En busca de la verdad y la justicia
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú

Coletta Youngers



La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos1 en el Perú es una de las coaliciones de derechos humanos nacionales con más logros en América Latina. En su carácter de colectivo de organizaciones no gubernamentales (ONGs), la Coordinadora abarca a la mayoría de las agrupaciones más importantes de lucha por los derechos humanos del país. Está integrada por más de sesenta organizaciones miembros. Fundada en 1985, la Coordinadora operó durante años en el marco de la violencia y la polaridad, entre la brutalidad de Sendero Luminoso y las fuerzas insurgentes del gobierno peruano. Esta situación dio un gran impulso a la unidad de los grupos de derechos humanos del Perú y fue un factor clave tanto en la formación de la Coordinadora como en su capacidad de perdurar a través del tiempo. Tras un período de extrema violencia política, los grupos de derechos humanos tuvieron que enfrentar un gobierno de corte autoritario creciente en los años noventa. En este nuevo contexto, la Coordinadora pasó de una agenda de derechos humanos en un sentido tradicional, basada en los derechos políticos y cívicos, a otra que incluía causas más amplias por la restitución del orden democrático en el Perú.

Este trabajo describe el nacimiento del movimiento por los derechos humanos en el Perú, la formación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, y su labor hasta la caída del régimen de Fujimori en 2000. Constituye, pues, una primera aproximación a la historia de la Coordinadora y del movimiento de Derechos Humanos, en el marco de la historia política nacional. En ésta, se consideran varias etapas: 1) el gobierno del general Morales Bermúdez y el fin del régimen militar (1975-1980); 2) el gobierno electo de Belaúnde Terry y el comienzo de la insurgencia de Sendero Luminoso (1980-1985); 3) el gobierno electo de García Pérez y la continuación de la guerra interna (1985-1990); 4) los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo autoritarismo, a pesar de la decadencia de la rebeldía armada y del progreso de la oposición, tanto en la sociedad civil como en la comunidad internacional, dio lugar a la caída de Fujimori y a las elecciones democráticas en 2001.

Asimismo, este bosquejo histórico de la Coordinadora abre una nueva perspectiva sobre el pasado reciente del Perú. Estas décadas en que el país sufrió quizá la peor violencia política de su historia demostraron la gran capacidad de organización de la sociedad civil, en particular a través de la formación de un movimiento de derechos humanos. Los orígenes de este movimiento se encuentran en las protestas organizadas por la sociedad civil a fines de los años setenta, y su crecimiento se debe a su capacidad de responder –y en cierto modo representar– a la sociedad civil en distintas coyunturas históricas. Una clave de su fuerza fue, sin duda, la creación de una red nacional de organismos de derechos humanos –la Coordinadora– con capacidad ejecutiva inusual en la capital.

En la historia de la Coordinadora destacan varios rasgos que explican sus logros. En primer lugar, su capacidad de convocar con regularidad a sus miembros para repensar la aplicación de los principios de los derechos humanos en una coyuntura cambiante. En segundo término, su capacidad de forjar la unidad del movimiento aunque dejando cierta libertad de acción a los organismos miembros. En tercer lugar, su capacidad para incidir en las políticas públicas que afectaran los derechos humanos. En cuarto lugar, su capacidad para asumir protagonismo en la vida nacional y convencer a la sociedad de la importancia de los derechos humanos para la restauración de la democracia. Otro aspecto notable del movimiento peruano fueron dos decisiones que resultaron trascendentes: la de documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por la guerrilla como por los militares, y la de cooperar con oficiales del estado cuando se comprobaba su buena voluntad o se presentaba la oportunidad de mejorar la protección de los derechos humanos. El resultado fue que la Coordinadora contribuiría en no poca medida a un episodio clave de la historia nacional: la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2001.



EL GOBIERNO DEL GENERAL MORALES BERMÚDEZ Y EL FIN DEL RÉGIMEN MILITAR

El Paro Nacional llevado a cabo el 19 de julio de 1977 fue un suceso definitorio en la historia del movimiento por los derechos humanos en el Perú. El régimen militar del General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) había adoptado un drástico programa de ajuste estructural que produjo un incremento del 45%, aproximadamente, en el precio de los alimentos básicos, y llevó a un dramático deterioro de los niveles de vida.2 Se convocó a un paro para protestar contra la creciente pobreza y las tácticas represivas del gobierno. Los partidos políticos progresistas, sindicatos y una vasta gama de organizaciones de base y de la sociedad civil tomaron las calles en una de las protestas de mayor envergadura en la historia del país. Los derechos socioeconómicos estaban en el centro del movimiento que emergió durante este período. La gente se unió, en primer lugar y fundamentalmente, para mejorar las condiciones de vida de los pobres del Perú.

La respuesta militar al paro fue dura. Según el Centro de Estudios y Publicaciones, la respuesta fue “una de las peores oleadas represivas desatadas por el gobierno. Con ella intentó descabezar el movimiento sindical, amedrentar a sus dirigentes y propinar un duro golpe al movimiento popular”.3 Al menos dieciséis peruanos perdieron la vida como resultado de las acciones del gobierno.4 Veintenas más resultaron heridos, y aproximadamente unas mil quinientas personas fueron detenidas. Dos días después del paro, el gobierno decretó que los sectores público y privado quedaban autorizados para despedir a cualquier empleado que no hubiera asistido a trabajar el día del paro. Las cifras oficiales hablan de tres mil quinientas personas despedidas de sus empleos en las dos semanas que siguieron. Los sindicatos y las organizaciones populares colocan esta cifra en unas cinco mil personas.5 Esta pérdida del empleo generó un descontento social aún mayor. En los dos años que siguieron, los paros se extendieron en todo el país y se enfrentaron a la represión militar, colocando el tema de los derechos humanos en el centro del debate nacional.


El movimiento de derechos humanos surge de la sociedad civil

La combinación de desesperación por la situación económica y la represión por el gobierno militar se convirtió en el principal catalizador para la formación de grupos locales de derechos humanos en todo el país. Desde el inicio, el movimiento por los derechos humanos se señala por lo que vendrían a ser unos rasgos propios y duraderos: una gran capacidad de la sociedad civil para movilizarse; y dos aliados privilegiados, iglesia liberacionista y partidos de izquierda.

Desde el inicio, los activistas de derechos humanos contaron con el apoyo del sector progresista de la Iglesia católica y activistas políticos de izquierda. El Perú es la cuna de la teología de la liberación. Muchas personas del sector progresista de la Iglesia católica –obispos, sacerdotes, monjas y laicos– buscaban vivir una “opción preferencial por los pobres”. Muchos participaron en las actividades alrededor del paro de 1977. Con ayuda de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se comenzó a brindar apoyo material y legal a trabajadores detenidos y a sus familias en las parroquias en todo el país. También se intentó despertar la conciencia de la población a través de la organización de discusiones sobre la situación de los trabajadores y de otras actividades de educación en los derechos humanos, justicia socioeconómica y temas afines. Como agente principal de militancia social dentro de la institución de la Iglesia, CEAS promovió la formación de organizaciones locales de derechos humanos y brindó asistencia técnica para tal fin. Los nombres de estas organizaciones variaban, pero con mucha frecuencia se les llamaba vicarías o Comisiones de la Pastoral de la Dignidad Humana.

En 1977, CEAS abrió una oficina de derechos humanos. Los “Derechos Humanos” se convirtieron en parte de su plan de trabajo institucional con dos áreas de acción fundamentales. La primera consistía en la recepción de denuncias, documentación de abusos y difusión de información y análisis a través de publicaciones. La segunda línea de trabajo se centraba en la atención directa a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, a través del apoyo social y la asistencia económica y legal. En 1978, el personal de la oficina de derechos humanos de CEAS empezó a reunirse cada dos semanas con un grupo de religiosos que trabajaban en las barriadas. En tales reuniones, compartían información y experiencias, y reflexionaban sobre el papel de la Iglesia en la tarea de confrontar las raíces estructurales de las desigualdades socioeconómicas y políticas del país. El grupo creció, y en 1979 se formó la Coordinación de la Pastoral de Dignidad Humana. La Coordinación se convirtió en un espacio donde se elaboraban las respuestas pastorales comunes a temas de derechos humanos, las cuales se promovían luego a través de las estructuras oficiales de la Iglesia por medio de CEAS.6 Desde 1980, CEAS organizó encuentros anuales para todos los grupos de derechos humanos relacionados con la Iglesia en el país. Tales encuentros se convirtieron en un medio principal para compartir información y desarrollar estrategias de incidencia política a fin de confrontar la crisis de los derechos humanos que se iba gestando en el Perú. Los grupos en los cuales participaban agentes pastorales fueron incluidos en los encuentros, aun cuando no tuvieran vínculos formales con la Iglesia.

Comenzaron a surgir grupos locales llamados Comités de Derechos Humanos (CODEHS) en todo el país, como respuesta a la represión política durante los paros y otras movilizaciones sociales, y con el fin de atender las apremiantes necesidades socioeconómicas. Los CODEHS convocaban y reunían a personas de diferentes sectores de la sociedad civil –funcionarios del gobierno, maestros, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, dirigentes sindicales y de organizaciones de base comunitaria, y a veces de partidos políticos– para confrontar temas de derechos humanos de interés para la población local.7 La mayoría eran independientes de la Iglesia católica, aunque a menudo los religiosos eran miembros claves de los CODEHS y los obispos locales a veces prestaban su apoyo político. Los CODEHS originales combinaban la defensa legal con la educación en derechos humanos, y también utilizaron los medios de prensa locales para abordar estos temas. Este abanico de estrategias y actividades fue más tarde adoptado por el movimiento más amplio de derechos humanos. Para muchos peruanos, los CODEHS fueron la primera experiencia de coalición plural.

Al igual que la Iglesia progresista, los partidos políticos de izquierda ayudaron a engendrar una generación de militantes por los derechos humanos. A diferencia de la Iglesia católica, la mayoría de los partidos políticos de izquierda no asumían la bandera de los derechos humanos en sí porque los consideraban “burgueses”. No obstante, compartían el análisis de que la crisis de los derechos humanos en el país estaba arraigada en una profunda desigualdad y en la pobreza. Los militantes de partidos políticos de izquierda trabajaban en el nivel de la comunidad con trabajadores peruanos que eran víctimas de la represión del gobierno después del paro de 1977: visitaban prisiones y brindaban asistencia a los detenidos y a sus familiares. Muchos se convirtieron en miembros activos de organizaciones de base comunitarias, incluidos los CODEHS.

En 1979 se formó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que agrupaba a militantes de los sectores progresistas de las iglesias católica y evangélicas, así como de partidos políticos de izquierda. CONADEH fue un intento por formar una coalición nacional de personas y grupos diversos para trabajar conjuntamente en la defensa de los derechos humanos. Sus objetivos eran lograr presencia en el ámbito nacional y constituirse en punto de referencia para los CODEHS tanto como para otros grupos locales de derechos humanos que estaban surgiendo en todo el país. Se establecieron afiliaciones locales en Ayacucho y Huancayo, en un intento por reunir un sector representativo de la comunidad progresista en cada localidad.

Al igual que la mayoría de los grupos en ese momento, la orientación de derechos humanos de CONADEH era claramente socioeconómica, aunque abordó temas de derechos civiles y políticos de manera creciente. El comunicado público que anunciaba su fundación afirmaba: “Es en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales que en el Perú se plantean los problemas más graves y permanentes para el respeto de los derechos humanos”.8 Una de las primeras actividades de CONADEH fue una campaña para la reposición de los trabajadores despedidos. CONADEH brindó apoyo legal a quienes estaban en prisión, llevó a cabo iniciativas de educación en derechos humanos, y organizó una campaña contra la pena de muerte. También realizó la investigación del primer informe importante sobre la tortura en el Perú, dado a conocer en 1980.9

La coalición se encontró con grandes desafíos que volvieron difícil que CONADEH cumpliera con uno de sus objetivos declarados. Uno de ellos fue la fuerte influencia del Partido Comunista como miembro de la CONADEH, donde sofocaba la pluralidad de expresiones. Otro desafío se debió al recelo de algunos grupos provinciales respecto del intento de crear una coalición “nacional” con base en Lima. Con el transcurso del tiempo, CONADEH reorientó su trabajo y dejó de ser una coalición para transformarse en una organización de derechos humanos. Aunque fue finalmente suplantada por la creación de la Coordinadora, la comisión representó una experiencia importante como construcción de coaliciones para el movimiento peruano por los derechos humanos. En 1988, CONADEH cambió su nombre a Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y continúa siendo un actor clave dentro de la Coordinadora.

En 1984 surgió otra iniciativa de coalición, con sede fuera de Lima. La Comisión de Derechos de la Persona y Construcción de la Paz (CODEPP) era una red de amplia base integrada por personajes de alto perfil que podían atraer atención sobre aspectos de los derechos humanos relevantes para militantes de base de la Iglesia. Con el fin de superar la polarización del debate, hubo esfuerzos por incluir a líderes eclesiásticos y de los partidos políticos tanto de la izquierda como de la derecha.



GOBIERNO DE BELAÚNDE (1980-1985): SENDERO LUMINOSO INICIA UNA ESPIRAL DE VIOLENCIA

El 18 de mayo de 1980 marcó un hito en la historia del Perú. Ese día un civil –Fernando Belaúnde Terry– fue elegido presidente después de 12 años de gobierno militar y el movimiento subversivo Sendero Luminoso iniciaba la lucha armada. Ese mismo día, por primera vez, las comunidades indígenas recibieron cédulas de votación. En el pequeño pueblo de Chuschi, ubicado en el departamento de Ayacucho, Sendero dio precisamente su primer golpe al quemar sus cédulas. La respuesta de los militares ante la amenaza subversiva de Sendero Luminoso fue consistente con las tendencias regionales. El gobierno de Belaúnde siguió la doctrina del conflicto de baja intensidad que los Estados Unidos habían impartido a los ejércitos en América latina,10 y sus tácticas contrainsurgentes siguieron patrones similares a los empleados en Argentina y Chile. En diciembre de 1982, el Presidente Belaúnde impuso un estado de emergencia en varios departamentos del país. El gobierno civil renunció a su responsabilidad de mantener el orden público interno y las Fuerzas Armadas, prepotentes, asumieron ese papel, con un modelo que continuó durante muchos años.

A continuación se produjo una escalada de violencia. El período de 1983 a 1985 fue particularmente sangriento. A principios de 1985, alrededor de seis mil peruanos habían perdido sus vidas como consecuencia de la violencia política. Asimismo, en 1985, Human Rights Watch/Americas informó que se habían producido 1.300 denuncias formales de desaparición a manos de agentes del estado.11 La inmensa mayoría eran campesinos pobres indígenas. Las detenciones arbitrarias y las torturas se convirtieron en rutina. El Poder Judicial no funcionó como un mecanismo de vigilancia eficaz de los abusos que ocurrieron. Desde 1995, el Instituto de Defensa Legal en Lima había registrado más de veinticinco mil muertes por causas políticas. Investigaciones más recientes elaboradas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación indican una cifra de setenta mil muertos o “desaparecidos” por violencia a lo largo de dos décadas.12

Incluso cuando la información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas del estado empezó a darse a conocer, los líderes políticos conservadores insistían en que el movimiento por los derechos humanos obstaculizaba una lucha exitosa contra la subversión. Se acusaba a los defensores de derechos humanos de tomar parte directa o indirectamente en la insurgencia –ya sea como el brazo legal de la subversión o como “tontos útiles”–. Los políticos negaban toda responsabilidad del estado en las violaciones a los derechos humanos y atribuían los excesos sólo a los insurgentes. Cuando se presentaban denuncias, el gobierno las declaraba falsas como medida de rutina, sin que mediara investigación alguna.

Lejos de neutralizar las actividades de Sendero Luminoso, las tácticas de línea dura de las Fuerzas Armadas peruanas propiciaron un creciente apoyo popular a la subversión en el corto plazo. Sendero Luminoso expandió su presencia de su base inicial en Ayacucho hacia otros departamentos del país. Su estrategia de eliminar fuerzas que, a su parecer, obstaculizaban la revolución fue más allá del ejército y la policía oficiales e incluyó acciones abiertamente contra civiles. La masacre de ochenta y siete campesinos, incluidos mujeres y niños, en Lucanamarca y Huancasancos en abril de 1983 , avivó el tema y marcó un hito significativo en las actitudes del público hacia Sendero Luminoso. De hecho, el apoyo popular al movimiento subversivo declinó marcadamente hacia mediados de la década de 1980. Por entonces la mayoría de los peruanos consideraba a Sendero Luminoso como una organización terrorista, término empleado por todo el espectro político. Los esfuerzos por poner fin al conflicto con Sendero Luminoso eran universalmente calificados como “estrategias de pacificación”, tanto si se trataba de propuestas de paz planteadas por grupos de derechos humanos como si se aludía a estrategias militares llevadas a cabo por la elite política.

Es entonces cuando aparece otro movimiento subversivo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), coalición de varios grupos disidentes izquierdistas. En junio de 1984, miembros del MRTA ocuparon una estación de radio y leyeron un comunicado que lanzaba oficialmente su campaña contra el gobierno peruano. Con los movimientos guerrilleros inspirados en la revolución cubana como modelo, el MRTA se presentaba como una alternativa tanto al radicalismo de Sendero como al estado vigente. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA solicitaba el apoyo de las organizaciones populares y llevaba a cabo acciones de alto perfil del tipo “Robin Hood”, para ganar adeptos entre los pobres en el país. Como resultado, algunos sectores de la población simpatizaron con el MRTA en sus inicios.


La comunidad de derechos humanos crece y cambia de rumbo

Durante el primer lustro de los años ochenta se produjo un cambio significativo en la manera en que se desarrolló el movimiento de derechos humanos. A diferencia de los grupos a que nos hemos referido inicialmente, formados en respuesta a temas de derechos laborales y a apremiantes problemas socioeconómicos, los grupos formados a partir del período del conflicto armado se centraron en temas relacionados con el derecho a la vida y basaron sus esfuerzos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 y en otros convenios internacionales. El apoyo a familiares de personas detenidas se amplió a aquellos cuyos cónyuges o hijos habían sido asesinados o desaparecidos. Se brindaba apoyo legal a los acusados injustamente de actividad subversiva y a los familiares de quienes habían desaparecido. Oportunamente, se añadió también a la agenda el apoyo a quienes escapaban de la zona del conflicto: un número creciente de personas víctimas de migraciones internas.

Es así como que, a comienzos de los años ochenta, se establecieron varias organizaciones claves de derechos humanos en Lima: la sección Peruana de Amnistía Internacional (AI), la Comisión Andina de Juristas (CAJ), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y el Instituto de Defensa Legal (IDL), entre otras. Pero los grupos locales de derechos humanos que intentaron formarse en la misma época en las zonas de emergencia tuvieron más dificultad. En Ayacucho la represión fue tal que los grupos no pudieron operar prácticamente de ninguna manera. El trabajo de derechos humanos en las zonas de emergencia de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac se complicó aún más por la posición abiertamente contraria a estos temas por parte de líderes locales de la Iglesia católica. En estas zonas, los obispos conservadores evitaban el establecimiento de organizaciones de derechos humanos afiliadas a la Iglesia e impedían directa o indirectamente el trabajo de CEAS. Incluso en una fecha tan tardía como 1986, cuando la violencia política había diezmado la región, el arzobispo de Ayacucho, Federico Richter Prada, vetó el establecimiento de una vicaría u oficina de derechos humanos en su diócesis.13

Cabe destacar que el tipo de organizaciones que sí se desarrolló en las zonas de emergencia fue el de grupos de familiares de los desaparecidos, cuyo número iba en aumento. Estos grupos surgían de una de las poblaciones más discriminadas del Perú. La mayoría de los familiares de las víctimas eran campesinos pobres procedentes de comunidades rurales de Ayacucho y otras zonas de emergencia que desconocían el destino de sus seres queridos. El objetivo común era encontrar a sus familiares desaparecidos, muertos o vivos. El solo hecho de que algunos desaparecidos tuvieran conexión con los subversivos fue a menudo empleado para desacreditarlos.

En septiembre de 1983, estos grupos organizaron el Comité de Familiares de Desaparecidos, ahora llamado Asociación Nacional de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Zonas de Emergencia (ANFASEP). En primer lugar y fundamentalmente, ANFASEP constituyó una red de apoyo mutuo para aquellos que habían experimentado pérdidas terribles, sumadas a la incertidumbre acerca de lo que había ocurrido con sus familiares. La agrupación fue también un espacio para compartir información. Al respecto, una mujer recordaba: “Ahí nos decían dónde habían encontrado cadáveres y con esa información salíamos a buscar los cuerpos, en busca de nuestros familiares”.14 Y era el lugar donde se desarrollaban estrategias para exigir acción, ya sea a través de denuncias colectivas, reuniones con autoridades locales, marchas u otras protestas.

Un segundo grupo de familiares se organizó un año después de la creación de ANFASEP, específicamente para familiares de los desaparecidos que vivían en Lima. Por su ubicación geográfica, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (COFADER) tenía contacto más directo y sostenido con autoridades del gobierno y miembros del Congreso sensibilizados hacia su situación. También estaba mejor posicionado para trabajar de manera más amplia con miembros progresistas de la Iglesia católica, y específicamente con CEAS.15 Sin embargo, la existencia de dos grupos importantes de familiares en ocasiones despertó rivalidades, y la coordinación entre ambos fue difícil. Tanto ANFASEP como COFADER se inspiraron en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), y recibían apoyo de ésta.

Un momento de definición para el movimiento de derechos humanos en Ayacucho –y en todo el país– lo constituyó la masacre de Uchuraccay ocurrida en 1983. Ocho periodistas fueron ejecutados sumariamente por los pobladores con conocimiento, aprobación y apoyo del Ejército. Tras la masacre, se formó el Comité de Familiares “Mártires de Uchuraccay” para investigar lo que realmente había ocurrido y llevar a los responsables ante la Justicia. Los familiares de las víctimas de Uchuraccay denunciaron la masacre por todo el Perú y también en viajes realizados a los Estados Unidos y Europa. Lograron el apoyo de grupos de derechos humanos, organizaciones sociales y profesionales, partidos políticos, congresistas, líderes de la Iglesia católica y abogados. Un año después, se formó el Comité de Solidaridad “Mártires de Uchuraccay” para apoyar a los familiares de las víctimas de la masacre, y para buscar justicia en éste y otros casos de violaciones a los derechos humanos. Como coalición, el comité de solidaridad incluía a CEAS, APRODEH, COMISED y la Confederación Campesina del Perú (CCP). Aunque el comité de solidaridad tuvo una duración breve, constituyó otra experiencia significativa de trabajo en coalición y, como tal, es un precursor de la Coordinadora.


La creación de la Coordinadora: impulso regional y clarividencia política

Hacia 1984, el consenso para la creación de un movimiento unificado por los derechos humanos iba en aumento. Los grupos de derechos humanos estaban cada vez más agobiados por las atrocidades cometidas por todas las partes implicadas en el conflicto, y consideraban que habían tenido escaso impacto sus esfuerzos para impedir violaciones. Era el momento de encarar temas surgidos en los años anteriores y de emplear nuevas estrategias y tácticas. En la labor de los grupos para definirlas apareció otro factor excepcional que pasó a ser característico del movimiento de derechos humanos en el Perú: su anhelo de impactar la realidad nacional y su voluntad de adaptarse para ser eficaz. La nueva Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos creada en 1985 tomó decisiones que distinguieron el movimiento peruano de otros en la región y en el mundo.

Uno de los problemas que enfrentaba el movimiento era el de determinar qué grupos tenían vínculos con Sendero Luminoso y cuáles no. En la medida en que proliferaban en todo el país pequeños grupos de derechos humanos, se hacía cada vez más difícil conocer las motivaciones políticas de sus fundadores. Sin embargo, debido al empeoramiento de la crisis, era imperativo conocer los orígenes y lealtades de cada grupo. El tamaño del país constituía un reto. Para poder documentarlas, se requerían estructuras organizacionales más formales que facilitaran la comunicación y el intercambio de información dentro del movimiento.

Otra preocupación creciente que militaba a favor de redefinir la estrategia del movimiento tenía que ver con la capacidad de la Iglesia católica progresista de continuar convocando a la comunidad de derechos humanos. Hacia mediados de los años ochenta, los sectores más conservadores dentro de la Iglesia habían adquirido mayor peso. La evaluación de CEAS era que los cambios producidos en la jerarquía eclesiástica impedían que se siguiera operando como en el pasado. A menudo se obligaba a los miembros de la Iglesia a adoptar un enfoque más cauteloso. Los organismos de derechos humanos vieron, pues, la necesidad de crear un espacio común, que fuese independiente de la Iglesia y de los partidos políticos de izquierda.

El momento en que, a mediados de los años ochenta, se hace necesario crear un nuevo espacio común, es cuando opera una convergencia y unidad de los sectores sociales de base del Perú en un sentido más amplio. Los partidos políticos y los militantes de izquierda, que habían obtenido escasos votos en las elecciones presidenciales de 1980, se integraron bajo la bandera de Izquierda Unida (IU) y ganaron las elecciones. Para muchos, IU representaba la posibilidad de realizar reformas progresistas. Se implementaron servicios sociales cooperativos, actividades de generación de empleo y otros proyectos de desarrollo en colaboración con ONGs locales y con los gobiernos municipales progresistas. Durante un tiempo se relegaron las diferencias políticas dentro de la izquierda para impulsar estas nuevas iniciativas. Además, había una clara convergencia de intereses entre sectores progresistas de la Iglesia y la izquierda. En síntesis, IU creó un ambiente propicio para la construcción de coaliciones. En ese contexto de relativa unidad y cohesión entre las fuerzas progresistas del Perú, fue creada la Coordinadora. Aparte del nuevo clima político instaurado por la IU, la comunidad de derechos humanos ya tenía varias experiencias de colaboración sobre las cuales construir. En varias oportunidades, tres grupos con sede en Lima –CEAS, COMISED y APRODEH– habían trabajado conjuntamente.

Sin embargo, el mayor impulso para la integración del movimiento de derechos humanos en el nivel nacional vino de las provincias. Los CODEHS –entre ellos CODEH-Puno y CODEH-Ica– y grupos de familiares hicieron un llamado urgente a los grupos de derechos humanos con sede en Lima para planear un Encuentro del movimiento de derechos humanos en el Perú. Posteriormente, nueve organizaciones –entre ellas ONGs tradicionales de derechos humanos, grupos de familiares y organizaciones de base– firmaron una carta de convocatoria al encuentro.

Es así como en enero de 1985, se realizó el encuentro. Contó con la participación de ciento siete representantes de más de cincuenta organizaciones. Durante su desarrollo, tuvo lugar un acalorado debate entre varios miembros o simpatizantes de Sendero Luminoso y otros participantes de la comunidad de derechos humanos. En cierto momento, Marta Huatay, de la Asociación de Abogados Democráticos, lanzó un discurso vehemente, acusando a los organizadores del encuentro de ser “conciliadores” y abandonar los “derechos del pueblo” en favor de los “derechos humanos”. Ella y otras personas trataron en vano de eliminar del borrador de la declaración que se sometía a discusión las referencias que condenaban la violencia por parte de los grupos subversivos.16 Los otros participantes se mantuvieron firmes en sus convicciones y la facción de orientación senderista abandonó la reunión. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú fue formada en ese encuentro. Su propósito declarado era “coordinar y apoyar el trabajo de defensa de los derechos humanos realizado por organizaciones a nivel nacional”.17 La clarividencia política que acababa de demostrar desde su inicio, al rechazar la violencia terrorista, sería otro rasgo notable del movimiento peruano. Todas las organizaciones representadas en el encuentro (que permanecieron hasta el final) integraron la Coordinadora. Se eligió a 13 miembros del Comité Ejecutivo para administrar la Coordinadora. Para cubrir los gastos operativos mínimos, todas las organizaciones integrantes pagaban cuotas mensuales, y los miembros del Comité Ejecutivo pagaban cuotas más altas. CEAS, APRODEH y COMISEDH se encargaban de supervisar el funcionamiento del Comité Ejecutivo. Las reuniones mensuales de esta instancia se rotaban entre las oficinas de cada una de las tres instituciones.

En sus inicios, la diversidad de los miembros de la Coordinadora permitía un amplio apoyo de la comunidad, y la volvía más representativa. Sin embargo, la misma diversidad volvía más difícil lograr el consenso. Además, muchas organizaciones de base no pudieron comprometer tiempo o recursos para el trabajo de la Coordinadora y se retiraron. Tal fue el caso de la CCP. Hacia fines de los años ochenta, la membresía de la Coordinadora consistía casi exclusivamente en organizaciones con una misión expresa de defensa de los derechos humanos, aunque mantuvo una combinación de ONGs vinculadas a la Iglesia y seculares.



LA COORDINADORA Y EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (1985-1990)

Una de las primeras acciones emprendidas por la recientemente conformada Coordinadora estableció lo que sería su consistente estrategia: empezó a buscar cómo pudiera impactar las políticas públicas que afectaban los derechos humanos. En abril de 1985, la Coordinadora publicó una carta abierta a todos los candidatos presidenciales, intentando insertar temas de derechos humanos en el debate político en torno de las elecciones de ese año. La carta pide a cada uno a dar a conocer antes de la votación sus propuestas políticas sobre el complejo problema de la violencia política y los derechos humanos.18

Aunque pocos candidatos respondieron al pedido de la Coordinadora de presentar propuestas específicas, quien resultaría ganador en la elección presidencial, Alan García, hizo una defensa retórica de la causa de los derechos humanos. Inicialmente, la Coordinadora dio a García el beneficio de la duda, confiando en que la Comisión de Paz que éste había establecido con el fin de buscar una solución democrática al problema de la violencia política llevase a resultados concretos. Un grupo representativo de seis comisionados se instaló en septiembre de 1985, y la Coordinadora fue designada como organismo asesor oficial. Al cabo de algunos meses, la Comisión de Paz presentó una serie de propuestas legislativas que recibieron el apoyo de la comunidad de derechos humanos. Sin embargo, y para decepción de todos, los esfuerzos de la comisión fueron socavados por la falta de voluntad del gobierno de García para impulsar ninguna de sus recomendaciones. A comienzos de 1986, cuatro de los seis comisionados habían renunciado tras concluir que “las posibilidades de acción de la comisión eran proporcionalmente equivalentes a la voluntad política del presidente de producir cambios en la esfera de los derechos humanos”.19 La Comisión de Paz nunca pudo llevar a cabo la misión para la cual fue creada.

Las esperanzas de la Coordinadora de contar con un aliado en Palacio de Gobierno duraron poco. García abandonó su compromiso inicial de proteger los derechos humanos y adoptó la estrategia de mano dura que antes había repudiado. En 1988, Human Rights Watch/Americas reportaba que “la tolerancia por parte del gobierno ante graves abusos a los derechos humanos es cada vez más evidente”.20 La aparición del Comando Rodrigo Franco (CRF), un escuadrón de la muerte que aparentemente habría estado vinculado al Ministerio del Interior, implicaba más aún al gobierno de García en extendidas violaciones a los derechos humanos.21 Un comunicado del CRF, emitido el 28 de julio de 1988, anunciaba que “por cada alcalde, soldado o policía asesinado, morirá un líder de Sendero o de los grupos que apoyan y protegen a Sendero”.22 Pronto se hizo evidente que la definición de “los grupos que apoyan” a Sendero incluía a muchos que no tenían vínculo alguno con los subversivos. En 1989, los asesinatos de once personalidades, incluidos dos congresistas, fueron atribuidos al CRF.23 Los paramilitares del CRF se convirtieron en una fuente principal de amenazas contra la comunidad de derechos humanos.

Pese a sus tácticas despiadadas, la estrategia del gobierno de García no logró contener la insurgencia. La violencia política siguió creciendo mientras la presencia de Sendero Luminoso crecía a lo largo del país, y el gobierno expandió más aún las áreas cubiertas por el estado de emergencia. La guerra ya no estaba sólo confinada al campo. Sus víctimas principales ya no eran sólo campesinos. Hacia el final de la década, una comisión del Congreso sobre violencia política, encabezada por el senador Enrique Bernales, había registrado más de diecinueve mil peruanos muertos como resultado del conflicto.24 La vasta mayoría eran civiles sin participación en ninguno de los bandos.


Atrapada en el fuego cruzado, la Coordinadora se adapta y logra perdurar

Al igual que gran parte de la población campesina del Perú, el movimiento de derechos humanos se encontró atrapado en el fuego cruzado entre unos insurgentes subversivos y unas Fuerzas Armadas igualmente brutales. La violencia política se desató con tal ferocidad que la comunidad de derechos humanos se vio obligada a operar en clave de alerta constante. Con el paso del tiempo, Sendero Luminoso se dirigió cada vez más hacia líderes comunitarios y populares, y escaló su hostigamiento a la comunidad de derechos humanos. Veintenas de líderes populares eran asesinados cada año por los “comandos de aniquilamiento” de Sendero Luminoso, y éstos enviaban amenazas de muerte a grupos locales de derechos humanos como rutina. El modus operandi de Sendero Luminoso consistía en infiltrar a los grupos locales con la intención de controlarlos eventualmente. Personas conocidas por su afiliación con Sendero Luminoso participaban en actividades de derechos humanos, y eran los ojos y oídos del partido. Su mera presencia era una amenaza para los participantes porque, al igual que las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso hacía evidente su intención de atacar a cualquier persona que percibiese como “oposición”.

Las tácticas terroristas empleadas por Sendero Luminoso, y sus desvergonzados ataques a activistas comunitarios e izquierdistas, así como a la comunidad de derechos humanos, lo diferenciaron de otros movimientos revolucionarios en América Latina y limitaron en gran medida su capacidad de obtener apoyo popular. Carlos Basombrío observó que

por primera vez en la región, una fuerza insurgente de izquierda desarrolló una práctica sistemática de violencia contra la población civil que igualaba, y quizá sobrepasaba, la violencia que provenía del estado. El profundo desprecio de Sendero Luminoso por la vida humana, su desdén –tanto en la teoría como en la práctica– por el discurso de los derechos humanos, y su renuencia a adscribirse a las normas y principios del derecho internacional humanitario, lo convirtieron en un caso único en el continente.25
El temor se filtraba en el movimiento de derechos humanos a lo largo del país, con especial intensidad en las áreas más golpeadas por la violencia. Frente a la extrema violencia por parte de ambas partes del conflicto, el espacio para desarrollar el trabajo de derechos humanos se estrechaba y se cerraba del todo en algunas zonas del país. En ciertos lugares, el trabajo de derechos humanos se tuvo que hacer clandestinamente. En otros lugares donde el trabajo de derechos humanos continuó, las actividades tenían que ser evaluadas de manera continua para apreciar los riesgos implicados.

Por otro lado, la realidad de la violencia relegó la mayor parte del trabajo en derechos humanos a Lima, vale decir, lejos de los campesinos que constituían la vasta mayoría de las víctimas. Por razones de seguridad, la ubicación del trabajo de denuncias se trasladó también de Ayacucho y las otras zonas de emergencia a la capital. Esta alarmante situación, así como el temor y tensión que la acompañaban, tuvo consecuencias sobre la comunidad de derechos humanos. Los que se encontraban en el campo, en mayor situación de riesgo, luchaban valientemente por mantener un trabajo de derechos humanos mínimo, en una situación polarizada y con recursos limitados, mientras el número de familiares de las víctimas crecía a pasos agigantados. Se tensaban en ocasiones las relaciones entre los integrantes de la Coordinadora. Los grupos en provincias, especialmente grupos de familiares de las víctimas, se sentían marginados y fuera de contacto con las actividades iniciadas por organizaciones con sede en Lima, y sin embargo dependían más y más del apoyo que les podían prestar estas mismas organizaciones. En vista de estas dinámicas, así como de las vastas diferencias culturales y distancias físicas entre Lima y algunas partes del país, el hecho de que la Coordinadora se haya mantenido funcionando es un testimonio de la voluntad política de sus integrantes.


Acertada táctica de compromiso y adopción del derecho internacional

En esta coyuntura dramática, la Coordinadora tomó sus decisiones más fundamentales, tras intensos debates internos que ocurrirían periódicamente. Una de ellas fue la de cooperar con autoridades estatales en contextos en los cuales se encontraba una voluntad de proteger los derechos humanos. ¿Hasta qué punto los grupos de derechos humanos debían buscar un compromiso con el estado a pesar del autoritarismo y violencia que lo caracterizaba? En la década de 1980 el gobierno civil había delegado en el poder militar la responsabilidad de luchar contra los insurgentes, de modo que este último aparecía como responsable de las atrocidades cometidas contra los derechos humanos. Y con la excepción de un puñado de diputados, el Congreso peruano apoyaba desembozadamente la estrategia de contrainsurgencia militar. El movimiento por los derechos humanos debatía los pros y los contras de trabajar con agentes del estado. Algunos veían al estado como el “enemigo” y se centraban en estrategias de protesta y denuncia; otros argumentaban que algunos agentes del estado eran aliados potenciales. Cada grupo dentro de la Coordinadora adoptó su propio modus operandi en relación con el estado y muchos interactuaron con funcionarios de gobierno en los niveles local, regional y nacional. Con el tiempo, la Coordinadora y sus organizaciones miembros se volvieron expertas en aprovechar las oportunidades para establecer compromisos con las instituciones de gobierno. Estas tácticas le fueron muy útiles incluso más tarde durante el régimen autoritario de Fujimori.

La otra decisión tomada por la Coordinadora fue de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por los rebeldes armados como por los agentes estatales y sus aliados, no sin generar el debate más intenso de todos dentro de la coalición, al que se añadía un problema técnico a nivel jurídico. Tal como lo había hecho desde su aparición, a lo largo de este período la Coordinadora hizo persistentes llamados a todas las partes del conflicto para respetar las normas y parámetros internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las leyes sobre derechos humanos se concentran en la responsabilidad del estado y no contemplan las acciones cometidas por actores no gubernamentales como Sendero Luminoso. Técnicamente, el derecho internacional de derechos humanos solo considera violaciones a los derechos humanos a las cometidas por los gobiernos. Dado que Sendero Luminoso había superado a las fuerzas de seguridad en el número de asesinatos cometidos anualmente, esta distinción legal no resonaba para los peruanos, en su mayoría civiles sin participación política que se convertían en víctimas de la subversión.

A medida que las acciones terroristas de Sendero Luminoso contra poblaciones civiles aumentaban, el debate sobre la aplicación del derecho internacional en relación con los derechos humanos se intensificó. Agentes no estatales –como Sendero Luminoso– pueden ser condenados por violaciones a los derechos humanos en tribunales internacionales bajo leyes para proteger los derechos de la población civil en tiempos de guerra (el llamado derecho internacional humanitario). Sin embargo, el concepto de “humanizar la guerra” no se adecuaba a las particularidades del conflicto en el Perú. El movimiento de derechos humanos peruano “rompió con la idea de neutralidad, o de meramente intentar humanizar conflictos… nos sentimos en solidaridad con el deseo de la sociedad civil de derrotar a Sendero Luminoso y apoyamos los legítimos esfuerzos por parte del estado para cumplir esa meta”.26

A diferencia de la casi totalidad de los movimientos de derechos humanos en América Latina, la Coordinadora y sus organizaciones miembros adoptaron la posición de documentar violaciones a los derechos humanos internacionales por parte de los grupos subversivos. Más aún, adoptaron la posición de que en casos en que la vida de una persona estuviera en peligro, como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones, no se harían distinciones. Todas las víctimas y sus familiares recibirían apoyo. Sin embargo, en caso de detenciones, ellos buscarían proteger y apoyar a víctimas inocentes. En los tribunales antiterroristas, por ejemplo, los miembros de la Coordinadora sólo ofrecerían defensa legal en casos en que la evidencia disponible indicase que el acusado era inocente. La política de la Coordinadora era que abogados de derechos humanos de sus organizaciones miembros asistirían a personas conectadas a los movimientos subversivos, en caso de ser solicitado, durante el período inicial de detención. Ello se hacía con el fin de evitar la desaparición forzada, ejecución extrajudicial o tortura de estas personas. Sin embargo, los abogados no asumirían su defensa legal. Aunque con frecuencia no se solicitaba su participación –tanto Sendero Luminoso como el MRTA tenían sus propias redes de abogados para tales casos– tal política fue cuestionada por otros activistas de derechos humanos que no estaban inmersos en el contexto peruano.


La Coordinadora se reestructura y lanza una política comunicacional

Los primeros cinco años desde su fundación en 1985 hasta el fin de la década, fueron un período de evolución y consolidación institucional para la Coordinadora. Desde 1985 hasta 1987, las cuatro áreas de trabajo de la Coordinadora fueron Intercambio de información, Acciones conjuntas, Comunicados conjuntos y Respuestas colectivas a políticas del gobierno.27 Los integrantes del Comité Ejecutivo debían implementar cualquier actividad acordada en sus reuniones mensuales. La mayoría de las tareas recaía en APRODH, CEAS y COMISEDH, los cuales también proporcionaban el grueso de los recursos para cubrir los costos operativos de la Coordinadora. No había oficina, dirección centralizada para recibir correspondencia ni número telefónico. Pese a la presencia de grupos de provincias en el Comité Ejecutivo, la realidad cotidiana les hacía difícil dar seguimiento a las decisiones que se tomaban, o participar en campañas organizadas en Lima.

Cuando se aproximaba la fecha para el segundo Encuentro de los miembros de la Coordinadora a mediados de 1987, tuvieron lugar discusiones francas sobre lo que la coalición había logrado en sus primeros dos años de existencia. Aunque todos concordaban en que había fuerza en la unidad, la Coordinadora estaba funcionando esporádicamente y tenía limitada capacidad para cumplir sus decisiones. Representantes de provincias viajaban a Lima para reuniones del Comité Ejecutivo, sólo para frustrarse ante la inasistencia de los limeños. Muchas acciones acordadas en el Comité Ejecutivo nunca fueron implementadas. Algunos sentían que la Coordinadora existía sólo de nombre.

Es allí cuando se implementaron con éxito varias reformas institucionales. Se logró fácilmente un consenso sobre la necesidad de contar con una oficina y personal capaz para implementar las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo, para que la Coordinadora funcionase tal como lo deseaban sus miembros. La propuesta de crear una Secretaría Permanente fue adoptada oficialmente en el encuentro de 1987. La Secretaría Permanente (siguiendo lineamientos del Comité Ejecutivo) recibió el encargo de ejecutar el plan de trabajo para la coalición, aprobado por todas las organizaciones miembros en el encuentro bienal. La Secretaría Permanente también representaba a la Coordinadora en las instancias apropiadas, convocaba reuniones del Comité Ejecutivo, se cercioraba de que los miembros del Comité Ejecutivo realizaran las tareas que les eran encomendadas, y manejaba las finanzas de la coalición.

Empezó la búsqueda de un secretario ejecutivo o una secretaria para encabezar la oficina, quien sería aprobado unánimemente por el Comité Ejecutivo. Rápidamente surgió un consenso alrededor de una candidata ideal, Pilar Coll, una misionera laica española que había trabajado tanto a nivel de base como en el ámbito nacional, y que había estado activa en el movimiento de derechos humanos durante años. Todos tenían confianza en ella y respetaban tanto la calidad como el estilo de su trabajo. Versada en temas políticos, Coll era vista como alguien que estaba preparada para asumir un alto perfil público para impulsar los objetivos de la Coordinadora y que no buscaría crédito personal –un factor que aplacó los temores de quienes no querían que la coalición tomase un perfil más alto que sus organizaciones miembros individuales–. Coll empezó a trabajar para la Coordinadora en marzo de 1988.

La primera secretaria permanente de la Coordinadora impulsó la Coordinadora hacia una política comunicacional audaz. El plan de trabajo de la Coordinadora para 1988 priorizaba dos actividades principales: una campaña en favor de los detenidos desparecidos, y un gran evento cultural para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La pieza central de la campaña en favor de los detenidos desaparecidos fue la distribución de materiales educativos y de una petición a nivel nacional solicitando una acción por parte del gobierno. Sobrepasando las expectativas, se reunieron más de cincuenta mil firmas y éstas fueron presentadas al gobierno de García. El tema de los detenidos desaparecidos fue destacado también en el evento de diciembre de 1988 para conmemorar la Declaración Universal. El éxito de estas actividades incrementó en gran medida la visibilidad pública de la Coordinadora. El enfoque de actividades o campañas específicas se institucionalizó como el modus operandi para el trabajo de la Coordinadora.



PRIMER GOBIERNO DE FUJIMORI (1990-1995)

En la época de las elecciones presidenciales de 1990, la política peruana dio un vuelco radical. La economía se fue en picada, mientras la violencia política se incrementaba. Hubo más de 3.000 asesinatos políticos en 1989, y el conteo anual de muertes se mantuvo en ese nivel durante los años siguientes. Sendero Luminoso había cometido más asesinatos políticos que las fuerzas de seguridad; la mayoría de las víctimas eran civiles sin participación política. Los peruanos estaban desesperados y cada vez más dispuestos a apoyar políticas de mano dura para resolver los profundos problemas y la crisis económica del país. El candidato independiente a la Presidencia Alberto Fujimori explotó este sentimiento y capitalizó la desconfianza de la mayoría de los peruanos en las elites políticas, ganando fácilmente la segunda vuelta electoral. Su victoria iniciaba una década en la cual él dominaba la política nacional y construía un régimen autoritario. El primer período abarca los años 1990-1995.

Aunque Fujimori había enfatizado una plataforma populista durante la campaña de 1990, al cabo de algunas semanas de haber asumido el mando implementó un vasto programa de ajuste estructural que engrosó las filas de los peruanos empobrecidos. En el frente de los derechos humanos, dio un vuelco radical similar. En su discurso inaugural, Fujimori declaró enfáticamente: “El irrestricto respeto y promoción de los derechos humanos será una firme línea de acción por parte de mi gobierno”.28 La promesa fue rápidamente olvidada. Al cabo de algunos meses, la actitud de su gobierno hacia la comunidad de derechos humanos se volvió abiertamente hostil. En noviembre de 1990, el entonces ministro de Justicia Augusto Antonioli proclamó la necesidad de “evitar la obstrucción de las acciones policiales y militares por parte de organizaciones de derechos humanos en zonas afectadas por la subversión”.29 

A medida que se hacían más evidentes las tendencias autoritarias del gobierno, la relación entre la comunidad de derechos humanos y el estado se volvió crecientemente más confrontacional. Aunque los grupos de derechos humanos en provincias continuaron siendo los que se encontraban en mayor riesgo, por primera vez organizaciones reconocidas y con sede en Lima –CAJ, AI y COMISEDH– fueron objeto de operaciones de tipo paramilitar. La situación alcanzó un punto de quiebre a mediados de 1991 cuando, en un discurso ante la oficialidad de las Fuerzas Armadas, Fujimori se refirió a los grupos de derechos humanos como “tontos útiles” de los grupos terroristas, “que serán desenmascarados”. Este ataque fue tan insultante como peligroso, en el contexto de la campaña contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, donde cualquiera que fuese percibido como partidario de la subversión era considerado como un blanco legítimo.

En abril de 1992, Fujimori dio el inusitado paso de suspender la Constitución, disolver el Congreso, y clausurar por un tiempo el Poder Judicial. En vista de la ineficacia del estado actual ante la amenaza de la violencia terrorista, él argumentó, el estado debía ser desmantelado y reconstruido por completo. El autogolpe, como se le conoció, solidificó el enfoque de mano férrea de los militares y aseguró la impunidad. Poco después se crearon tribunales militares –de acuerdo con leyes draconianas, sancionadas por el presidente– para juzgar a los acusados de “traición a la Patria” y tribunales civiles “sin rostro” –los jueces usaban capuchas y su identidad era desconocida para juzgar a acusados de terrorismo.

A pesar del endurecimiento del régimen, Sendero Luminoso incrementó su campaña de terror en las principales ciudades del país, en particular en Lima. Empleó camiones cargados de explosivos como un nuevo instrumento de terror. En los tres meses que siguieron al autogolpe, 60 personas resultaron muertas solamente como resultado de estos ataques.30 Sin embargo en septiembre de 1992 la historia peruana dio otro vuelco dramático con la captura de Abimael Guzmán. La imagen del rostro del mesiánico líder de Sendero Luminoso, adorado por su agrupación, se exhibió –demacrado y sin afeitar– ante toda la nación. Se precipitó entonces la mengua de los actos de violencia por parte de Sendero Luminoso hasta la casi desaparición del movimiento subversivo. También proporcionó a Fujimori una justificación para sus tácticas de mano dura e impulsó su popularidad durante un tiempo.

Para los defensores de derechos humanos la realidad más contundente fue un régimen cada vez más autoritario. Las nuevas leyes violaban flagrantemente las normas internacionales y suspendían las garantías de los acusados. Se presumía la culpabilidad hasta demostrarse la inocencia. Las definiciones de lo que constituía “traición a la Patria” y “terrorismo” fueron ampliadas de manera perturbadora. Los pedidos de hábeas corpus fueron eliminados. Se eliminaron también las garantías más fundamentales del debido proceso, incluido el derecho a una defensa adecuada. Los juicios se realizaban en secreto, las personas podían ser juzgadas en ausencia, los acusados no tenían acceso a las pruebas presentadas en su contra, la confrontación de testigos estaba prohibida, y con frecuencia los abogados defensores eran notificados apenas horas antes de iniciarse un juicio. Se prohibió que cada letrado defendiera más de un caso simultáneamente, medida que provocó un caos, dado que el conjunto de personas acusadas era mucho mayor que el de abogados dispuestos y capaces de trabajar en tales casos. Las sentencias eran en extremo severas. El número de personas detenidas por acusaciones de terrorismo y traición a la Patria se elevó en forma exorbitante. Hacia el final de la década, aproximadamente veintidós mil peruanos habían sido injustamente detenidos como resultado de la legislación antiterrorista.31 El autogolpe y el creciente autoritarismo de Fujimori dejaron a la comunidad internacional profundamente consternada. El gobierno de los Estados Unidos suspendió toda la ayuda no humanitaria (con la notable excepción de la asistencia antidrogas) y jugó un papel importante organizando la oposición al autogolpe con los principales donantes al Perú y la OEA. Los estados miembros de la OEA invocaron la Resolución 1080 y presionaron por un retorno al gobierno constitucional en el Perú. Fujimori tenía pocas opciones excepto aceptar la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, encargado de redactar una nueva Constitución. Fujimori se dio maña para aplacar a la comunidad internacional mientras establecía los términos para las elecciones que asegurasen un Congreso y una Constitución a su gusto y medida, y que sirviera para consolidar su poder como presidente.

Con Vladimiro Montesinos como asesor principal y con el apoyo de los militares y los servicios de inteligencia, Fujimori concentró el poder cada vez más en manos del Ejecutivo. Se embarcó en un camino populista autoritario, utilizando los recursos del estado, procedentes de privatizaciones y préstamos de instituciones financieras internacionales, para financiar proyectos de asistencia alimentaria y desarrollo de infraestructura que eran populares entre la población. Durante este período, también, la disminución de los actos violentos protagonizados por Sendero Luminoso llevó a una importante baja de las violaciones a los derechos humanos por parte del oficialismo. No obstante, la naturaleza autoritaria del régimen de Fujimori se incrementó proporcionalmente a la disminución de los niveles de violencia. Siguió una profunda crisis de institucionalidad democrática. Esta crisis desafió la Coordinadora a reorientar sus labores hacia la restauración de la democracia y la conduciría a protagonismo en la sociedad civil en los últimos años de la década de 1990.


De la ayuda humanitaria a la defensa de la democracia

Por causa de las repercusiones generalizadas de la violencia, la ayuda humanitaria siguió siendo una parte importante del trabajo de la Coordinadora hasta mediados de los años noventa. Pero, al mismo tiempo, la Coordinadora empezó a desarrollar acciones de presión en el campo constitucional. Los sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas abarrotaron las oficinas de la Coordinadora –desde 1993 bajo el liderazgo de Rosa María Mujica– y sus organizaciones miembros. Más y más víctimas de la violencia y sus familiares requerían asistencia. Muchas de estas personas se estaban escondiendo porque temían por sus vidas. La Coordinadora utilizó su red nacional para ayudar a reubicarlas o, en casos especialmente graves, las ayudaba a escapar a Bolivia o Chile o a buscar asilo político en Europa. La continua crisis de derechos humanos y el expreso deseo de las agencias donantes de financiar acciones de asistencia directa llevaron a la coalición a establecer el Fondo de Ayuda Humanitaria para víctimas de la violencia política. Un comité evaluaba los pedidos de asistencia. Se estableció un Fondo Rotativo Solidario para otorgar préstamos (de hasta mil dólares) a quienes eran liberados de prisión, para permitirles empezar un pequeño negocio.

Además la Coordinadora organizó una red de profesionales –trabajadores sociales, psicólogos, doctores y dentistas– para brindar servicios directos a aquellos que los necesitasen. Los profesionales trabajaban en forma voluntaria y se convirtieron en un grupo de trabajo de asistencia humanitaria. Desde la oficina de la Coordinadora, un equipo de psicólogos empezó a ofrecer terapia a personas y grupos que habían sido víctimas de la violencia.

Desde un punto de vista de los derechos humanos, dos temas cruciales se colocaron en el centro del debate en relación a la nueva Constitución de octubre de 1993. Por un lado, la Constitución permitía la aplicación de la pena de muerte a los condenados por traición a la Patria o terrorismo. Por otro lado, la Constitución ordenaba la creación de la Defensoría del Pueblo, un órgano estatal autónomo para asegurar la protección de los derechos humanos básicos de los ciudadanos del Perú. La Coordinadora organizó campañas sobre estos temas.

Aunque se incorporó una cláusula que permitía la pena de muerte en el borrador final de la Constitución, gracias a las iniciativas de incidencia política emprendidas por la comunidad de derechos humanos, la legislación necesaria para su implementación nunca ha sido presentada. La Coordinadora llevó el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una opinión concurrente de que la ratificación de la pena de muerte es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el gobierno peruano es signatario.

La Constitución de 1993 presentó también una importante oportunidad para la Coordinadora de abogar a favor del establecimiento de una nueva Defensoría del Pueblo. La coalición presionó al Congreso para adoptar la legislación que la implementaba. Cuando la Defensoría empezó a funcionar en septiembre de 1996 bajo el mando del doctor Jorge Santistevan de Noriega, ex alto funcionario de las Naciones Unidas, la Coordinadora trabajó estrechamente con Santistevan y su equipo y siguió haciéndolo mientras éste condujo la Defensoría.

Las presiones internacionales incidieron también en la política nacional y presentaron otras oportunidades a la Coordinadora. En la medida en que la situación se agravaba en el Perú, llegaban más y más delegaciones extranjeras. En un caso simbólico, la primera delegación de alto nivel de la administración Clinton que visitó el Perú en enero de 1994, se reunió con la Coordinadora antes de hacerlo con funcionarios del gobierno peruano.32 Aunque cada delegación significaba un importante apoyo y oportunidades para participar en el gobierno, también demandaban tiempo y energía por parte de los líderes de la comunidad de derechos humanos. Por añadidura, la Coordinadora ahora enviaba sus propios delegados a las Naciones Unidas y la OEA periódicamente, lo cual requería preparación de informes tanto sobre información en general como sobre casos específicos.



CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO DE FUJIMORI (1995-2000)

En 1995 se realizaron elecciones en el Congreso y la Presidencia –elecciones que ayudaron a consolidar el proyecto autoritario del régimen de Fujimori/Montesinos–. Fujimori se postuló a la reelección y ganó con comodidad. Desgraciadamente, luego de estas elecciones, la condena internacional de las prácticas antidemocráticas en el Perú que había sucitado el autogolpe de 1992 se redujo significativamente. Fujimori buscaba mantener los atavíos formales de la democracia, mientras concentraba el poder en manos del Ejecutivo. El presidente se apoyaba en su hombre de confianza, Montesinos, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el alto mando militar, para promover un proyecto autoritario. Los continuos retrocesos en cuanto a la consolidación democrática y el estado de derecho significaron que las garantías fundamentales necesarias para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos y las prácticas democráticas estaban más lejanos que nunca.

El SIN creció bajo el tutelaje de Montesinos y se convirtió en la policía política peruana. Se le encargó sofocar a la oposición política, al periodismo independiente y a otras supuestas amenazas al gobierno. Los medios a través de los cuales cumplió el encargo –hostigamiento e intimidación, amenazas de muerte y chantaje– recordaban algunos de los peores rasgos de un régimen totalitario. En este nuevo contexto cambió la naturaleza de las amenazas que enfrentaban la Coordinadora y otras organizaciones de la sociedad civil. Mientras el gobierno buscaba eliminar a los opositores y desacreditar a quienes percibía como enemigos políticos, aparecieron nuevas formas de hostigamiento con la intención de impedir el trabajo de activistas de derechos humanos y de intimidarlos. Se practicaba un seguimiento de rutina a los activistas y sus teléfonos eran intervenidos. Los servicios de inteligencia introdujeron virus en sus computadoras. En ocasiones, ocurrían allanamientos en las oficinas de estas instituciones y se robaban documentos y otros artículos.

Al cabo del tiempo se hizo evidente que, pese a su inconstitucionalidad, Fujimori pretendía lanzarse a una tercera candidatura a la Presidencia en abril de 2000. Se pusieron en marcha los mecanismos para asegurar su victoria a través del control en el Congreso, el Poder Judicial, el aparato electoral, y sectores de la prensa. La implacable lucha por lograr la reelección protagonizada por el gobierno tuvo un alto costo político. Creció la oposición política al régimen de Fujimori/Montesinos, especialmente después de revelarse que se habían falsificado hasta un millón de firmas por quienes dirigían la campaña para registrar la nueva coalición política de Fujimori, el Perú 2000, para los comicios. Observadores electorales internacionales y locales declararon que el proceso electoral mostraba fallas significativas. Para la segunda ronda electoral del 28 de mayo, el contendor de Fujimori –Alejandro Toledo– y observadores electorales internacionales, incluyendo la OEA, se retiraron del proceso, arguyendo su incapacidad para asegurar un conteo limpio de votos. Fujimori continuó en campaña sin candidato de oposición y declaró la victoria. Sin embargo, incluso en el dudoso conteo oficial de votos, más de la mitad de los votantes peruanos no votaron, viciaron su voto, o marcaron su voto por Toledo, aunque éste ya no era candidato.

La serie de escándalos electorales y la desesperada apuesta de Fujimori por mantenerse en el poder a cualquier costo rompió la apatía y el temor que había puesto una sordina en las protestas sociales. La sociedad civil cobró fuerzas a lo largo del país para reclamar el derecho a elegir el gobierno del Perú. Fujimori empezó su tercer período desacreditado como resultado de un enorme fraude electoral, sin un mandato popular, y debió enfrentar continuas protestas de la sociedad civil y la presión de la comunidad internacional. El gobierno colapsó en menos de dos meses.


Nuevo protagonismo para la Coordinadora

El autoritarismo populista de Fujimori socavó los partidos políticos a la derecha e izquierda y las instancias más formales de representación política. Este contexto resaló el papel de las organizaciones por los derechos humanos y otras ONGs, creando consigo nuevos desafíos pero también proporcionando nuevas oportunidades. Le tocó al movimiento de derechos humanos cumplir un papel más protagónico. Susana Villarán asumió la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora en febrero de 1995, seguida por Sofía Macher en marzo de 1997. Ambas presidieron la coalición durante un período en el que ésta surgió como una fuerza poderosa dentro de la sociedad civil, a la vanguardia de los esfuerzos por restaurar los principios democráticos del gobierno.

Durante este período, el trabajo de la Coordinadora se dividió en tres áreas. La primera se centraba en los continuos problemas de derechos humanos y las secuelas de la guerra –en gran medida defensa legal y trabajo en las prisiones–. La segunda abordaba temas relacionados con la democracia, tales como la reforma judicial, el poder de los militares y los servicios de inteligencia y, hacia el final de la década, el proceso electoral. Una tercera área de trabajo se ocupaba de un espectro de nuevos temas de derechos –como los derechos de las mujeres y los niños, y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)– que se colocaron en el centro del escenario cuando mermó la violencia política.

En este período de cinco años, la Coordinadora emprendió cuatro campañas de acción política importantes. La primera fue una campaña para derogar la ley de Amnistía, que era la más amplia en toda América Latina y había sido sancionada para asegurar la impunidad de militares peruanos procesados y sentenciados por su participación en los asesinatos de La Cantuta. En una “sesión de medianoche”, el Congreso peruano aprobó una ley otorgando una amnistía general a todo el personal militar o civil implicado, en proceso de investigación o condenado por violaciones a los derechos humanos desde el inicio del conflicto con Sendero Luminoso. Presentada la noche del 13 de junio de 1995 sin haber sido anunciada, y aprobada la madrugada siguiente, la propuesta fue inmediatamente sancionada y promulgada por el presidente y convertida en ley. No hubo debate público ni oportunidad de réplica a la medida. La impunidad para quienes violaron los derechos humanos se convirtió en ley, aunque las encuestas demostraban que cerca del 75% de la población se oponía a la ley de amnistía.33

El componente principal de la campaña de la Coordinadora fue la recolección de las firmas requeridas para realizar un referéndum popular sobre la derogación o no de la ley de amnistía. Este esfuerzo fracasó porque los peruanos estaban aún temerosos y no deseaban identificarse por escrito con la causa de los derechos humanos. A principios de 1996, la Coordinadora decidió terminar con la recolección de firmas y concentrar sus actividades en la educación popular. La Coordinadora y sus organizaciones miembros ensayaron nuevas formas de protesta, empleando las habilidades creativas de actores y artistas de la calle, y realizando conciertos, presentaciones artísticas, teatro callejero y vigilias. También se trabajó el el ámbito internacional. Abogados peruanos de derechos humanos argumentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la ley de Amnistía era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y grupos internacionales presionaban al gobierno de Fujimori para que revocara la amnistía general.

La ley de Amnistía era un pilar de la relación entre Fujimori y Montesinos con los militares y, por ende, una pieza fundamental para mantenerse en el poder. Desde su perspectiva, no era un tema abierto al debate. Ellos permanecieron incólumes, pero la campaña tuvo éxito en fortalecer la opinión pública con respecto al tema, preparando el camino para cambios célebres una vez que cayó el régimen de Fujimori.

En contraste con los resultados inciertos de la primera campaña, la segunda sí dio resultados. Lanzada bajo el título de “En nombre de los inocentes”, apuntaba a asegurar la liberación de peruanos inocentes encarcelados bajo acusaciones de terrorismo. La campaña enfatizó la distinción entre las personas inocentes y aquellos culpables de terrorismo, argumentando que no habría costo para la sociedad en liberar a personas inocentes. El público desarrolló una clara simpatía con la campaña. Fujimori, políticamente astuto, se dio cuenta de que la ley de amnistía había sido impopular. En parte como una estrategia calculada para mejorar su imagen, él mismo empezó a reconocer públicamente que se habían cometido algunos errores, implicando que podría estar abierto a revisar algunos casos de peruanos inocentes encarcelados bajo acusación de terrorismo.

Eventualmente, se creó una Comisión ad hoc, compuesta por tres miembros –el ministro de Justicia, el defensor de los Derechos Humanos y un delegado personal del presidente, el padre Hubert Lanssiers– para revisar los casos individuales y hacer recomendaciones al presidente para que éste otorgara un indulto en aquellos casos en que una sentencia se hubiera basado en evidencias fraguadas, obtenidas por la fuerza, o insuficientes. Las recomendaciones para otorgar un indulto debían ser unánimes. El presidente decidía el otorgamiento o no del indulto.

Aunque no llegó a cumplir el resultado deseado por la Coordinadora, resultaba claro que la Comisión ad hoc era lo máximo que se podía conseguir dadas las circunstancias. Al iniciar su operación, organizaciones miembros de la Coordinadora presentaron casos y asistieron a la Comisión en la preparación de las recomendaciones que iban a ser presentadas al presidente. El presidente Fujimori indultó a quinientas trece personas inocentes –cuatrocientos ochenta y uno a través de la Comisión ad hoc y treinta y dos más luego que expirase el mandato de ésta–, mientras miles más fueron declarados inocentes a través de los tribunales.34 

La tercera campaña –“Vivimos sin tortura”– se dirigió a las prácticas que continuaban a pesar de la baja de muertes y desapariciones violentas. Investigaciones realizadas en el Perú mostraban consistentemente que la vasta mayoría de los detenidos por delitos comunes y terrorismo eran torturados. Estudios más recientes indican que la violación y otras modalidades de abuso sexual eran una forma común de tortura empleada tanto contra hombres como contra mujeres.35 La tortura se convirtió en un tema prioritario de acción para la Coordinadora.

El Grupo Jurídico de la Coordinadora redactó una propuesta de ley que introducía los “Delitos contra la Humanidad” en el código de procedimientos penales del Perú. La ley fue adoptada en 1998 y la figura de la tortura incluida en el código penal, permitiendo que se abrieran las primeras causas contra agentes del estado culpables de cometer torturas. Inmediatamente después, la Coordinadora lanzó su tercera campaña. La idea era declarar pueblos y ciudades “libres de tortura”. La Coordinadora preparó y distribuyó materiales de educación popular a todos sus miembros. Se desarrolló una estrategia de comunicaciones para generar cobertura favorable por parte de la prensa y aceptación en la opinión pública. En el nivel nacional, se concretaron alianzas con autoridades elegidas, representantes de la Defensoría del Pueblo, trabajadores de salud pública, gremios profesionales y otras instituciones afines a la causa. Lo que fue más importante, grupos locales trataron de involucrar a miembros de la policía y las Fuerzas Armadas en la campaña.

La cuarta campaña se lanzó en 1998, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con actividades educativas orientadas hacia temas de verdad y justicia, se diseñó una estrategia de comunicaciones específica para llegar a jóvenes entre los 18 y los 24 años. Los lemas de la campaña eran: “Los derechos humanos son para todos” y “Los derechos humanos son tus derechos”.36 Se emplearon materiales de educación popular y difusión a través de medios de comunicación en un esfuerzo por llegar al público en general. Esta campaña expresaba los resultados de debates internos del movimiento sobre cómo fortalecer más los derechos humanos en la sociedad peruana.


La Coordinadora debate cómo ampliar la agenda de los derechos humanos

Con el fin del período de extrema violencia, se produjo una viva discusión sobre el adecuado papel de la Coordinadora en la sociedad peruana. Una pregunta central era: ¿cómo puede cambiar el movimiento de derechos humanos, y pasar de trabajar principalmente con víctimas de la violencia a relacionarse con la ciudadanía? Se realizaron encuestas de opinión y grupos de discusión sobre temas de derechos humanos en septiembre y octubre de 1995 en las ciudades de Lima, Huancayo e Iquitos. Los resultados revelaban que sólo el 18% de los encuestados vinculaba a los grupos de derechos humanos con grupos terroristas, indicando que los intentos del gobierno de Fujimori por desacreditar al movimiento y presentarlo como el brazo legal del terrorismo habían tenido escaso impacto en la imagen general de la Coordinadora. La encuesta reveló aceptación y sensibilidad hacia los temas de “derechos” entre el 82 por ciento de la población, brindando evidencia del impacto de la educación sobre derechos humanos en el transcurso de los años, pero aunque las personas reconocían tener derechos, también creían que no serían respetados. Un desafío para el movimiento de derechos humanos fue el dato de que pocas personas veían los derechos humanos relacionados de alguna manera con sus luchas cotidianas. La Coordinadora se preguntaba si debía o no lanzarse a la búsqueda de nuevas estrategias y expandir su mandato tradicional para impactar más directamente la vida cotidiana de las personas, y cómo hacerlo.

En el Encuentro de 1995 tuvo lugar una discusión importante entre las organizaciones miembros sobre qué papel debía cumplir la Coordinadora en la promoción de los DESC y qué prioridades deben tener éstos en la agenda nacional de derechos humanos. Se logró el acuerdo de formar una Mesa de DESC con tres objetivos: 1) estudiar maneras en las cuales el mandato de la Coordinadora podría ser expandido en esta área; 2) ofrecer una evaluación más integrada de los derechos humanos en el Perú, con la idea de presentar un informe conjunto ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; y 3) ampliar el diálogo para incluir a otras personas y organizaciones que trabajan en el tema. Convocada por la Coordinadora, la Mesa incluía representantes de otras organizaciones y redes de la sociedad civil.

Otro nuevo punto que apareció en la cambiante agenda fue el de la discriminación. Al igual que el análisis de los DESC, quienes proponían el trabajo sobre discriminación señalaban que ésta había constituido también un factor subyacente importante en la violencia política de la década anterior. Siguiendo el modelo adoptado para los DESC, en el Encuentro de 1997 se estableció una Mesa por la No Discriminación. Con una base aún más amplia que la Mesa de DESC, incluía organizaciones tanto de derechos humanos como de otro tipo, que trabajaban en temas relacionados con la discriminación racial, los derechos del pueblo afro-peruano, impedimentos físicos, preferencia sexual, VIH/SIDA, género y pueblos indígenas.

Un tema que inmediatamente destacó en el período posterior a la violencia política fue el de la violencia doméstica. A medida que amainaba la violencia política, se produjo una oleada de pedidos de apoyo en casos de violencia doméstica contra mujeres y niños. Según las respuestas a un cuestionario enviado en 1999 a todas las organizaciones miembros de la Coordinadora, el 71% trabajaba en el tema de la violencia doméstica.37 

En el Encuentro de 1997, las organizaciones miembros de la Coordinadora adoptaron oficialmente una plataforma pro-democracia e incorporaron en su agenda los temas de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho. Era una transición natural. Resultaba claro que el Perú debía retornar a un camino más democrático antes de que las garantías de los derechos humanos pudieran ser institucionalizadas. Los movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil se movilizaban también en defensa de la democracia, y la Coordinadora expandió los círculos en que operaba, construyendo nuevas alianzas.

El plan bienal de trabajo adoptado en el Encuentro incorporó el área de “democracia y derechos humanos” para promover una participación ciudadana más activa en el gobierno. Gran parte de este trabajo fue planteado en términos de la reconstrucción del tejido social del país, creando espacios para que los grupos de la sociedad civil se reunieran y estimulando la educación cívica. La decisión de asumir un enfoque mayor en temas de democracia tuvo un impacto importante en la manera en que las organizaciones miembros apreciaban su trabajo y lo desempeñaban. Macher advirtió un cambio fundamental en “el enfoque central de nuestro trabajo, pasando de casos individuales al sistema político del país, y cómo ello afecta a los derechos humanos”.38 Este cambio preparó el escenario para el papel fundamental que desempeñó la Coordinadora en las elecciones de 2000.


La Coordinadora y las elecciones de 2000

La Coordinadora estaba en una buena posición para convertirse en un actor importante en los eventos que se desencadenaron alrededor de las elecciones de 2000. Independiente de cualquier partido o movimiento político, era percibida como un interlocutor válido por encima de las refriegas políticas y sin embargo comprometida con la lucha democrática. Más aún, la naturaleza de la Coordinadora como una coalición la hacía única. No era considerada como una institución que busca protagonismo o que intenta captar para sí a otras organizaciones de la sociedad civil. Había ganado su reputación por sus posiciones de principio. Su opinión era apreciada por aquellos que buscaban medir la validez o justicia de medidas tomadas por el gobierno en relación al proceso electoral.

Desde el inicio la Coordinadora se había propuesto incidir en las elecciones. En el año 2000 se instaló rápidamente en el ojo de la tormenta electoral. El tema en discusión era si Fujimori permitiría que otro candidato compitiera y potencialmente ganara las elecciones. La Coordinadora, como muchos otros actores políticos, se colocó firmemente del lado de elecciones libres y justas, y en contra de manipulaciones electorales por parte del candidato a presidente. Las organizaciones miembros de la Coordinadora ayudaron a documentar y denunciar las trampas electorales que ocurrían y, lo que era más importante, a movilizar a la sociedad civil y formar a la opinión pública.

La campaña lanzada por la Coordinadora se basaba en la premisa de que el cambio requería impactar en el proceso político –en este caso, un cambio en el gobierno– a través de la educación al público y la implementación de una estrategia en los medios de comunicación. Por lo tanto, la Coordinadora se enfocó en su estrategia de medios de comunicación y en movilizar a la opinión pública. Notas de prensa de aparición regular documentando y denunciando el fraude electoral se publicaron en los diarios limeños, y Macher y otros líderes de la comunidad de derechos humanos eran citados periódicamente en la prensa independiente. Dado que el gobierno controlaba las principales estaciones de televisión nacional, el trabajo de prensa más efectivo fue realizado en provincias, donde las estaciones de radio y los diarios locales eran a menudo solidarios y era posible para ellos dar amplia cobertura a puntos de vista alternativos.

Transparencia, un grupo independiente de observación electoral, era la principal organización que reportaba sobre los pormenores del proceso electoral y movilizaba a miles de ciudadanos peruanos como observadores electorales. La Coordinadora apoyaba estos esfuerzos de dos maneras importantes. En primer lugar, convocaba a un amplio corte transversal de la sociedad civil, reuniendo a sectores de la comunidad de ONGs, la Iglesia, universidades, sindicatos y otras instituciones para apoyar los esfuerzos de monitores independientes. En segundo lugar, las organizaciones miembros de la Coordinadora en provincias se convirtieron en una fuente importante de observadores electorales en los puestos de votación.

Por otro lado, la Coordinadora ya tenía planeado enviar una delegación para participar en la Asamblea General de la OEA en Windsor, Ontario, programada para inmediatamente después de las elecciones de mayo de 2000. En esa reunión, la Coordinadora se benefició de su trabajo previo con la OEA y de la credibilidad internacional que había adquirido para incidir en la formulación de una respuesta internacional a las elecciones. La Coordinadora auspició una conferencia de prensa conjuntamente con Transparencia y les facilitó acceso a funcionarios de la OEA y a cancilleres claves. Una misión de la OEA fue enviada al Perú, y el organismo auspició un diálogo entre el gobierno, la oposición política y representantes claves de la sociedad civil, entre ellos, Sofía Macher en representación de la Coordinadora.

También, después de las elecciones, la Coordinadora se constituyó en uno de los actores claves en denunciar el fraude electoral y promover una alternativa democrática, ayudando a preparar el camino para el colapso del régimen autoritario de Fujimori. Proporcionó y capacitó a observadores (todos vestidos con chalecos amarillos) para la masiva “Marcha de los Cuatro Suyos” organizada para protestar contra el inicio de un tercer período ilegítimo. La presencia de los observadores de derechos humanos probablemente cumplió el papel de evitar algunos abusos. Los observadores documentaron violaciones a los derechos humanos cuando estalló la violencia.


La caída del régimen de Fujimori-Montesinos

La estructura de poder construida año tras año por Fujimori y Montesinos se derrumbó rápidamente, especialmente después de darse a conocer videos que mostraban el cohecho a congresistas de partidos políticos de oposición. El 16 de septiembre de 2000, Fujimori anunció que se realizarían nuevas elecciones en 2001, que él no se postularía en ellas, y que el SIN sería desmantelado. Los peruanos salieron a las calles a celebrar espontáneamente. Tras dos semanas plagadas de rumores de golpe de estado e incertidumbre, Montesinos huyó del país. A mediados de noviembre, Fujimori había huido al exilio. Trató de enviar su renuncia por fax desde Japón. El Congreso se negó a aceptarla y el 21 de noviembre de 2000 declaró la vacancia de la Presidencia por “incapacidad moral” de Fujimori, según lo prescrito en la Constitución de 1993.

Con la renuncia de ambos vicepresidentes, Valentín Paniagua, el siguiente en la línea de sucesión al mando, asumió a la presidencia del Perú. Su gobierno de transición recibió el encargo de llevar a cabo elecciones libres y justas, para pasar la antorcha a un presidente democráticamente elegido en julio de 2001. Paniagua nombró un gabinete impresionante que era único por cuanto sus integrantes se comprometieron a dejar sus puestos tras el período de transición. Muchos prominentes activistas por los derechos humanos pasaron a formar parte del gobierno de Paniagua, marcando un cambio fundamental en el clima político.

El nuevo gobierno preparó el terreno para una ambiciosa agenda de reformas, que afectaban casi todos los aspectos del gobierno y las relaciones entre civiles y militares. Por primera vez, la comunidad de derechos humanos en el Perú se encontró con un gobierno que compartía muchos puntos de su agenda. Tras la presión de Paniagua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pronunció un fallo sobre un caso presentado por la Coordinadora, el cual hacía un llamado por la abrogación de la ley de amnistía. Fallo que fue aceptado por el nuevo gobierno. El largo período de impunidad había culminado.

En las elecciones de 2001, las cuales observadores domésticos e internacionales consideraron libres y justas, Toledo fue elegido presidente. Uno de los últimos actos de Paniagua como Presidente fue la creación de una Comisión de la Verdad para investigar violaciones específicas a los derechos humanos, cometidas tanto por agentes del estado como por los grupos subversivos durante el período de violencia política. Cuando ello fuera posible, la Comisión determinaría la responsabilidad por tales actos y haría recomendaciones para otorgar reparaciones y reformas institucionales. El decreto de implementación de la Comisión seguía la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Coordinadora y la Defensoría del Pueblo.39 La creación de tal Comisión era una meta largamente acariciada por la comunidad de derechos humanos peruana.

Al asumir el cargo, Toledo se comprometió a cumplir las recomendaciones de la Comisión y la rebautizó Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sofía Macher, quien acababa de cumplir su período en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora, fue nombrada integrante de la Comisión.

Con la caída del régimen Fujimori-Montesinos la Coordinadora tuvo que adaptarse nuevamente a un cambio en el panorama político. Si bien se había abierto el espacio político necesario para una reforma significativa, la Coordinadora se encontraba en la escabrosa posición de enfrentarse a ex colegas del movimiento por los derechos humanos, los que ahora asumían cargos de gobierno. Debía desarrollar estrategias de compromiso constructivo para incidir en el proceso de reforma que contemplaba la transición democrática sin perder su independencia de los agentes del estado.



CONCLUSIÓN

Contar la historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú es ver con nuevos ojos la historia reciente del Perú, desde los años de violencia política extrema hasta el proyecto político autoritario de Fujimori. Durante estas dos décadas el Perú fue gobernado por tres presidentes electos –Belaúnde, García y Fujimori–, el último por diez años, mediante dos reelecciones, en férrea alianza con las Fuerzas Armadas y con una gran capacidad para moldear la opinión pública. Una parte importante de su proyecto autoritario fue reescribir la historia desde su perspectiva (y la de sus laderos en los servicios de inteligencia y en las Fuerzas Armadas). La victoria militar sobre Sendero Luminoso y el MRTA se usó para crear una narración histórica oficial acerca del conflicto en el cual Sendero Luminoso y, en menor medida, el MRTA fueron retratados como las únicas fuerzas responsables de la violencia. Las asociaciones de víctimas de la violencia de estado y los grupos por los derechos humanos fueron calificados como “defensores del terrorismo”; las Fuerzas Armadas y la policía se erigieron en las salvadoras del Perú. La ley de amnistía –como se ha señalado antes, la más abarcadora hasta la fecha en América Latina–, intentó en parte asegurar que ninguna investigación oficial pudiera aportar documentación o arrojar luz sobre los hechos del pasado, de modo de contribuir al objetivo del gobierno peruano por opacar la memoria acerca de la historia.

En franco contraste, la labor llevada a cabo por la Comisión de Verdad y Reconciliación es un paso adelante significativo en la construcción de un análisis agudo y objetivo del pasado peruano. Sin embargo, las dificultades que enfrentó la comisión –y los duros ataques sufridos por sus miembros–, constituyen un doloroso recordatorio de la persistencia de visiones y percepciones arraigadas en el temor al terrorismo. Aunque Sendero Luminoso es una sombra de lo que supo ser, son suficientes acciones aisladas de esta organización, a la fecha en que escribimos estas líneas, para mantener vivo el temor a la violencia política, y muchos políticos están dispuestos a usar esos miedos en su propio beneficio. Muchos miembros de las elites aun consideran que el movimiento por los derechos humanos ha trabajado, quizás no directamente, al menos sesgadamente a favor de los insurgentes. Sin duda se suele usar parte del mismo discurso de hace 20 años para atacar verbalmente a activistas por los derechos humanos. Por lo tanto, la Coordinadora y sus organizaciones miembros aún luchan por mantener y ampliar su legitimidad y credibilidad.

Esta situación representa un obstáculo en contra del relato completo de los acontecimientos. La transición democrática está en marcha y los militantes por los derechos humanos ya no arriesgan su vida por causa de su trabajo; sin embargo, el miedo a hablar abiertamente acerca de los debates y temas del pasado permanece. El temor a ser tildado de “blando con el terrorismo” tiñe la forma en que se habla de los acontecimientos del pasado en las organizaciones; se han perdido muchos de los matices que tenían lugar en los debates internos. En suma, el clima y el debate políticos actuales afectan el modo en que se retrata el prolongado conflicto cívico del Perú y el papel desempeñado por el movimiento por los derechos humanos. Sólo cuando las recomendaciones de Verdad y Reconciliación se tomen en serio y sean implementadas, el Perú estará en el camino hacia un reconocimiento verdadero de su pasado.




NOTAS

1. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se menciona en este trabajo como “la Coordinadora”, y no por sus siglas (CNDDHH). Cabe aclarar que no por eso la identificamos como la única Coordinadora en el Perú. De hecho, es una de las muchas “coordinadoras” de diferentes sectores de la sociedad civil peruana que operan como coaliciones.

2. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanos en Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, p. 199.

3. La Lucha de los despedidos: julio 1977-enero 1978. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones, 1978, p. 7.

4. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanos en Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, pp. 206-207.

5. Javier Diez Canseco, Miguel Echandía y Hugo Blanco. Dictadura y derechos humanos en Perú. Lima: Perugraph Editores, 1981, p. 201.

6. Tom Burns. ‘From the Heart of the Wound’. The Struggle for Human Rights as a Spirituality: A Cross-cultural Perspective. Tesis de doctorado. Chicago, Illinois: Catholic Theological Union of Chicago, 1996, p. 51.

7. Patricia Tappatá de Valdez. Evaluación de las respuestas de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a la violencia política en Perú durante el período 1980-1986: Recomendaciones para su actuación futura. Lima: manuscrito inédito, 1991, p. 50.

8. Comunicado Público, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1979.

9. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Tortura en Perú. Lima: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1980.

10. En el marco de la doctrina de seguridad nacional, se popularizó en los ámbitos castrenses la categorización de los conflictos de acuerdo con su magnitud. El conflicto de baja intensidad corresponde a la guerra de guerrillas. Se trata de grupos armados que persiguen la toma del poder y que han tenido como respuesta la llamada “guerra sucia”, esto es, la eliminación del “enemigo interno” en todos los campos a través del terror de estado. En este marco aun los grupos pacíficos que defendían los derechos humanos fueron vistos por los gobiernos y las Fuerzas Armadas del Perú como parte de la subversión. En su libro Mixed Signals, Kathryn Sikkink analiza los efectos de la doctrina y del entrenamiento estadounidense a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en relación con los derechos humanos (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004). [N. de la E.].

11. A New Opportunity for Democratic Authority: Human Rights in Perú. Nueva York: Americas Watch Committee, septiembre de 1985, p. 2.

12. El informe de la Comisión se encuentra en https://www.cverdad.org.pe/ [N. de la E.]

13. Michael Fleet y Brian H. Smith. The Catholic Church and Democracy in Chile and Perú. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1997, p. 231.

14. Citado en La desaparición forzada de personas en Perú (1980-1996). Lima: Defensoría del Pueblo, 2000, p. 254.

15. Hortensia Muñoz. “Human Rights and Social Referents: The Construction of New Sensibilities”. Steve Stern (comp.), Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, p. 450.

16. Tappatá de Valdez. Evaluación. pp. 74-75, y entrevistas de Coletta Youngers con varios participantes del encuentro.

17. Reglamento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 20 de mayo de 1985.

18. “Carta abierta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos”. La República. 6 de abril de 1985.

19. Tappatá de Valdez. Evaluación. 1991, pp. 44-45.

20. Tolerating Abuses: Violations of Human Rights in Peru. Nueva York: Human Rights Watch/Americas, 1988, pp. 8-9.

21. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe sobre las dos décadas de violencia política en el Perú responsabilizó a las fuerzas militares y la policía de 30% de las muertes y desapariciones, a Sendero Luminoso de 54%, y los demás a las rondas campesinas y al MRTA. www.cverdad.org.pe/ [N. de la E.]

22. Resumen Semanal. Lima: DESCO, Nº. 480, página sin numerar.

23.  In Desperate Straits: Human Rights in Peru after a Decade of Insurgency. Nueva York: Human Rights Watch/Americas, 1990, pp. 81-82.

24. Senador Enrique Bernales, et al., Violencia y pacificación en 1991. Informe presentado en 1991 por una comisión investigadora del Congreso del Perú y mencionado comúnmente como el “Informe Bernales”, páginas sin numerar.

25. Carlos Basombrío. “Sendero Luminoso and Human Rights”. Steve Stern (comp.), Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, p. 426.

26. Carlos Basombrío. “Sendero Luminoso and Human Rights”. Steve Stern (comp.), Shining and Other Paths. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1998, p. 428.

27. Tappatá de Valdez. Evaluación, p. 95.

28. Presidente Alberto Fujimori, Mensaje a la Nación, 28 de julio de 1990.

29. Citado en Human Rights Determination for Peru. Memorándum emitido por Washington Office on Latin America, 9 de septiembre de 1991, p. 5.

30. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú en 1992. Lima: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 1993, p. 19.

31. “Veintidós mil inocentes estuvieron detenidos”. La República. 5 de julio 2002.

32. Coletta Youngers. After the Autogolpe: Human Rights in Peru and the U.S. Response. Washington, D.C.: The Washington Office on Latin America, 1992, p. 45.

33. Wolfgang Heinz y Santiago Pedraglio. Informe de la evaluación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: 1992–1997. Documento interno, p. 28.

34. Estadísticas proporcionadas por el Instituto de Defensa Legal en mayo y junio de 2002.

35. Ver los informes anuales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

36. Rafael León. Estrategia de comunicación para aniversario en el Perú. Documento interno. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 17 de diciembre de 1997.

37. Informe sobre el diagnóstico institucional. Lima: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 1999, p. 18.

38. Entrevista de Coletta Youngers con Sofía Macher, 5 de abril de 2000.

39. El gobierno creó la Comisión de la Verdad a través del Decreto Supremo 065-2001 PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. 4 de junio de 2001.



Este trabajo es una reelaboración de Coletta Youngers y Susan Peacock, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú: Un Estudio de Caso de Construcción de una Coalición. Washington Office on Latin America. Traducción de Enrique Bossio. En www.wola.org/andes/Peru/Peru_Coordinadora_span.pdf. El estudio de casos se basa en Coletta Youngers, Violencia Política y Sociedad Civil en el Perú: Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2003. <inicio>