La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala

Arturo Taracena Arriola



INTRODUCCIÓN

El proceso de transición democrática en Guatemala fue el resultado de largas negociaciones de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Aunque la constitución de una comisión de la verdad fue el objetivo de uno de los acuerdos firmados entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) entre 1994 y 1996, tres años fueron necesarios desde entonces para que, en julio de 1997, se creara la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) que estuvo en funciones hasta febrero de 1999. Cabe ubicar esta iniciativa entre los intentos oficiales por enfrentar el conocimiento del pasado en el istmo en los últimos cincuenta años y la aplicación de medidas de justicia y reparación, con el fin declarado de contribuir a la reconciliación nacional y a la transición democrática, de los cuales el excelente y pionero artículo de Raquel Sieder, “Políticas de guerra, paz y memoria en América Central”1 contiene un análisis comparativo.

El presente trabajo esboza un testimonio razonado de mi experiencia como historiador durante casi tres años en el equipo de investigaciones históricas de la CEH. La percepción que entonces tuve –y que ahora sistematizo– no necesariamente será compartida por sus otros integrantes, por lo que asumo la responsabilidad de su contenido. Tampoco quiero ocultar las dificultades de haber ejercido profesionalmente mi oficio a sabiendas de que mi pasado militante era y es un condicionante en la interpretación de los hechos. Tal vez, el matiz lo da el hecho de que no participaba en una investigación académica que yo había escogido hacer, sino que lo hacía por deber ciudadano en un contexto político muy especial.2

Asimismo, otro matiz es la seriedad del documento final producido, independientemente de la acción de sus detractores, en especial de miembros del Ejército de Guatemala, quienes ven en él un documento que condena a “quienes impidieron la derrota del estado guatemalteco”, a quienes “valientemente se enfrentaron al comunismo” en 1954 y, posteriormente, actuaron en “defensa de la nación guatemalteca”.3 Los antecedentes del conflicto deben remontarse a la aparición de las ideas comunistas en Guatemala durante el año 1922, cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo, para extenderse a partir de la revolución de octubre de 1944. Esta lucha contra el comunismo destructor del estado justificó el proceder “patriótico” desde el poder estatal de militares, paramilitares y civiles a lo largo del conflicto armado interno.4

La CEH ofrecía un paso concreto para enfrentar el legado de la violación de los derechos humanos y, consiguientemente, para avanzar en la transición democrática. Como su propio nombre lo indica, se impuso rendir una explicación histórica de las causas y consecuencias de un conflicto armado interno que había durado treinta y cuatro años, pero cuyos orígenes abrían un espacio de tiempo de medio siglo, con el propósito de poder hacer recomendaciones concretas que tuvieran como asidero la experiencia histórica. En ese contexto me pareció que yo podía y debía asumir el desafío de participar como profesional y como ciudadano.



EL RETO

El análisis histórico del conflicto armado interno que debía realizar la CEH se planteó, en primer lugar, como un llamado a la recuperación de la memoria y, en segundo lugar, como investigación sobre el pasado con una finalidad práctica: coadyuvar al éxito de una solución política duradera y permitir la construcción de la democracia en un país que solamente la ha vivido de manera formal tal y como lo atestigua su historia de violencia e impunidad. Fue así que un equipo de cientistas sociales, apoyado por los diferentes equipos de campo, trabajó de mayo de 1997 hasta febrero de 1999 para producir el informe “Causas y orígenes del conflicto armado interno”, publicado en el primer tomo del informe de la comisión: Guatemala. Memoria del silencio.5

Visto retrospectivamente, el trabajo emprendido por la CEH representaba un esfuerzo de grandes proporciones en un país donde el olvido cuidadosamente calculado se apoya en una enseñanza sintética del “presente histórico”, sin líneas profundas de análisis y en una historiografía que se nutre fundamentalmente de los libros escritos por extranjeros,6 claro indicador de la falta de compromiso de los guatemaltecos con el quehacer histórico.

A la falta de conciencia histórica de los guatemaltecos se suma la ausencia de archivos públicos –pues muchos han sido destruidos o están escondidos–7 y la incertidumbre que sentimos los guatemaltecos a la hora de abordar con seriedad el balance de casi cuatro décadas de guerra. Aún enfrentamos la limitación de no poder escribir nuestra historia con lucidez debido a la censura propia y a la que nos impone un estado que no acepta ser juzgado por su comportamiento en el largo plazo.

Los miembros del equipo de investigación histórica que entramos a trabajar en la CEH veníamos de diversas instituciones y generaciones, y no teníamos la mejor preparación teórica y metodológica sobre el tema que hoy tratamos y que Paul Ricoeur ha puesto de moda con su obra La memoria, la historia, el olvido. 8

Individual o colectivamente, empezamos nuestra labor sin haber reflexionado de manera sistemática sobre las etapas de la operación historiográfica explicativa de la memoria reciente. En un principio, la mayoría de los participantes del equipo sentimos la falta de conocimiento de esa historia bélica, ya fuese por razones de edad o de marginalidad política casual o voluntaria. Además, no había consenso alguno entre las visiones históricas guatemaltecas y extranjeras. Pero nos habíamos comprometido a dar una explicación a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre los orígenes y la duración de un conflicto armado de treinta y cuatro años y su olvido. Por ello, nos vimos compelidos a producir un análisis serio de los contenidos, de los usos sociales y políticos, de los mecanismos de transmisión de la memoria, de las falsificaciones y trasvestismos de las historias escritas, así como de los silencios de la sociedad guatemalteca a lo largo de medio siglo. Debimos superar la tendencia al anacronismo que nos imponía un período ideológico mundial caracterizado por el publicitado “fin de la Historia” y los varios paradigmas con los que nos habíamos formado como profesionales y políticos. Las discusiones fueron arduas y provechosas.

En pocas palabras, estábamos ante el compromiso de producir un texto histórico para el público. Nuestro texto sería sin duda perfectible. Pero debíamos aportar una explicación más “científica” –más profesional, sin que por ello se convirtiese en verdad absoluta. Sabíamos que sería rechazado por el Ejército y la burguesía que se declaraban convencidos de haber salvado a Guatemala, a pesar de un costo social de decenas de miles de muertos, desaparecidos, heridos y refugiados. Para ellos, lo sucedido ha sido la mejor forma de salvar la “democracia” que vino de la mano de la intervención norteamericana de 1954.

Durante su visita a Guatemala en 1999, Bill Clinton aceptó que los Estados Unidos estaba en deuda con Guatemala por esta intervención. Asimismo, las conclusiones del Congreso “Nuevas perspectivas de los Estados Unidos, Guatemala y Latinoamérica en el golpe de 1954”, celebrado en 2003 en Washington, fueron que el argumento de la amenaza comunista guatemalteca para los Estados Unidos no tenía fundamento alguno pero que sus consecuencias para Guatemala eran evidentes: la intervención norteamericana en el derrocamiento del gobierno de Jacobo Árbenz confirió una suerte de legalidad al militarismo conservador que ha venido decidiendo los destinos del país desde hace medio siglo. Sin embargo, este congreso de historiadores evitó abordar con profundidad el continuum de la política norteamericana en materia de apoyo a ese mismo régimen contrainsurgente.9



LAS PREGUNTAS CLAVES

En lo referente a la particularidad guatemalteca, desde el inicio nos asaltaron preguntas como las siguientes: ¿Cómo equilibrar el peso de la memoria colectiva con el de los actores individuales? ¿Cómo enfrentar la tesis que explicaba casi cuatro décadas de guerra civil tan sólo por los ánimos bélicos de dos únicos actores (Ejército y guerrilla) o, en el mejor de los casos, por la maldad de la CIA?

En ese momento particular guatemalteco cobraba cada vez más peso la teoría del sándwich, de acuerdo con la cual treinta y cuatro años de guerra civil se explican por la sola acción del Ejército y del movimiento revolucionario guatemaltecos; una tesis que no es sustentada política o históricamente en los vecinos países de El Salvador y Nicaragua, pero que en Guatemala le ha acomodado a muchos. Así, actores como la oligarquía, los partidos políticos institucionales, las iglesias, los intelectuales, las universidades, las gremiales, los sindicatos, los campesinos, los indígenas, etcétera, estuvieron atrapados en medio de la brutalidad bélica: son sectores de la sociedad que, cuando actuaron, lo hicieron manipulados o abusados por el Ejército, por el movimiento revolucionario o por ambos. Éstos, a su vez, estaban manipulados por sus aliados internacionales: los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba.

¿Quiénes eran verdaderamente los actores sociales enfrentados en el conflicto armado interno de Guatemala? ¿Se trató solamente de organizaciones e instituciones en pugna, tal y como esta tesis lo ha venido sosteniendo?

Pronto nos dimos cuenta de que era imprescindible escudriñar un abanico importante de fuentes y de testimonios que nos permitiesen superar los silencios, los miedos y las explicaciones binarias. Era necesaria una valoración sistemática de todos los caminos del pasado, aunque francamente no tuviésemos la experiencia ni los medios para lograrlo de la forma adecuada.

El primer problema resultó ser encontrar las fuentes y valorar su veracidad sin ser prejuiciosos con ellas. El segundo, impedir que un pasado tan doloroso nos condujese a querer “pasar la página” –como se dice coloquialmente–, sobre todo en casos espinosos como el de las masacres y el genocidio. El tercer problema fue enfrentar el peso de la memoria institucionalizada y construida por un poder triunfante desde 1954, con el agravante del éxito político de su ideología a nivel regional y, también, dejar a un lado la visión redentora de la izquierda revolucionaria. El cuarto, sobreponernos a la tirantez que sentíamos como historiadores entre nuestro oficio y nuestra responsabilidad ciudadana frente a la marca del pasado militante.



LA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA CEH

Es necesario señalar que el doctor Christian Tomuschat –director de la CEH– se enfrentó desde el inicio al problema de la falta de sistematización internacional sobre este tipo de actividades. Él y los dos comisionados guatemaltecos (los licenciados Alfredo Balsells Tojo y Otilia Lux de Cotí) tuvieron que empezar de cero en el diseño de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Si bien pronto se contó con los reportes de las comisiones de la verdad de Argentina, Chile y El Salvador, se desconocía cómo habían trabajado. Eran necesarias creatividad e intuición.

La lectura de ese material permitió corroborar el limitado interés que las comisiones de la verdad anteriores habían otorgado a la interpretación histórica, por lo que los comisionados –en especial el doctor Tomuschat– consideraron importante que el informe final guatemalteco tuviese una amplia explicación histórica de los orígenes, del desarrollo y de las consecuencias del conflicto armado interno, tal y como lo exigía el acuerdo de creación de la CEH. En ese contexto se planteó la constitución del equipo de investigación histórica.

De inmediato, la comisión se abocó a obtener el concurso de varios centros de investigación social existentes en el país, incluyendo los de la universidad nacional y los de las privadas, no sin enfrentar algunos rechazos. Los investigadores provenimos principalmente de las universidades de San Carlos (estatal), Rafael Landívar (privada confesional, jesuita) y Del Valle (privada), así como de los centros de investigación Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

El equipo de investigación histórica quedó conformado por guatemaltecos, la mayoría de los cuales eran cientistas sociales, mientras que los equipos de apoyo y de investigación de campo se formaron en gran medida con extranjeros de diversas disciplinas, pero sobre todo provenientes de las ONGs que actuaban en el país o de la antigua misión de observación internacional de las Naciones Unidas en El Salvador, la ONUSAL. Algunos de los primeros integrantes contribuimos a diseñar su estructura y metas a mediados de 1997.

La CEH empezó a funcionar como institución en medio de las dificultades laborales entre los integrantes (quienes tenían distintos cargos a la hora de sumarse al proyecto), de la vigilancia efectiva de los servicios de seguridad del estado, del enfrentamiento entre “actores” y “neutrales” y entre funcionarios internacionales (de las Naciones Unidas) y contratados nacionales.



LA DINÁMICA DE LA DISCUSIÓN INTERNA

Un tema de discusión inicial en el seno del equipo de investigación histórica fue el de la periodización. Era necesario acotar el lapso de los antecedentes (1948 o 1954) y del inicio del conflicto armado (1960 o 1962), con el propósito de poder determinar el peso de la Guerra Fría en el caso guatemalteco y el de los factores internos: ideologías dominantes (la presencia de un anticomunismo oficial desde 1932 y de discursos y prácticas racistas propias del desarrollo histórico del proyecto nacional guatemalteco), causas estructurales (el desarrollo del capitalismo agrario desde el siglo XIX), cierre de espacios políticos (contrarrevolución de 1954). Pequeños detalles, pero decisivos en la seriedad del planteamiento interpretativo.

¿En qué punto empezar el análisis de los orígenes inmediatos? ¿La revolución de octubre de 1944 que había puesto fin a la dictadura del general Jorge Ubico en la coyuntura del triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial? ¿El asesinato del coronel Francisco Javier Arana en 1949, principal dirigente de la derecha guatemalteca? ¿La contrarrevolución financiada por los Estados Unidos, de junio de 1954? Decidimos hacerlo en octubre de 1944, fecha que marcó la caída del régimen liberal tradicional instaurado en la segunda mitad del siglo XIX, como en la casi totalidad de países latinoamericanos.

Establecer cuándo comenzó la guerra fue otra discusión que nos llevó mucho tiempo. La tradición castrense decía que con el intento de rebelión militar en el departamento de Zacapa el 13 de noviembre de 1960. Los documentos demostraron que más bien se trataba del momento en que los oficiales radicalizados fundaron el movimiento MR13, dando a conocer públicamente su programa político y optando por la lucha guerrillera como medio para derrocar el gobierno del general Ydígoras Fuentes en febrero de 1962. Una plataforma política que pronto sería enmarcada en la lucha por la instauración del socialismo, bajo la influencia de la revolución cubana.

La importancia de las etapas conllevó un primer punto de discusión del equipo de investigación histórica con miembros de los equipos de campo de la CEH. Estos últimos tendían a menospreciar la primera etapa del conflicto armado interno de 1962 a 1978 por su volumen menor de bajas y su carácter esencialmente intraladino (no indígena), frente a las proporciones que adquirió la guerra en Guatemala a partir de 1979 –especialmente en las zonas rurales– con motivo de la aplicación intensiva de la Doctrina de Seguridad Nacional ante el “enemigo interno” y su caudal de desaparecidos, masacres, aldeas modelo, patrullas civiles. Había una tensión marcada entre la visión del equipo de investigación histórica, centrada en proporcionar una visión global del pasado histórico inmediato, y la de miembros de los equipos de campo, abocada en denunciar la magnitud de la violación de los derechos humanos, en particular en las comunidades indígenas, las cuales no deberían ser necesariamente opuestas.

De esa polémica se desprendió otra referida al peso otorgado a la explicación bipolar del conflicto armado interno por medio de la teoría del sándwich, en la que la sociedad civil guatemalteca había sido presa del enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla. Tal tesis había sido esbozada en cierta manera en el informe Guatemala. Nunca más del Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMIH) aparecido en 1998.10

Surgió la necesidad de ofrecer una reconsideración crítica de esa teoría para dar una explicación global del conflicto armado interno, ya que nos parecía que la guerra que había involucrado a casi todos los sectores de la sociedad guatemalteca no podía ser explicada por la sola responsabilidad de dos actores. Claro, ello nos ponía frente al riesgo de que avanzara la idea de una “responsabilidad colectiva”, que diluyese los niveles de responsabilidad individuales e institucionales existentes, que ameritaban ser explicitados.

De ahí que también tuviésemos que enfrentar la explicación del comportamiento de los sectores subordinados en el conflicto armado como producto de la “manipulación”, tesis tan corriente en el discurso político guatemalteco. Por ejemplo, frente a la visión más crítica de la CEH, los empresarios argumentaban que se habían visto envueltos en “una guerra que no habían deseado y en la que no habían participado”, eso a pesar de los indicios de su papel en el financiamiento y las directivas políticas en el derrocamiento de Árbenz y de la posterior lucha contrainsurgente. Especialmente el Ejército sostenía que había habido una manipulación externa de los guatemaltecos por los actores de la Guerra Fría (los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba).

Por otra parte, se hablaba de una manipulación interna de los indígenas por la guerrilla y el Ejército. Esta última tesis era sostenida por un amplio abanico de gente: los partidos políticos institucionalizados que subsistían (Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, Movimiento de Liberación Nacional, Partido de Avanzada Nacional, Unión del Centro Nacional), la jerarquía de la Iglesia católica, la dirigencia del movimiento maya, y algunos integrantes de la izquierda que no habían sido partidarios de la “vía de la lucha armada”. Sin embargo, ésta es, sobre todo, la adoptada por varios intelectuales extranjeros.11

Asimismo, surgió la polémica en torno de la denominación de lo ocurrido: se nos decía que no fue una guerra civil o un conflicto armado, sino más bien un “desorden de la sociedad”; simplemente, violencia continua, circunscripta en el espacio y a sectores de la sociedad. Y que por lo tanto, la mayoría de los crímenes no habían sido actos de guerra ni crímenes políticos, sino delitos comunes, ajenos a las necesidades y urgencias del conflicto militar.12

Detrás de esta polémica aparecía el tema acerca de cómo interpretar la violencia política: ¿Existían causas estructurales socioeconómicas que explicaran su surgimiento? ¿Tenía o no la guerrilla el derecho a cuestionar a un estado surgido de una contrarrevolución e intervención extranjera en 1954 –visto por un sector de la sociedad como una democracia–? ¿Era o no irresponsable enfrentar a un estado que, en definitiva, actuó en defensa de sí mismo? ¿Cual había sido el grado de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos –y por lo tanto de la CIA– en el mantenimiento de las estructuras represivas en Guatemala? ¿Había tenido Cuba un papel preponderante o subordinado en el desarrollo y en la consolidación del movimiento revolucionario guatemalteco?

También aparecieron preguntas acerca de la cuestión de los indígenas: ¿Cuál había sido, por ejemplo, la dimensión de la matanza por parte del Ejército guatemalteco de núcleos indígenas? Y acerca de las causas de esa masacre: ¿fue el apoyo de los indígenas –real o presunto–, a la guerrilla o la visión ideológica racista de los militares lo que originó la matanza? En el segundo caso, ¿correspondería hablar de genocidio?. Estaba asimismo la cuestión del grado de adhesión de una mayoría indígena rural al plan contrainsurgente, lograda a través de varias modalidades: patrullas de autodefensa civil, aldeas modelo, coordinadoras interinstitucionales, entre otras. Se pretendió justificar esa masacre presentándola como medida aplicada en el marco de operaciones de contrainsurgencia a escala local y limitada en un tiempo determinado. El argumento fue dado en particular en el caso de la represión a los ixiles en el departamento de El Quiché.13 Al respecto, un alto funcionario castrense ha afirmado que los “excesos” ocurridos durante el enfrentamiento armado interno, “en ningún momento estuvieron contenidos en una política institucional”, si no que fueron cometidos por “algunos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales, patrulleros de autodefensa civil, comisionados militares e incluso civiles, quienes actuaron según su criterio particular”.14

Finalmente, tampoco podía dejar de plantearse en la discusión entre investigadores del equipo histórico, por más que se negaba desde las filas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las masacres de la guerrilla en respuesta a la medida contrainsurgente de creación de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), los asesinatos de empresarios, periodistas, ex compañeros acusados de traidores, en nombre de una “causa justa”. Si bien la guerrilla argumentaba haber actuado a partir de una injusticia generalizada mantenida por el estado guatemalteco, no podía negar que su proceder había producido en el tiempo hechos injustos concretos, que debían ser documentados.

Para el REMIH, el 80% de las cincuenta y cinco mil víctimas y más de veiticinco mil asesinatos eran atribuibles al Ejército, y sólo el 9% a la guerrilla; los autores del 11% restante no estaban identificados. Para la CEH, las personas asesinadas y desaparecidas son alrededor de doscientas mil, y la responsabilidad de estos hechos corresponde al Ejército en un 93%, a la guerrilla en un 3%. El 4% es atribuible a diferentes actores. El informe de la CEH incluye un análisis detallado de casos paradigmáticos a partir de ocho mil testimonios.



EL GRAVE PROBLEMA DE LAS FUENTES

La CEH encontró grandes dificultades a la hora de recabar fuentes escritas (prensa, boletines, partes de guerra, planes de campaña, reglamentos, programas políticos, etcétera). Por un lado, los documentos de la guerrilla eran escasos debido a su destrucción masiva y a las reticencias de sus dirigentes para aportar los registros de datos existentes; por el otro, siempre estuvo prohibido el acceso a la mayoría de las fuentes castrenses y gubernamentales. Los partidos políticos, amparados en la “teoría del sándwich”, no presentaron una sola fuente. Esta postura fue adoptada incluso por el MLN, producto histórico de la intervención de 1954 y principal fuerza política de la contrainsurgencia. A su vez, había que afrontar el análisis crítico de las fuentes secundarias. Si bien éstas tenían el sesgo de los análisis académicos del período de la guerra y eran favorables a uno u otro bando, resultó esencial acopiarlas y compararlas.

También sobresalió la calidad contundente pero también relativa de la información aportada por los documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano. Cuando a finales de 1997 la CEH los recibió directamente del National Security Archive,15 los miembros del equipo histórico pensamos que pronto avanzaríamos e n el análisis de los antecedentes y de las etapas del conflicto armado interno guatemalteco.

Kate Dole, la directora de esta ONG, apuntaba que la operación PBSUCCESS –nombre con el que se conoce la operación realizada por la CIA en Guatemala–, ingresó en la memoria colectiva de la agencia de inteligencia como un triunfo sin mancha, versión que luego fue adoptada por una parte de la historiografía norteamericana. A partir de la operación PBSUCCESS y su supuesto éxito, las operaciones clandestinas que emprendió la agencia norteamericana en los años sucesivos se describieron incluso como “limpias, seguras y eficientes”. De esa forma, en la historia oficial de los Estados Unidos no se asumía como propia la responsabilidad en los hechos acaecidos en estos países.16

Tales razones nos hacían considerar que la divulgación de estos documentos era un comienzo vital para reconstruir el oscuro pasado inmediato de Guatemala, al cual todos nos referíamos con verdades a medias y secretos a voces, pero sin poder modificar la versión oficial.

De hecho, ante los ojos de los investigadores de la CEH fueron apareciendo documentos que, a pesar de los largos y repetidos tachones con tinta negra que ocultaban muchas de las frases, dejaban ver información sobre hechos y estadísticas concretas en torno del comportamiento del estado y la sociedad guatemaltecos a raíz de la caída del régimen revolucionario. Se aclaraba el proceder de los aliados guatemaltecos de los Estados Unidos, especialmente de la clase terrateniente y del Ejército, resueltos a recuperar el poder que en parte habían perdido a partir de la revolución de octubre de 1944. Si bien los documentos norteamericanos centran su análisis en el papel que jugaron los actores nacionales, revelan también que éstos no habrían podido triunfar en el conflicto ni poner en marcha el terror de estado sin el dinero, el equipo, el adiestramiento y el apoyo moral proporcionado por los asesores norteamericanos, como lo señala el historiador Greg Grandin.17

Empero, luego del primer entusiasmo, los investigadores nacionales y extranjeros de la CEH pensamos cuánto más hubieran podido revelar aquellas frases tachadas y notas eliminadas a lo largo de los cientos de hojas (aunque en ese momento representaban apenas el 1% de los expedientes secretos que la CIA posee relativos a lo acaecido en Guatemala desde la invasión de junio de 1954 hasta finales del conflicto armado en 1996). Claro, quedaba la posibilidad de que tales espacios fueran llenados por los documentos oficiales guatemaltecos y los testimonios de los actores nacionales –militares y civiles aliados de los Estados Unidos– que han detentado el poder desde 1954. Sin embargo, pronto se hizo evidente que ninguno de ellos estaba dispuesto a presentar documentos o a dar testimonios fiables que ayudaran a esclarecer el pasado. Por su parte, los funcionarios de los Estados Unidos se defendieron alegando que se trataba de los asuntos internos de países soberanos.

Asimismo, aunque muchos de los señalamientos hechos por la izquierda guatemalteca resultaron corroborados por los documentos desclasificados, ésta no pudo aportar datos apoyados en fuentes nacionales que esclarecieran todas las frases tachadas. En honor a la verdad, en muchos casos la izquierda no tuvo voluntad política de hacerlo. Sin embargo, no se presentó como víctima de la manipulación de soviéticos y cubanos, y asumió su responsabilidad en el proceso que se desarrolló a lo largo del conflicto armado interno.



LOS PROBLEMAS DEL APOYO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Desde el seno del equipo de investigación histórica surgió una crítica a la forma en que se constituyeron las antenas de la CEH en las consideradas regiones indígenas y regiones ladinas debido a la desigualdad de su distribución geográfica. La costa sur y el oriente de Guatemala, donde se desarrolló la primera experiencia guerrillera, tan sólo contaron con una sede cada una, mientras que en el occidente y norte funcionaban once. El argumento giró nuevamente en torno de la poca importancia de la represión en la primera etapa del conflicto armado interno (1962-1978), con el cálculo de veinticinco mil víctimas frente a las ciento setenta y cinco mil de la etapa posterior. Nuevamente, el equipo de historiadores enfrentó dificultades para que el resto de los integrantes aceptaran la necesidad de una visión histórica global, ya que los investigadores de campo actuaban guiados por consideraciones humanitarias y por la preocupación de denunciar. Desde nuestro punto de vista, lo último debía estar acompañado por la explicación del proceso y el debate de las funciones distintas de la memoria social y la historia si se quería avanzar en el conocimiento de la historia reciente de Guatemala.

Dado que se tomó como base un criterio cuantitativo –la cantidad de víctimas por período–, no se prestó la suficiente atención al aspecto histórico del conflicto armado, a lo ocurrido en la primera etapa, a pesar de no haber sido tan significativa la cantidad de víctimas. Se produjo así un desequilibrio entre la investigación de la violencia realizada por una parte en el ámbito urbano y por la otra en el mundo rural (por ejemplo, habrá que explicar por qué el testimonio no indígena urbano fue más selectivo y eminentemente individual).

La atención preferencial que se prestó al ámbito rural tiene su explicación en la dimensión aterradora que alcanzó la política de “tierra arrasada” practicada a partir de los años ochenta. Y no se puede negar la importancia de contar con un masivo testimonio indígena, individual y colectivo, de denuncia de la violencia tanto por parte de los agentes del estado como de los miembros de las organizaciones guerrilleras. Pero la focalización sobre el segundo período tuvo como resultado ocultar otros aspectos cruciales que se dieron en áreas urbanas y rurales no indígenas desde la década de 1960, como la figura del desaparecido, el empleo de los escuadrones de la muerte y las aldeas modelo: aspectos que hicieron de Guatemala un temprano laboratorio continental en materia de prácticas represivas.

También apareció en el seno de la CEH la polémica acerca de si era conveniente aplicar una política de búsqueda de “equilibrio” entre las cifras de violaciones cometidas por el Ejército y aquéllas cometidas por la guerrilla. Esta posición fue defendida especialmente por entrevistadores extranjeros y había aparecido también en el seno del REMIH, aunque en ese caso estaba amparada por guatemaltecos. En su defensa, se argumentaban razones de “objetividad” del informe final o una actitud “políticamente correcta” de denuncia de las atrocidades de la subversión en Guatemala como en toda Centroamérica.

Asimismo, sin que llegase a ser oficial, el trabajo del equipo de investigación histórica de la CEH se vio envuelto en una polémica con el entorno político de la URNG (fuerzas revolucionarias que firmaron con el gobierno guatemalteco los acuerdos de paz de 1994-1996) en torno de sus conclusiones. Este equipo demostró que, a pesar de contar con un mandato limitado en materia de rescate de la memoria y del deslinde de responsabilidades, con voluntad de investigar el pasado reciente se podían producir resultados concretos que cumpliesen con las expectativas políticas de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. Es decir, se podía combatir la tentación de sustituir el olvido con la ambigüedad.

Otra polémica se desató a mezzo voce con el gobierno y los militares, quienes reprochaban al equipo histórico su “visión parcializada de la guerra” porque no respaldó la tesis del salvamento de un estado de derecho frente a la amenaza comunista. En este sentido, el gesto más contundente fue que el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú se negó a recibir el informe Memoria del silencio de manos del doctor Tomouschat, director de la CEH.



LA CONTUNDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y DE LAS RECOMENDACIONES

El régimen instaurado desde 1954 sigue indemne bajo la hegemonía de sus dos defensores principales: la oligarquía y el Ejército, hoy enfrentados por el debate en torno del silencio de la primera sobre su responsabilidad en el conflicto armado interno. De ahí que se piense que las leyes y el pacto de silencio resolverán por sí solos los problemas estructurales que aquejan al país.

A diferencia de lo ocurrido en El Salvador y Nicaragua, el régimen de partidos no se modificó como con los Acuerdos de Paz de 1996. El hecho de que el general Ríos Montt haya sido el presidente del Congreso y haya sido candidato presidencial en las últimas elecciones expresa una marcada continuidad con la política de la década de 1980 y el triunfo bélico de los militares. Si los Acuerdos de Paz no se cumplen, se debe a tales hechos y no, en absoluto, a la desmemoria de las víctimas como se suele decir. La responsabilidad histórica de la guerrilla guatemalteca ha quedado también evidenciada con los magros resultados electorales que cosechó.

En definitiva, la memoria oficial en Guatemala continúa propugnando la desmemoria, estimulando los silencios y fomentando las explicaciones bipolares con el objetivo de no asumir las recomendaciones políticas de la CEH y de mantener el estado de impunidad. En pocas palabras, se intenta evadir las responsabilidades derivadas de los acuerdos firmados ante las Naciones Unidas hacia las víctimas y la sociedad guatemalteca en general. Hoy por hoy, no hay posibilidad de auditoría social y, sin ella, es imposible instaurar la democracia en Guatemala, la “reconciliación” a la que llaman los sucesivos gobernantes finalmente es un eufemismo para “olvido”.

A ocho años de su firma, los Acuerdos de Paz son letra muerta y el informe Memoria del silencio parece hacer –paradójicamente– honor a su título, pues a pesar de ser un buen texto analítico de las cuatro décadas de conflicto armado interno, pocos lo conocen en Guatemala y casi nadie lo cita. Esto se debe en gran medida a que el estado guatemalteco lo oculta, a que la URNG no se interesa en él (la CEH, una vez desmontada, perdió toda influencia institucional). Así, el alcance de los logros de la CEH sobre la verdad es relativo, aunque algunas organizaciones sociales –sobre todo aquellas que fueron víctimas de la violencia–, asumen y defienden su legado.



CONCLUSIÓN

Con el tiempo todas las verdades se saben y los archivos se abren, así que por más que ahora se pretenda impulsar la desmemoria de los guatemaltecos, la Historia –así, con mayúscula– acabará por triunfar. Asimismo, valga recordar que la historia como disciplina científica tiene la virtud de relativizar el peso de las grandes verdades pronunciadas en nombre de la razón de estado aunque muchas veces persistan en los manuales. La acuciosidad de los investigadores y las preguntas de las nuevas generaciones terminan por hacer sucumbir las versiones oficiales, de cualquier parte que vengan. No quiere decir que las versiones parciales de la “verdad” que han sido elaboradas sobre el conflicto armado interno no sean necesarias en sí. Cumplen una función en su momento, pero tienen que ser trascendidas por estudios más completos y profesionales. A mi juicio, el esfuerzo historiográfico de la CEH, con todo y sus limitaciones, tiene el mérito de haber sobrepasado esas visiones sectoriales u oficiales. Asimismo, tiene el mérito de hacer propuestas concretas al estado y la sociedad guatemaltecos para enfrentar la impunidad, el olvido, la injusticia, en homenaje a las víctimas del conflicto armado interno guatemalteco.

En resumen, estas reflexiones constituyen un juicio particular sobre el caso de la comisión guatemalteca de la verdad, pero sobre todo intentan ser un aporte a la sistematización en el nivel mundial de las comisiones de la verdad.



NOTAS

1. Raquel Sieder. “Políticas de guerra y paz y memoria en América Central”. En Alexandra Barahona, Paloma Aguilar y Carmen González (editoras), Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo, 2002. pp. 247-284.

2. Para poder deslindar esta responsabilidad, me ha sido útil leer los dossiers “Mémoires du XX siècle”. Le Débat, 122. Noviembre-diciembre de 2002, pp. 4-186; “Les génocides et leur mémoire”. Le Débat, 124. Marzo-abril de 2003, pp. 154-188 y “Horizons de la mémoire”. Diogène, 201. Enero-marzo de 2003, pp. 3-145.

3. Confróntense, por ejemplo, las declaraciones del general Efraín Ríos Montt: “No lo apoyo [el Informe de la CEH] porque esto es una parte, vista de un lado y no vista de los dos. Se me ocurre que es una narración. No pongo en duda su veracidad, pero tampoco comparto su realidad”. Siglo XXI. 26 de abril de 2000, p. 6.

4. Véase la reciente obra del coronel Mario A. Mérida G. Venganza o juicio histórico. ¿Juzgue usted? Una lectura retrospectiva del Informe de la CEH. Guatemala: Litografías Modernas, 2004.

5. Memoria del silencio. Tomo 1. Guatemala: CEH, 1999, pp. 77-288. En internet: https://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/

6. De ninguna manera quiero dar una connotación peyorativa a esta afirmación sino sólo señalar una ausencia en la producción bibliográfica dentro de Guatemala y por parte de historiadores guatemaltecos.

7. En el año 2005 fue descubierto parte del archivo de la Policía Nacional que comprende documentos que van de 1907 a 1996. Pasó a manos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) mientras se crean condiciones de conservación y de clasificación. Ya el poder ejecutivo ha exigido que se le entregue este archivo, alegando la necesidad de evitar tensiones en caso que se abran juicios y se condene a responsables de violaciones a los derechos humanos. Incluso ha acusado a la PDH de no ser competente en el manejo de archivos de la policía. Por su parte, la PDH teme que la entrega de este acervo al poder ejecutivo sólo facilite expurgos por razones políticas.

8. Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Editorial Trotta, 2003.

9. Véase “CIA abre archivos”. Prensa Libre. Guatemala: 16 de mayo del 2003; “CIA fue determinante en la caída de Árbenz”. Siglo XXI. Guatemala: 16 de mayo del 2003; Martín Rodríguez P., “Medio siglo de militarismo”. Prensa Libre. Guatemala: 19 de mayo del 2003.

10. Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Guatemala. Nunca más. El entorno histórico. Tomo 3. Guatemala: ODHAG, 1998.

11. El problema de la represión y la subordinación del indígena se reflejó en las diversas opiniones que luego definieron el denominado “debate Stoll-Menchú”, en que el antropólogo norteamericano David Stoll cuestionó el testimonio dado por Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1981, sobre su trayectoria de defensora de las comunidades indígenas, lo que abrió un espacio de discusión sobre el tema de la manipulación de los indígenas en el conflicto armado interno. Véase Arturo Arias (editor). The Rigoberta Menchú Controversy. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.

12. Véase el prólogo de Edelberto Torres Rivas “La metáfora de una sociedad que se castiga a sí misma. Acerca del conflicto armado y sus consecuencias”. Guatemala: causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. Guatemala: F&G Editores, 2000, pp. 13-32.

13. El Triángulo Ixil es una región del departamento de El Quiché; su población, indígenas ixiles, fue blanco deliberado a fines de la década de 1970 y a inicios de la de 1980 de las campañas de terror del Ejército. Las comunidades mayas fueron identificadas con la insurgencia por un estado imbuido de prejuicios racistas. Se las atacó con el fin de destruir los valores culturales que les garantizaban cohesión y quitarles la posibilidad de apoyar cualquier acción colectiva de un proyecto insurgente o de unirse a ella. Casi el 80% de los ataques del Ejército se concentró en las regiones de densa población indígena de El Quiché, Huehuetenango y las Alta y Baja Verapaz: el 83,3% de las víctimas era de origen maya.

14. Mario A. Mérida G. Venganza o juicio histórico. ¿Juzgue usted? Una lectura retrospectiva del Informe de la CEH. Guatemala: Litografías Modernas, 2004, pp. 5-6.

15. National Security Archive, dirigido por Kate Dole y Carlos Osorio. Cf. www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB4/index/

16. Kate Dole. “La CIA y Guatemala, 1954”. El Periódico. Guatemala: 15 de junio de 1997.

17. Greg Grandin (compilación y comentarios). Denegado en su totalidad. Guatemala: AVANCSO, 2001.