Historia reciente y responsabilidad social

Introducción


“Entiendo que los historiadores tenemos, en las sociedades posdictatoriales, un papel que puede ser de muchísimo interés en tareas de apoyo como expertos o peritos de las acciones judiciales emprendidas en contra de aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad. Sería la vertiente aplicada de los resultados de nuestro conocimiento”, escribe Joan del Alcàzar, uno de los autores cuyo trabajo aparece en esta sección.

A los que trabajan sobre la historia del tiempo presente, con frecuencia se les convoca a hacer uso de su saber en un marco que va más allá de las tareas cotidianas de la enseñanza y la investigación. El historiador interviene en una amplia gama de situaciones: comisiones de la verdad, procesos judiciales, proyectos comunitarios de reencuentro posconflicto, asistencia a las víctimas, instituciones (públicas y privadas) de promoción de la memoria. En un registro más próximo a las competencias clásicas del historiador, está la redacción de nuevos manuales de enseñanza, la realización de material y talleres pedagógicos y, desde luego, la producción escrita o audiovisual destinada al gran público sobre la historia reciente. En todas esas situaciones está en juego el uso que uno hace de la competencia que se le reconoce: promover el avance del conocimiento mediante los métodos probados de la ciencia histórica, para sacar a la luz la verdad sobre el pasado difícil y proporcionar una lectura de éste que ayude a la gente a afrontarlo.

Los cuatro autores cuyos trabajos se presentan a continuación tuvieron que utilizar su saber en operaciones de esclarecimiento del pasado que tenían consecuencias para la transición democrática y el futuro de una sociedad. Ellos aportan su testimonio y hacen un balance sobre esa experiencia que se sitúa en todos los casos entre fines de la década de 1990 y comienzos de este siglo. No nos sorprenderá ver repetirse, de un trabajo a otro, las mismas palabras: verdad, responsabilidad, reto; había que trabajar en medio de la urgencia y prácticamente sin precedentes, vencer día a día las dificultades.

Reparemos en que nos encontrábamos en una institución con una gran responsabilidad a cuestas, con un mandato intenso y –como suele suceder con esta clase de entidades– con una tarea difícil a llevar a cabo en poco tiempo y con recursos limitados. No era una organización con vocación de permanencia; temas y situaciones se presentaban de manera imprevista, las dificultades y complicaciones aumentaban diariamente,

señala por ejemplo Julissa Mantilla con referencia a la responsabilidad que le tocó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú.

Los retos analizados por nuestros autores obedecen a circunstancias políticas precisas que son, respectivamente, las de Guatemala, Chile, Irlanda del Norte y Perú. Al mismo tiempo, se inscriben en una reflexión que se desarrolló desde la década de 1990 en ambas orillas del Atlántico, acerca del uso público del conocimiento histórico y la responsabilidad social de los historiadores.

“La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico”, de Arturo Taracena Arriola, evoca el trabajo que éste llevó a cabo, con un equipo de científicos sociales apoyado por equipos de campo, para producir el informe “Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno”, publicado en el primer tomo de Guatemala: memoria del silencio (doce tomos, Guatemala: F&G, 1999). Trabajo de largo aliento –desarrollado a lo largo de casi tres años, entre 1997 y 1999– que indagaba sobre treinta y cuatro años de conflicto y sus orígenes. A diferencia de las anteriores comisiones de la verdad que habían otorgado un limitado interés a la historia, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) buscaba hacer recomendaciones concretas que tuvieran como asidero la experiencia histórica guatemalteca. Los comisionados decidieron que el informe guatemalteco presentara una amplia explicación histórica de los orígenes, el desarrollo y las consecuencias del conflicto. “En ese contexto, me pareció que yo podía y debía asumir el desafío de participar como profesional y como ciudadano”, escribe Taracena. “[No] quiero ocultar las dificultades de haber ejercido profesionalmente mi oficio a sabiendas de que mi pasado militante era y es un condicionante en la interpretación de los hechos.” Lo más importante en ese caso era, tal vez, que no se trataba de una investigación universitaria que él hubiese escogido emprender, “sino que lo hacía por deber ciudadano en un contexto político muy especial”.

¿Cómo llevar a cabo una investigación histórica apropiada para un relato de la verdad? No se contaba entonces con precedentes para ello. “Eran necesarias creatividad e intuición”. Además, el gobierno se negaba rotundamente a colaborar con el trabajo de la CEH y cerraba las fuentes castrenses y oficiales; tampoco podía disponerse de los archivos de la guerrilla ni de los partidos políticos.

Desde el inicio nos asaltaron preguntas como las siguientes: ¿cómo equilibrar el peso de la memoria colectiva con el de los actores individuales? ¿Cómo enfrentar la tesis de una explicación de casi cuatro décadas de guerra civil tan sólo por los ánimos bélicos de dos únicos actores (ejército y guerrilla) o, en el mejor de los casos, por la maldad de la CIA?
Escribe el autor. Y además, ¿cuáles considerar como los orígenes inmediatos de la guerra? ¿Cómo determinar el inicio de la guerra propiamente dicha? Responder a estas preguntas era construir el tiempo histórico de la violencia.

Entre los problemas con que tropezaron Taracena y sus colegas, aparece la dificultad de armonizar el trabajo de campo realizado por los equipos de la CEH con las opiniones del grupo de investigación histórica. Los primeros tendían a menospreciar la primera etapa del conflicto armado interno de 1962 a 1978, tomando en cuenta el volumen menor de bajas y su carácter esencialmente intraladino (no indígena), frente a las proporciones que la guerra adquirió en Guatemala a partir de 1979, sobre todo en las zonas rurales (las estimaciones hablan de entre veinticinco mil y ciento setenta y cinco mil muertos). El equipo de historiadores sostenía la necesidad de ir a sus inicios y estudiar la expansión de la guerrilla a partir de la década de 1960 para tener una comprensión cabal del conflicto.

“La historia aplicada: perito en el caso Pinochet en la Audiencia Nacional de España”, de Joan del Alcàzar nos sitúa en enero de 1999, mientras los lores británicos deliberan por segunda vez. En 1998, la noticia de que Scotland Yard había detenido en Londres al general Pinochet, en virtud de una orden de arresto internacional, provocó una conmoción en Chile y en la comunidad internacional. La orden había sido emitida por un juez español, Baltasar Garzón, y España era uno de los países donde el acontecimiento encontraba una fuerte resonancia: “La figura siniestra de Pinochet, enfundado en la capa de su uniforme castrense en los funerales de nuestro longevo dictador marcó, creo, a toda mi generación”, recuerda Del Alcàzar. Uno de los puntos que surgió en este momento del caso Pinochet fue determinar el momento a partir del cual podía considerarse a Pinochet como jefe de estado.

Los abogados de la defensa argumentaban que Pinochet había de ser considerado jefe del estado desde el 11 de septiembre de 1973. […] Si el presidente del tribunal atendía a los criterios de la defensa, era necesario decidir si concederle o no la inmunidad. Si aceptaba los de la acusación […], Pinochet habría perdido la hipotética cobertura que podía amparar determinados actos realizados por los jefes de estado en ejercicio, dado que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 26 de junio de 1974 no lo había sido.
De acuerdo con esta segunda hipótesis, “el ex dictador podía ser juzgado por los crímenes cometidos durante esos primeros diez meses que provocaron casi dos mil víctimas entre muertos y desaparecidos”.

El historiador español advirtió que en la documentación reunida durante sus últimas investigaciones en Chile quizás haya datos susceptibles de esclarecer la cuestión debatida por los lores. Propuesto por la acusación, elaboró a la sazón un informe con las fuentes a su disposición, que entregó al juez Garzón. Del Alcàzar analiza la sensación de responsabilidad que lo embargaba por entonces: ¿era posible que su modesta participación en ese caso tuviera consecuencias políticas? ¿Cuáles?

Como para Chile, el año 1998 también fue memorable para Irlanda del Norte. El 10 de abril, el Acuerdo del Viernes Santo puso fin a treinta años de conflicto (1968-1998), cuyo origen era la partición de la isla entre la República de Irlanda y los seis condados del Ulster o Irlanda del Norte, que siguieron siendo parte del Reino Unido. En “Dentro del silencio”, la socióloga Patricia Lundy y el historiador Mark McGovern cuentan la historia de una iniciativa comunitaria de reencuentro tomada a raíz del acuerdo de paz: el Proyecto Conmemorativo de Ardoyne, que consistió en recoger los testimonios cotejados de alrededor de trescientos amigos, familiares y testigos presenciales sobre las víctimas que el conflicto cobró a esa localidad para publicar con ellos un libro, Ardoyne: The Untold Truth (Belfast: Beyond the Pale Publications, 2002). McGovern y Lundy fueron los encargados de coordinar el proyecto de Ardoyne en el plano científico, y en su artículo hacen el balance de lo sucedido.

En treinta años, noventa y nueve personas fueron asesinadas en la localidad. Desde julio de 1998, parientes de víctimas, activistas comunitarios e individuos interesados se reunieron para decidir el mejor modo de recordar a sus muertos y acordaron realizar un “relato comunitario de la verdad” al que pudiera contribuir toda persona nativa de Ardoyne o con bastante tiempo de residencia en el lugar. Casi por doquier, tanto entre los protestantes como entre los católicos, nacieron iniciativas semejantes a la de Ardoyne. En la sociedad civil se impuso la idea de que para poner en marcha una verdadera transición y una “curación”, era preciso poder decir en forma pública la “verdad nunca dicha”. Tal como un habitante de aquella localidad confesó a los autores: “No [tenía] que ser tu verdad. No [tenía] que ser una verdad compartida. Pero para curarme realmente, necesitaba sentir que alguien había escuchado mi historia”.

Muchas observaciones de Lundy y McGovern sobre el proyecto de Ardoyne encuentran una resonancia directa en los proyectos comunitarios posconflicto de América Latina. Por ejemplo, las garantías exigidas por los entrevistados para hablar. Lundy era residente de la propia localidad y McGovern oriundo de la región. La aceptación de este último tardó un poco más y constituyó un segundo anillo concéntrico en el círculo de confianza indispensable para el proyecto y basado en la pertenencia a la misma comunidad. Por otra parte, si el proyecto incluía a todas las víctimas, también era preciso ocuparse de las que habían sido eliminadas “por su propia gente” como presuntos informantes. Esto significaba penetrar en las fracturas íntimas y los silencios interiores padecidos por la comunidad. Pues los estragos de la violencia –Lundy y McGovern insisten en este aspecto–, se podían observar no sólo entre comunidades sino en el seno de cada una. Contra todas las expectativas, las reacciones fueron favorables: “estábamos muy satisfechos de que [las familias de los informantes] estuvieran allí, pudieran llorar y hacer todas las cosas y tener todo ese apoyo”, comentó un entrevistado. Al atreverse a acometer el aspecto más delicado de la cuestión, el proyecto logró poner en marcha un verdadero proceso curativo.

Mencionemos por último la importancia, para la gente de Ardoyne, de haber intervenido en cada etapa del proyecto. Ver sus palabras en negro sobre blanco en el libro de sus muertos fue parte de una experiencia catártica, la de vencer su vulnerabilidad al revelar de una manera tan pública experiencias sumamente personales y dolorosas.

El trabajo de Julissa Mantilla Falcón, “Sin la verdad de las mujeres, la historia no estará completa”, lleva el título de un folleto repartido a las mujeres para que acudieran a prestar su testimonio a la comisión de la verdad del Perú (2001-2003). El informe de ésta tiene un capítulo sobre la violencia sexual dirigida específicamente contra las mujeres o que las afectó en forma desproporcionada. Muestra, por otra parte, que la violencia cayó sobre hombres y mujeres de manera diferente según sus posiciones sociales y distintos roles, y que las situaciones de desigualdad y discriminación que existían antes del conflicto tuvieron su papel en la manera en que éste se desató.

Investigar la violencia en relación con el género no estaba incluido en el mandato recibido por la comisión. A mitad de camino, ésta decidió incorporar una perspectiva de género a su trabajo. Miembro del equipo jurídico, Mantilla quedó a cargo de definir los principios de acción e impulsar la nueva política. Su trabajo describe los objetivos y resultados de la tarea de la “línea de género”.

Un aspecto importante fue formar y acompañar a los equipos que trabajaban en el terreno, así como redactar una guía de capacitación. “Era preciso demostrar que un enfoque de género permite obtener una mayor riqueza de información en las investigaciones, que es una herramienta de trabajo, no una mera carga o imposición”, señala Mantilla. La información se difundió en una forma adaptada a las víctimas analfabetas y hablantes de quechua. Los hechos de violencia sexual cometidos contra las mujeres no estaban categorizados entre los crímenes y violaciones de los derechos humanos que la comisión de la verdad debía registrar. Eso exigía, con anterioridad, elaborar una definición a partir de los instrumentos jurídicos existentes. La autora muestra cómo la comisión aprovechó las normas jurídicas internacionales forjadas en los últimos diez años para fundamentar que la violencia sexual podía constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad, entre otros.

La autora señala numerosos aspectos puestos en evidencia por la comisión en lo relacionado con los efectos de la violencia sobre las mujeres. Por ejemplo, la evolución que se produjo en los roles sociales femeninos a raíz del conflicto. Ante la falta de los varones, las mujeres debieron salir al espacio público y luchar solas por la supervivencia de la familia. Cuando debían abandonar sus viviendas por miedo a la violencia desatada, la organización del desplazamiento de las familias quedaba en general a cargo de las mujeres que lideraban el asentamiento en nuevos lugares. El informe muestra también cómo Sendero Luminoso (SL) capitalizó el deseo de las mujeres de escapar a la subordinación y ser reconocidas para reclutar militantes. “Si bien Sendero Luminoso asignaba a las mujeres nuevos roles como […] combatientes, se les seguía exigiendo cocinar y cuidar de los enfermos o heridos.” Finalmente se documenta el protagonismo femenino en la lucha contra la violencia. En particular la aparición de dirigentes en las organizaciones sociales surgidas para contrarrestar la crisis económica –clubes de madres, vaso de leche y comedores populares– y a quienes más adelante SL amenazó y asesinó. O las viudas y las mujeres solteras obligadas en ciertas partes de la sierra a participar en las rondas organizadas por las comunidades campesinas contra SL, que recibían entrenamiento en el manejo de las armas y participaban en los enfrentamientos con el grupo guerrillero.

De los esfuerzos desplegados por Mantilla y su equipo se extraerá también una lección de orden epistemológico sobre los medios que deben arbitrarse para establecer una “verdad más completa”; por ejemplo, los que aparecen en las instrucciones de la comisión a sus funcionarios: tener siempre presente la manera diferente en que la violencia afecta a hombres y mujeres, preguntarse si las conclusiones y alcances pueden generalizarse o si es menester hacer una diferencia en virtud de si son hombres o mujeres las personas involucradas, reconocer la existencia de roles tradicionales de género que no deben predeterminar la orientación de nuestra investigación pero sí ser identificados a lo largo del trabajo, y diferenciar por sexo los resultados estadísticos.


Traducción de Horacio Pons