativo sui generis que soporta el país, las atribuciones del Poder Ejecutivo”.

55. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

56. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

57. “Los presos políticos sufren tratos discriminatorios y vejaciones”. La Opinión. 31 de diciembre de 1971; “Detenidos. Vacaciones en el sur”. Primera Plana. 12 de octubre de 1971.

58. Entrevista realizada al doctor Eduardo Luis Duhalde el 3 de abril de 2000.

59. “Métodos. Un año de terror blanco”. Primera Plana. 14 de diciembre de 1971. Según este artículo, diecisiete fueron los secuestros registrados a largo de 1971. La nómina era: Mario Soto, Edmundo Candiotti, Antonia Cortese de All, Marcelo Verd, Sara Palacio de Verd, Roberto Quieto, Juan Pablo Maestre, Mirta Misetich, Diana Alac, Luis Sansoulet, Susana Caride, Graciela Núñez, Luis Pujals, Viviana Rubinstein, Antonio Caparrós, Jorge Vargas, Dragutín Tanasijevic, Ricardo Lazara, Eduardo Morelo y Delia Avilés de Elizalde.

60. “Recuerdan el caso Martins. Paran los abogados contra los raptos y la represión”. La Opinión. 15 de diciembre de 1971. “Aniversario de la desaparición de Martins y Zenteno. Hoy pararán los abogados en apoyo del Día de Protesta contra la represión”. La Opinión. 16 de diciembre de 1971.

61. “Paro de abogados en memoria de Martins. La policía disolvió con gases un acto en protesta por la represión y los secuestros”. La Opinión. 17 de diciembre de 1971.

62. “Se amplían los frentes de oposición. La huelga de los profesionales revela la irritación de las clases medias”. La Opinión. 17 de diciembre de 1971.

63. “Campañas. ¿Qué pasará con Tosco y Ongaro?”. Primera Plana. 21 de diciembre de 1971.

64.  “El Foro de los Derechos Humanos se reunirá el 16 de diciembre”. La Opinión. 14 de diciembre de 1971. En esa nota se señalaba que el Foro estaba integrado por Héctor Abrales, Raúl Aragón, Haydeé Birgin, Roque Belomo, Silvia Berman, Francisco Calipo, Enrique Coronel, Luis Daldini, Jorge Di Pasquale, Rolando García, Noé Jitrik, Verónica Kleiber, Mario Landaburu, Gerardo Laksman, Arnaldo Román, Manuel Sadosky, Héctor Sandler, Hipólito Solari Irigoyen, Alejandro Teitalbaum y Jorge Vernazza.

65. “Apremios. Las denuncias del martes 11”. Primera Plana. 18 de enero de 1972.

66.  “Torturas I. De París con solidaridad”. Primera Plana. 6 de junio de 1972.

67.  El grupo que logró fugarse estaba compuesto por Mario Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena del ERP; Roberto Quieto y Marcos Osatinski de las FAR y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros.

68. “Se declaró zona de emergencia en Chubut”. La Opinión. 16 de agosto de 1972.

69. “Extremistas evadidos de Rawson. Secuestraron un avión en Trelew y huyeron a Chile”. La Opinión. 16 de agosto de 1972.

70. Los doctores Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya se integraron al grupo que viajó desde Buenos Aires. El primero desarrollaba su actividad profesional en Puerto Madryn y el segundo en Trelew. Amaya en ese momento era el abogado del sindicalista combativo Agustín Tosco, quien se encontraba preso en Trelew.

71. Entrevista realizada al doctor Eduardo Luis Duhalde el 3 de abril de 2000.

72.  “Habló el contraalmirante Quijada. Los sucesos de Rawson y Trelew fueron explicados oficialmente”. La Opinión. 26 de agosto de 1972.

73. “El doctor Amaya fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo”. El Chubut. 19 de agosto de 1972.

74. “La avanzada más temeraria de los grupos guerrilleros. Los episodios de Trelew y Rawson abren interrogantes de implicancia política”. La Opinión. 18 de agosto de 1972.

75. “Respuesta de Mor Roig a un reclamo del justicialismo”. La Opinión. 18 de agosto de 1972.

76. Oscar Anzorena. Tiempo de violencia y utopía, 1966-1976. Buenos Aires: Contrapunto, 1988. Como consecuencia de la masacre de Trelew murieron Pedro Bonet, Alberto Capello, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Clarisa Lea Plase, José Mena, Miguel Volpi, Ana María Virrareal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Hulla del ERP; Carlos Astudillo, Alfredo Kohon y María Sabelli de las FAR; y Mariano Pujadas de Montoneros. Lograron sobrevivir María Berger y Alberto Camps de las FAR y Ricardo Haidar de Montoneros.

77. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

78. La mesa directiva de la primera Reunión de Abogados “Néstor Martins”, estaba compuesta por Gustavo Roca (Córdoba) como presidente y Manuel Salgado (Río Negro) como vicepresidente; Manuel Gaggero (Entre Ríos), Mario Yacoub y Mario Kestelboim (ambos de la Gremial porteña) como secretarios. “Abogados. Entender las cosas como son”. Primera Plana. 22 de agosto de 1972.

79. La declaración de la Asociación Gremial de Abogados hacía mención a la ley 19.797, promulgada por aquellos días. La misma explicitaba que: “el que por cualquier medio difundiere, divulgare, o propagare comunicaciones o imágenes provenientes de o atribuidas o atribuibles a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo, será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años”. “Trelew: los periódicos controles”. Primera Plana. 29 de agosto de 1972.

80. Esta declaración aparece junto con el artículo de Mario Kastelboim. “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de Abogados”. Peronismo y Socialismo. Núm. 1, 1973.

81. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

82. Entrevista realizada al doctor Mario Kestelboim el 30 de marzo de 2000.

83. Entrevista realizada al doctor César Calcagno el 12 de noviembre de 1998.

84. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

85. A partir de junio de 1972 comenzó el proceso de unificación de los diversos grupos de la Juventud Peronista en una estructura nacional conformada por siete regionales y con una dirección nacional. Esta estructura conocida como JP regionales centró su tarea en el apoyo irrestricto a las organizaciones armadas peronistas, fundamentalmente Montoneros.

86. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

87. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999.

88. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

89. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1998.

90. Mario Kestelboim fue nombrado delegado interventor y Mario Hernández, secretario académico.

91. Mario Kastelboim. “Una experiencia de militancia: la Asociación Gremial de Abogados”. Peronismo y Socialismo. Núm. 1, 1973.

92. Entrevista realizada al doctor Pedro Galín el 26 de marzo de 1999. Vale recordar que el 6 de septiembre de 1973, el ERP copaba el Comando de Sanidad. Esto marcaba el inicio de una serie de acciones durante el gobierno peronista, basadas en el ataque frontal a las Fuerzas Armadas.

93. Entrevista realizada al doctor Carlos González Gartland el 10 de abril de 2000.

94. Entrevista realizada al doctor Gerardo Taratutto el 12 de diciembre de 1999.