Argentina: el tiempo largo de la violencia política

Introducción


En el “estado de la cuestión” que abre esta sección, Luis Alberto Romero esboza una primera periodización del ciclo de violencia política que ha caracterizado el pasado reciente de la Argentina. Un ciclo que culminó con el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), cuando la dictadura militar erigió la violencia en forma de gobierno.

“En mi opinión”, advierte Romero,

ese episodio es inseparable del inmediatamente anterior, que transcurre aproximadamente entre 1969 y 1976, en que el uso de la violencia política se tornó normal y en cierto modo aceptado por buena parte de la sociedad. El trabajo se referirá a ese núcleo temporal y temático, pero no se limitará a esos años. Por una parte, habrá que examinar, aunque con menor intensidad, los procesos constitutivos de esa normalidad violenta; en particular lo ocurrido desde el final del gobierno peronista en 1955, aunque también se revisarán algunas características de la experiencia política del siglo XX.
Conviene también extender el examen a los años posteriores al Proceso, escribe el autor, en tanto que:

el final de la dictadura militar fue acompañado de un examen social categóricamente crítico de la violencia, al que acompañó un procesamiento de aquella experiencia, aún no terminado.
Redactado a partir de las notas de lectura del autor, este trabajo ofrece un inventario razonado de los conocimientos a la disposición de los historiadores para inscribir los hechos brutales del Proceso –la historia que quema y duele– en el tiempo largo de la violencia política que el autor esboza y que abarca, grosso modo, la segunda mitad del siglo XX.

Sobre la base de trabajos procedentes sobre todo de las ciencias sociales y el periodismo de investigación, la perspectiva de lectura es la del historiador, que se ocupa de hechos ya acaecidos y tiene por ello la ventaja –aunque sea mínima– de una visión retrospectiva, y procura reunir las pruebas correspondientes. Ahora bien, los conocimientos aportados por los periodistas y científicos sociales se elaboraron, en gran parte, en el momento mismo de los hechos y a partir de lo que podía saberse por entonces. Romero propone ver en ello ideas brillantes e hipótesis sugerentes, más que la demostración verificable de lo que efectivamente sucedió. Los análisis empíricos son escasos, señala en varias ocasiones. Al mismo tiempo, el hecho de estar “pegados” a la actualidad da a los mejores de los trabajos reseñados en el artículo un valor único para el historiador: los esquemas explicativos a los cuales recurrían sus autores reconstruyen la Weltanschauung de una época, y sus anotaciones hechas en el momento permiten, en ocasiones, reaprehender una parte de su vivencia.

“Movilización y politización: abogados de Buenos Aires entre 1968 y 1973”, de Mauricio Chama, muestra cómo una profesión en general conservadora participó del prodigioso proceso de modernización y radicalización política producido en la sociedad argentina desde la década de 1960. Toda una generación perteneciente a las clases medias urbanas ve entonces en la profesión no tanto la afirmación de su estatus social como un medio de cambiar la sociedad. Entre ellos se encuentran los estudiantes de derecho, quienes consideraban su deber promover la justicia social.

Esta investigación de sociología histórica en el cruce de cuestiones profesionales y políticas es similar a la que el autor ya presentó con éxito en lo concerniente a otra profesión que ocupaba un lugar igualmente significativo en la época: los psicólogos y psiquiatras (véase “La expansión de los límites de lo posible. El itinerario de una experiencia innovadora en salud mental a fines de los sesenta”. En Alfredo Pucciarelli. La primacía de la política. Buenos Aires: Eudeba, 1999).

El autor reconstituye el itinerario mediante el cual los jóvenes abogados porteños llegaron a concebir su oficio como compromiso revolucionario. El estudio se concentra en unos pocos años anteriores al Proceso, en que el manejo inepto de la economía por gobiernos militares sucesivos así como su política represiva enmarcada en la creación del Consejo Nacional de Seguridad y una “ley anticomunista” incentivaron en todo el país una enorme respuesta social liderada por un vigoroso sindicalismo, mientras dos de las organizaciones guerrilleras surgidas al principio de los años sesenta cobraban más preponderancia –la agrupación Montoneros (peronista) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, trotskista)– y se señalaban por crecientes actos de violencia entre 1970 y 1973.

Chama muestra cómo se constituye, en torno de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), el frente más activo de oposición al gobierno del general Onganía, reuniendo a obreros e intelectuales profesionales y con amplia convocatoria. La doctrina represiva del gobierno da lugar a innumerables detenciones de dirigentes y activistas políticos, gremiales y estudiantiles y surge la necesidad de su defensa por abogados convocados por la CGTA. Esta primera experiencia defensista (1969-1970) articulada por una red a nivel nacional impone un “ejercicio militante de la profesión”. Los abogados, escribe el autor “construyen su identidad como parte del denominado ‘campo popular, nacional y revolucionario’”.

Entre los militantes defendidos por los abogados de la CGTA estaban las organizaciones guerrilleras que no confían en los viejos organismos de defensa por considerarlos “reformistas”, pero sí creen en los abogados de la CGTA.

Tal como lo analiza Chama,

una compleja coyuntura política caracterizada por el cercenamiento del sistema institucional […] creaba las condiciones para que la defensa de las primeras formaciones armadas se acompañara de la aceptación de la violencia como vía legitima para enfrentar al régimen militar.
El autor destaca una segunda fase desde comienzo de 1971 hasta fin de 1973, en que se formó un verdadero frente de oposición contra la dictadura militar, conocido como Asociación Gremial de Abogados. La “Gremial” reunió durante un tiempo las diversas tradiciones políticas de la izquierda argentina en torno de la defensa de las víctimas de la represión estatal. La disidencia sobrevendrá cuando los abogados vinculados al peronismo –mayoría en la Gremial– pretendan imponer una visión instrumental en la que el ejercicio de su profesión queda subordinado a las instrucciones de las organizaciones revolucionarias. Los llamados abogados “orgánicos” no sólo van a defender sino a ayudar políticamente a los miembros de las organizaciones revolucionarias que están detenidos.

Desde el inicio, el título del trabajo de Martín Obregón, “La Iglesia argentina durante la última dictadura militar. El terror desplegado sobre el campo católico (1976-1983)”, subraya la necesidad de deshacerse de la visión superficial que prevalece sobre el papel de la Iglesia católica durante el Proceso. Es exacto decir, advierte el autor, que

los sectores mayoritarios de la jerarquía católica brindaron su apoyo al régimen militar entre 1976 y 1983, adoptando una posición sumamente moderada ante la violación sistemática de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la imagen de una Iglesia que fue “cómplice” de la dictadura militar, bastante difundida en la sociedad, ha conspirado en ocasiones contra un análisis más profundo, favoreciendo simplificaciones y esquematismos.
Lo que las explicaciones trilladas dejan de lado y que el trabajo de Obregón reconstruye es la represión política vivida por una parte del clero –incluso algunos obispos–, así como las víctimas que esa represión se cobró en sus filas; entre ellas, varias religiosas.

La hipótesis de este trabajo es que la Iglesia católica bajo el Proceso, lejos de constituir un bloque homogéneo y monolítico, estuvo atravesada por fuertes debates internos vinculados a diferentes concepciones teológicas y pastorales, como así también a diversos posicionamientos frente al gobierno militar. Esa crisis interna, que desgarraba a la Iglesia argentina desde los tiempos del Concilio Vaticano II, se había profundizado desde fines de la década de 1960 y se puso de manifiesto de manera dramática durante los primeros años del Proceso. La existencia en el seno de la institución de capellanes castrenses que reconfortaban espiritualmente a los torturadores en los campos de concentración de la dictadura, por un lado, y, por el otro, de centenares de sacerdotes, religiosos y laicos que pasaron a engrosar el censo de las víctimas de la represión ilegal habla a las claras de la complejidad del problema y de la profundidad de esa crisis interna.
Este trabajo, una parte del cual se desarrolló después en Entre la cruz y la espada. La Iglesia católica durante los primeros años del “Proceso” (Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2005), constituye una reconsideración de la actitud adoptada por la Iglesia con respecto al régimen militar, fundada en una lectura atenta de las diversas corrientes que atravesaban la institución y los incidentes en cuyo transcurso éstas se manifestaron. Obregón muestra el tablero de las posiciones y la dinámica de su interacción dentro de la Asamblea Episcopal. Y también su resultante: la defensa de la vida humana habría podido inspirar una condena a los miembros de la Iglesia. Los elementos conservadores pusieron constantemente en la balanza su miedo a reforzar las posiciones progresistas en el seno de aquella asamblea. Les importaba, sobre todo, no perder el control de la Iglesia argentina, asediada, a sus ojos, por sacerdotes y religiosas cuyas opciones posconciliares ellos asimilaban a la subversión política. Obregón expone a continuación los factores que, a partir de 1981, provocaron la evolución de la posición oficial del episcopado hacia un reconocimiento a medias de lo ocurrido.

En el centro de “Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional”, de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz, se inscribe un interrogante que se convirtió muy pronto en un elemento capital de la agenda de la transición democrática: ¿qué hacer con las violaciones del pasado? Esta cuestión, destacan los autores, fue en suma un legado del régimen militar por haber promulgado la ley habitualmente conocida como de “autoamnistía” por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

Culpables principales de las violaciones, los militares están en el centro del trabajo de Acuña y Smulovitz, como su título lo indica. Pero hay, en verdad, tres protagonistas: el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de derechos humanos, cuyas expectativas, temores, estrategias y márgenes de maniobra respectivos se analizan a través del prisma de los enfrentamientos y decisiones que jalonaron los primeros años de la democracia.

“El objetivo de nuestro trabajo”, escriben los autores,

es analizar las razones que explican la particular dinámica que asumió la lucha política ligada a los derechos humanos y a las tensiones cívico-militares en el caso argentino desde el golpe militar de 1976 hasta el presente. A partir del uso de premisas de análisis estratégico, este trabajo explica por qué los actores hicieron lo que hicieron, qué factores determinaron sus conductas políticas, cómo y por qué la articulación de estas distintas conductas determinó el proceso de lucha política, así como el significado de este proceso para el éxito/fracaso de la consolidación democrática en la Argentina.
Acuña y Smulovitz escribieron “Militares en la transición argentina” a comienzos de la década de 1990; el gobierno del segundo presidente de la transición, Carlos Menem, había sido elegido en 1989. Un grupo de oficiales rebeldes conocidos como “carapintadas” acababan de enfrentar otra vez al gobierno de Menem, que logró restablecer la calma al otorgar un indulto a los militares condenados (así como a los terroristas).

Los interrogantes que planteaban nuestros autores a principios de la década del noventa no eran, por lo tanto, pura retórica:

La política argentina nos presenta a partir de febrero de 1991 a un actor militar aparentemente obediente y subordinado al poder civil. ¿Es este un fenómeno de corto plazo que variará apenas el sector militar victorioso se recomponga de las recientes convulsiones y haga pesar la cohesión tan trabajosamente alcanzada? En este complejo proceso de lucha, de marchas y contramarchas, ¿cuál será el futuro de la democracia en la Argentina?, ¿fueron los juicios a los militares responsables por la sistemática violación de los derechos humanos un gesto “demasiado” ético para las riesgosas condiciones de transición democrática?
En la conclusión, los autores subrayan la importancia del juicio a las juntas en el largo plazo. El hecho de que Menem haya indultado a los militares con posterioridad no borra el impacto producido por el juicio. Las Fuerzas Armadas no se equivocaron al estimar que era preferible la subordinación al poder constitucional. (Confróntese “La violencia en la historia argentina reciente” por Luis Alberto Romero, en esta publicación.)

Federico Guillermo Lorenz es uno de los primeros historiadores que se ocupó de la fase inicial de la transición argentina. En “Testigos de la derrota. Malvinas: los soldados y la guerra durante la transición democrática argentina, 1982-1987”, una parte del cual se desarrolló después en Las guerras por Malvinas (Buenos Aires, EDHASA, 2006), Lorenz examina la representación pública de la guerra centrada en sus soldados, mientras el conflicto se libra entre abril y junio de 1982; luego, tras la derrota, cómo la memoria de los argentinos fue cambiando a lo largo de los primeros años del gobierno democráticamente elegido de Raúl Alfonsín.

A través de la prensa de la época, las declaraciones de los padres y los relatos más o menos ficticios que se publicaron durante el conflicto, se expresa la solidaridad con los conscriptos, “los chicos de la guerra”. Para el público masivamente partidario de la guerra, son esos héroes anónimos surgidos del pueblo quienes defienden el suelo sagrado de la patria. La derrota los convierte, siempre para el público, en víctimas: víctimas de la locura y la incompetencia de los jefes militares, cuando el juicio a los miembros de las juntas revela a los cuatro vientos las violaciones por las que ellos fueron declarados culpables.

En ese contexto, los chicos transformados en veteranos hacen oír su voz. Lorenz muestra que la evolución política de la Argentina tras el informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas no tardó en dificultar a los ex combatientes, y luego convertir en tarea imposible, su intención de ocupar el lugar que reclamaban en la memoria colectiva argentina, y marginó además sus demandas de reparación. Pues los militares llevados a la justicia reivindicaban el mismo ethos que ellos, pero para justificar la guerra antisubversiva. Quedó entonces un margen de maniobra demasiado estrecho para sus organizaciones, que querían transmitir el siguiente mensaje: “hemos cumplido nuestro deber y nos hicimos dignos de la patria”. La idea no tenía mucho atractivo en un momento en que el país conocía las atrocidades de la represión militar y se apartaba de todo lo que pudiera recordarle a los militares del Proceso. A la autoproclamada “generación de Malvinas”, el público nunca le reconoció la “agencia” que como grupo social reclamaban en sus discursos; siguió asignándoles el rol pasivo de víctimas en la guerra.

El trabajo de Lorenz también constituye una reflexión sobre la reacción de una sociedad frente a la guerra cuando ésta está teñida, en la percepción del público, con una “guerra sucia” cuya memoria es indigerible. El costo humano pagado por los “chicos de la guerra” evoca las experiencias vividas en la misma época por los rusos, que libraban por entonces otra “guerra sucia”, la de Afganistán. “Se nos prometió que la patria no nos olvidaría. Hoy, cuando nos ven, desvían la mirada”, dice uno de los veteranos a quienes Svetlana Alexievich escuchó, en Les Cercueils de zinc (traducción francesa, París, C. Bourgois, 2002).

Con el advenimiento de la democracia “nace un nuevo régimen de la memoria, entendida como relación y acción pública sobre el pasado”, escribe Hugo Vezzetti al comienzo de “Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social”. Esta memoria disfruta de un amplio consenso que condena la violación de los derechos humanos. Sus referencias deben buscarse en el Nunca más y las revelaciones hechas durante el Juicio a las Juntas; en ella no hay héroes sino víctimas. De hecho, advierte el autor, en el conjunto de los relatos y escenas que condensan un sentido del pasado para la sociedad argentina a partir de 1984, es posible distinguir varias formaciones. Entre ellas, ciertas “memorias ideológicas, facciosas incluso, de grupos que reafirman identidades y afiliaciones del pasado”, unas que apelan al relato de la “guerra antisubversiva” de la dictadura, otras que, con variantes, reivindican el relato combativo de la aventura revolucionaria. Es la historia de esas representaciones la que Vezzetti pretende esbozar aquí, en línea con las ideas expuestas en Pasado y presente: guerra, dictadura y sociedad en la Argentina (Buenos Aires, Siglo XXI, 2002).

Como varios otros trabajos presentados en esta sección sobre la Argentina, Vezzetti parte de la década de 1960, cuando la referencia a la historia nacional como pasado común estalla en pedazos y el pasado se convierte en un objetivo de las luchas por la definición del presente. Años de radicalización política que presencian también la subordinación del pasado a un presente que está construyéndose: el hombre nuevo, la sociedad nueva. La palabra “memoria” no tiene una vigencia efectiva, y se prefiere a ella el término “ideología”. Y del pasado se rescatan escenas de lucha y resistencia, narrativas de combates y combatientes. Dice Vezzetti:

En esa formación de ideas, imágenes y esquemas de acción, el fantasma revolucionario trastocaba tradiciones y experiencias históricas y producía una formidable reorientación del acento temporal hacia el futuro. El mito revolucionario imponía un corte radical y una denuncia global del pasado, incluyendo la impugnación de las elites anteriores, destinadas a ser liquidadas […] En esa dimensión escatológica, todo el pasado que debía quedar atrás se resumía en las figuras del sufrimiento y la explotación de los pueblos: los hambrientos, los que no tienen techo, los despojados.
El viaje circular en el tiempo al que el autor nos invita vuelve, in fine, a la memoria social nacida con la democracia, para observar los lineamientos de algo nuevo que aún se busca y que consolida los cimientos de la sociedad en torno de imágenes positivas –el derecho y el estado–, mientras se diluyen las narrativas esencialistas y las identidades definidas por la confrontación. De ese viaje rescataremos un último momento que se sitúa en la fase final del Proceso, la guerra de las Malvinas. El régimen militar había procurado dar una apariencia de legitimidad a su “guerra antisubversiva”, para lo cual había llamado en su auxilio a la imaginería nacionalista de la patria y los héroes de uniforme. Pero con resultados, en resumidas cuentas, muy limitados. “No puede decirse lo mismo de la explosión de memoria patriótica que estalló con la aventura de las Malvinas”, señala Vezzetti.

La casi unánime euforia nacionalista que acompañó lo que parecía (y se quería creer) como una guerra victoriosa, reveló como pocos acontecimientos la fuerza de esa potencia mítica que atraviesa ideologías y experiencias: un nacionalismo esencial fundado en una visión sacralizada del territorio […]. La capacidad de animación y movilización de los sectores más diversos del espectro político, de la extrema derecha a la extrema izquierda, revelaba estratos profundos y oscuros de una memoria […] disponible para diversas empresas.

Traducción de Horacio Pons